La guerra contra los campesinos sigue en Honduras
El amanecer en la Cooperativa La Chile, en la región hondureña del Valle del Aguán el 29 de enero de 2024. Los campesinos han retomado tierras que, afirman, fueron tomadas por la empresa Dinant. Desde entonces se han enfrentado a múltiples ataques por parte del ejército, la policía y la seguridad privada. Foto © Jared Olson.
Reportaje • Jared Olson • 26 de abril, 2024 • Read in English
El último martes de enero empezó como cualquier otro para Abel López Perdomo. Se levantó antes del amanecer y salió del jacal de bambú y lona donde dormían su mujer y sus tres hijos. Con dos amigos, subieron a la cabina de un camión de volteo oxidado que la noche anterior había sido cargado con toneladas de espinosos frutos de palma africana. Aún era temprano cuando emprendieron la ruta por una carretera de tierra que entre plantaciones y ranchos ganaderos.
A primera vista, no era más que otro día de duro trabajo, calor extremo y escasas ganancias para los tres hombres. Pero, por rutinario que pareciera, sabían que el viaje era arriesgado: se adentraban en la Margen Izquierda, una franja de 50 kilómetros de plantaciones al norte del río Aguán, en el norte de Honduras, conocida por su actividad paramilitar.
López Perdomo se agarró del volante cuando un todoterreno rojo tipo Ford cortó el paso a su camión de volteo. Hombres enmascarados bajaron de su camioneta y sacaron sus AK-47 mientras se acercaban al camión. Sacaron a López Perdomo fuera del asiento del conductor y lo obligaron a subir a su vehículo a punta de pistola.
Desde entonces, no se ha vuelto a ver a López Perdomo. Pero lo que le ocurrió ese día no fue un caso aislado de represión. Fue al menos el undécimo asesinato de un defensor de la tierra o el agua en Honduras desde que arreció la guerra sucia contra los trabajadores agrícolas y las comunidades rurales del país en diciembre de 2022.
Las industrias extractivas, incluidos los grandes conglomerados de aceite de palma, han estado vinculadas a grupos paramilitares como los relacionados con la desaparición de López Perdomo.
Y a pesar de muchas promesas de cambio, los grupos armados irregulares siguen actuando con impunidad. El gobierno autodenominado progresista de Xiomara Castro no ha logrado frenar los abusos; de hecho, algunos afirman que ha dado más poder a los oligarcas que lucran con la violencia.
Trabajadores de una cooperativa de plantación de palma cruzan el río Aguán en lancha tras una mañana de trabajo el 28 de enero de 2024. Foto © Jared Olson.
Organizados, contra viento y marea
López Perdomo no era ajeno al riesgo. Era un miembro entregado al movimiento por el derecho a la tierra y portavoz de la Cooperativa Remolinos, un grupo que se organizaba para recuperar las plantaciones confiscadas a los grandes conglomerados de aceite de palma en el Aguán. Junto con otros 39 dirigentes, fue acusado de usurpación a principios de 2022 por sus actividades en defensa del derecho de su comunidad a la tierra.
En los años noventa, unas 20.000 hectáreas de tierras que habían sido trabajadas por familias campesinas durante más de una década fueron arrebatadas por la Corporación Dinant, Oleopalma y Jaremar, los grandes conglomerados de aceite de palma. Las medidas de ajuste estructural y las reformas neoliberales facilitaron a los patrones —la mayoría de ellos procedentes de familias hondureñas de élite— hacerse con las tierras de los pequeños propietarios.
Alentados por una creciente demanda de alimentos procesados y energía verde, así como por los préstamos del Banco Mundial, una nueva hornada de propietarios de plantaciones —que llegarían a poseer más del 70 por ciento de las tierras de la región del Aguán— transformaron parcelas de subsistencia, donde la palma africana crecía junto al mango, la guayaba, el plátano y el ganado, y las convirtieron en imperios agroindustriales.
La situación en el Aguán empeoró tras el golpe militar de 2009 en Honduras, que se llevó a cabo con el apoyo tácito del Departamento de Estado estadounidense. Los grupos campesinos, frustrados tras años de lento progreso en sus esfuerzos por reclamar tierras por medios legales, comenzaron a re-ocupar las plantaciones que antes les pertenecían. Los propietarios de las plantaciones reaccionaron con una campaña de asesinatos, masacres y desapariciones que continúa hasta hoy.
En los últimos 15 años, al menos 180 trabajadores agrícolas organizados han sido asesinados por fuerzas de seguridad privadas y estatales y, posteriormente, por asesinos semiautónomos y grupos paramilitares, algunos de los cuales tienen vínculos documentados con antiguos agentes de seguridad privada de las corporaciones palmeras y con oficiales militares.
La Cooperativa Remolinos, como muchas otras, se fundó durante un periodo de reforma agraria a finales de la década de 1980. Dos décadas después, su finca fue comprada por Inversiones Ceibeña y la Cooperativa Remolinos fue cerrada. Los miembros originales de la cooperativa, junto con sus hijos e hijas, poseían los títulos de propiedad de la tierra, que volvieron a ocupar con éxito en diciembre de 2021 tras un intento fallido en el que siete cooperativistas fueron heridos por guardias de seguridad privada y policías de élite con entrenamiento estadounidense.
Al tomar posesión en enero del 2022, el gobierno de Castro señaló que trabajaría para resolver el conflicto. Tras siete meses en el cargo, su gobierno declaró que crearía una "Comisión Tripartita" para investigar los acaparamientos fraudulentos de tierras y los abusos contra los derechos humanos asociados al conflicto de las tierras del Aguán.
La Comisión era el primer paso de un plan para remediar los abusos en uno de los conflictos sociales más sangrientos del país. Pero transcurrida más de la mitad del mandato de Castro, la Comisión se encuentra todavía en fase de planificación. Esta se ha limitado a una serie de visitas a la región del Aguán por parte de funcionarios del gobierno así como de las Naciones Unidas.
Aunque hizo grandes promesas sobre poner fin al conflicto, el gobierno de Castro tardó un año en legalizar la Cooperativa Remolinos, algo similar pasó con otras en una situación parecida. Esto obliga a la cooperativa a vender su cosecha a intermediarios sin licencia que compran la fruta a precios de remate y la revenden, exponiendo a los agricultores a todo tipo de abusos.
López Perdomo llevaba un registro meticuloso de la cantidad de fruta que producían y vendían Los Remolinos, y estaba decidido a hacer que el intermediario pagara lo justo. Además, en medio de debates internos sobre si pagar o no la extorsión a un grupo criminal con la esperanza de obtener protección de organizaciones criminales rivales, López Perdomo se mostró totalmente decidido a negarse a pagar.
Para muchos trabajadores agrícolas, la Comisión fue una fuente de esperanza. "La Comisión Tripartita vendría a ser un balance entre el estado, el grupo campesino y las empresas privadas, que son con los que tenemos el conflicto", dijo Juan Miguel Turcios, vicepresidente de la cooperativa Camarones.
Pregunté a él y a otros integrantes de la cooperativa por la coincidencia de la militarización con las oleadas de asesinatos. "El día que hacen el trabajo de sicariato siempre hay militares en la zona”, dijo Andrés Pascual, el secretario de la cooperativa Camarones lo que muestra la negativa de las fuerzas estatales a encontrar, capturar y procesar a los sicarios que amenazan a las cooperativas.
En los dos últimos años, la Comisión ha avanzado lentamente y el Aguán se ha remilitarizado. El gobierno sigue mostrando la incapacidad de impedir actos de extrema violencia y tortura, como la desaparición de López Perdomo.
Alfredo Reyes Barahona es el presidente de la cooperativa La Chile, que lleva más de un año en una batalla con la Corporación Dinant tras la reocupación de tierras reclamadas por la empresa. Afirma que la lentitud de los avances de la Comisión Tripartita y el fracaso del Estado a la hora de proteger a los miembros de su cooperativa de los sicarios han desilusionado a muchos miembros del movimiento por el derecho a la tierra, incluso a aquellos que aún mantienen la esperanza y especialmente a los que viven en asentamientos rurales acechados por sicarios y otros hombres armados.
"Nunca hemos recibido una ayuda de [Castro]", dijo Reyes Barahona. "Ella en su campaña política prometió proteger a todo el sector campesino. Pero nunca nos han dado comida, nunca nos han dado apoyo por parte del estado".
En su lugar, el gobierno hondureño declaró un estado de excepción el pasado noviembre, al estilo del estado de excepción de Nayib Bukele que ha enviado a más de 60,000 personas a prisión sin cargos en El Salvador. En Honduras, el ejército fue desplegado por todo el país. Los cooperativistas del Aguán me contaron que las actividades de los grupos paramilitares que trabajan a instancias de las empresas de aceite de palma han aumentado paralelamente.
Un mes después de que la presidenta Castro decretara el estado de excepción —que sigue vigente—, una oleada de asesinatos y desapariciones se saldó con al menos 11 defensores de la tierra y el agua muertos o desaparecidos, entre ellos López Perdomo. Por medio de mi trabajo de reporteo en la zona, sé de otras víctimas cuyas familias estaban demasiado asustadas para denunciar públicamente los asesinatos.
Soldados y policías hondureños vigilan a un defensor de la tierra a lo largo de las pantanosas riberas del río Aguán el 31 de enero de 2024 durante la búsqueda de Abel López Perdomo al día siguiente de su desaparición. Foto ©️ Jared Olson.
La búsqueda de López Perdomo
Tras la desaparición de López Perdomo, sus amigos dieron la vuelta al camión de volteo y regresaron a Remolinos para avisar a sus compañeros. Al mediodía, los trabajadores de la cooperativa se dirigieron enfurecidos a las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, una coalición de organizaciones que trabajan para defender la tierra y el agua en la ciudad de Tocoa.
A las tres de la tarde, una docena de miembros de la cooperativa y líderes del movimiento por la tierra asistieron a una dolorosa reunión con un representante de la Policía Nacional de Honduras. Aun así, como es habitual en estos casos, el día de la desaparición de López Perdomo la policía tardó en reaccionar.
Al día siguiente, con la lluvia empapando las enlodadas plantaciones de la Margen Izquierda, un centenar de miembros de la cooperativa Remolinos se amontonaron en camionetas en busca de su compañero.
Me uní a quienen hacían la búsqueda mientras caminaban por un paisaje pantanoso y semiboscoso de ranchos ganaderos de aspecto abandonado y plantaciones de palma africana en forma de isla. Pero después de la primera caminata, en la que los campesinos vadearon un arroyo y se afanaron durante media hora para buscar a su amigo, los militares y policías asignados para escoltarlos dijeron que, debido al peligro extremo de grupos armados en la zona, todos tenían que volver a casa excepto un máximo de cinco personas, desmovilizando de hecho el gran número de hombres que se habían presentado para buscar a López Perdomo.
Sin embargo, durante el resto de la búsqueda, después de que la mayoría de los cooperativistas ya desmoralizados se habían ido a casa, la escolta de más de cuarenta militares y policías no parecía preocupada en absoluto por un posible enfrentamiento con sicarios. Mientras caminábamos por las orillas del río Aguán, los soldados se sentaban en sus camionetas y miraban sus teléfonos. Otros, que ya se habían cansado de buscar, comentaban distraídamente su deseo de tener un Bukele hondureño.
Hace casi una década, bajo el gobierno derechista de Juan Orlando Hernández, se introdujo un mecanismo de protección de los trabajadores locales, pero los peligros a los que se enfrentan los defensores de la tierra han aumentado.
No ha habido señales de una tregua que permita a la Comisión Tripartita avanzar de forma justa para los campesinos. "Cada vez que hay avances [por parte de la Comisión], hay represión", dijo Melvin López, miembro de la cooperativa Camarones.
Tomemos el caso de Omar Cruz, expresidente de la Cooperativa Laureles. Formaba parte del mecanismo de protección y solicitó en repetidas ocasiones un dispositivo de seguridad tras recibir amenazas, pero sus llamadas fueron ignoradas. Cruz estaba implicado en una campaña legal contra la Corporación Dinant, a la que acusaba de financiar a un grupo armado llamado Los Cachos.
En el último mes de su vida, en enero de 2023, Cruz fue sometido a vigilancia ilegal por la policía que resguardaba los puestos de control de la Corporación Dinant. Cruz y su cuñado fueron asesinados bajo una lluvia de balas en un barrio oscuro y con caminos de tierra al lado de la plantación el 18 de enero del año en curso.
Los habitantes de la zona señalan un evidente doble estándar en el funcionamiento de las fuerzas armadas y el sistema judicial. Los jueces se apresuran a autorizar los desalojos policiales y militares de las organizaciones campesinas. Pero no protegen a los trabajadores y es sabido que cooperan con los grupos paramilitares que protegen las plantaciones de palma en nombre de sus propietarios.
En octubre, más de 800 elementos de la Policía Nacional de Honduras llegaron para desalojar a los campesinos de la Cooperativa Isletas de unas tierras que habían reclamado. Pero nunca se han producido acciones similares para desalojar a los grupos armados irregulares de las tierras de las plantaciones sobre las que tienen títulos los pequeños agricultores.
Durante las semanas que siguieron a la desaparición de López Perdomo, los miembros de la Cooperativa Remolinos seguían recorriendo el río Aguán en una lancha de madera. No encontraron rastro de su compañero.
El 18 de marzo, Marvin Dubon, de 23 años, miembro de la Cooperativa Tranvío, fue asesinado por bala cuando salía en moto de la cercana aldea de La Confianza. Como en la mayoría de los asesinatos en Honduras, no ha habido una investigación.
Un residente de la región, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que los miembros de la comunidad sospechan que Los Cachos —el mismo grupo armado que Omar Cruz señaló de ser financiado por Dinant en una denuncia presentada ante el Ministerio Público la semana anterior a su asesinato— está detrás de los asesinatos.
"Desde que entramos aquí hemos recibido amenazas de ese grupo", dijo. "Todo eso por la lucha".
