Las guardianas del agua en Santiago Mexquititlán

Estela Hernández Jiménez durante una protesta realizada el 16 de octubre de 2023, frente al Palacio de Gobierno de Querétaro. Foto © Nadia Bernal.

Reportaje • Nadia Bernal • 24 de abril, 2024 • Read in English

Tiene una voz suave, pero su discurso es potente. Con el pelo recogido, blusa color rojo, casi vino, con encaje blanco, y una bolsita bordada que se atraviesa en el cuerpo. 

Estela Hernández Jiménez es originaria de Santiago Mexquititlán, una comunidad  hñähñú en el municipio de Amealco, en Querétaro, en el centro de México. 

Cuando a Hernández Jiménez le pregunto sobre cómo concibe a las mujeres de su comunidad, sin pensarlo ella responde: “muy valientes”. Ella, junto con sus compañeras han liderado una lucha en defensa de su pozo de agua en Santiago Mexquititlán.

Es domingo 24 de marzo, el segundo día de la Cuarta Asamblea Nacional del Agua y la Vida que se realiza en La Magdalena Tlaltelulco, en Tlaxcala. Lo que habitualmente es un salón de fiestas, con láminas de aluminio y tabiques color gris, ahora cobija a defensores del territorio y a niñxs que corren, juegan y dibujan sus ríos y sus bosques.

Desde hace dos años, pueblos y comunidades de al menos 15 estados de México se reúnen para visibilizar, denunciar y construir en conjunto propuestas en contra del despojo, la explotación y la contaminación del agua. 

En este lugar, entre el bullicio de las compañeras que cocinan los alimentos para los asambleístas y las artesanas otomíes que atienden sus puestos, también se discuten temas como la autonomía y autodeterminación de los pueblos frente a políticas gubernamentales de despojo del agua. 

Por la noche, mientras un grupo de mujeres escribe la relatoría, otras personas que conforman la asamblea cenan pan dulce y café de olla; algunas más prefieren el chicharrón en salsa roja y los frijoles negros que sobraron de la comida de la tarde. También hay música rap y cumbias: el baile le pone sazón al encuentro.

La primera Asamblea Nacional del Agua y la Vida se realizó en agosto del 2022, en Santa María Zacatepec, Puebla. En esa ocasión, los pueblos nahuas, quienes seis meses antes habían sido desalojados de la toma de instalaciones de la embotelladora Bonafont, le daban la bienvenida a una asamblea de organizaciones comunitarias de otras geografías del país. 

Así ha ido avanzando la asamblea: Puebla, Querétaro, Ciudad de México y ahora aquí, a las faldas del volcán la Matlalcueye, como le dicen las comunidades tlaxcaltecas en signo de respeto y cariño a su montaña. Hernández Jiménez participó como parte del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, que a su vez integra el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Nos sentamos a hablar a un costado de una mesa, a nuestras espaldas cuelgan mantas con consignas que rechazan la militarización del país y otras más que exigen la liberación de presos políticos que han sido encarcelados por su labor como defensores de su territorio. 

Hernández Jiménez hace hincapié en que, a pesar de las jornadas laborales amplias, las dinámicas de machismo al interior de las familias y la violencia feminicida, el punto medular en la organización comunitaria es solidarizarse, escucharse entre mujeres y amarse a una misma.

“Damos amor hacia los otros, a veces más que a nosotras y, en esta mesa, pues se dijo que es muy importante el amor que damos a los demás, el amor que sentimos a los demás”, dijo. “Pero además, hay que voltear a amarnos a nosotras mismas”.

Mujeres luchando contra el saqueo

En su cotidiano, Hernández Jiménez mezcla sus actividades domésticas y de crianza con su labor como maestra. Hizo su tesis de doctorado en ciencias de la educación, la cual le ha permitido crear una guía para aprender y enseñar otomí. 

A veces también le ayuda a sus papás con su puesto de paletas y aguas frescas que tienen en el tianguis del pueblo. Pero no solamente es el trabajo que le une con su familia: la lucha de Hernández Jiménez se ha dado en compañía de su madre Jacinta Francisco Marcial, presa injustamente en 2006, y de su hermana Sara Hernández Jiménez.

En los últimos años he ido conociendo más a profundidad cómo este pueblo se organiza para defender su idioma otomí, su forma de vida, sus recursos naturales y su agua. 

Todo cambió en Santiago Mexquititlán el 31 de marzo del 2021, cuando doña Ángela Cresencia observó desde la ventana de su casa que ocho pipas extraían agua del pozo, ubicado en el Barrio Cuarto de Santiago Mexquititlán. Eso pese a que la comunidad llevaba semanas sin el servicio. Sin pensarlo, corrió a retener una de las pipas hasta que llegaron más vecinos a oponerse a la extracción del agua. 

En corto, llegaron, al menos, 10 patrullas de la policía estatal a la comunidad e intimidaron a lxs pobladores con disparos al aire. 

Desde entonces, a doña Ángela le han dado el nombre de guardiana del agua. Su acción de proteger el pozo dió lugar a un movimiento en defensa del recurso hídrico que se ha sostenido en toda la comunidad.

Al día siguiente de la acción de doña Ángela, fui a cubrir una asamblea convocada por el Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán. Mientras las hermanas Hernández Jiménez discutían con la asamblea qué acciones tomar ante esta situación, su madre Jacinta bordaba y platicaba con sus vecinas sentadas en el pasto.

Instalaron un campamento para resguardar el pozo y evitar que más pipas extrajeran el recurso. A partir de esto, se abrieron canales de diálogo con la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro (CEA). La institución llegó a acuerdos con la comunidad, pero algunos de estos nunca se cumplieron, por lo que el Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán interpuso recursos de amparo y acciones legales a nivel federal y solicitó intervención de la Comisión Nacional del Agua.

Hoy su principal exigencia es que el pozo, que fue construido por sus mismos habitantes hace 50 años, deje de ser administrado por la CEA y pase a ser gestionado por su propia población.

“Me llena que el esfuerzo que nosotras hacemos en nuestras comunidades y que a veces pareciera no tener impacto, aquí se visibiliza; que efectivamente nuestro trabajo tiene trascendencia”, dijo Hernández Jiménez. 

“En todos los pueblos de México y del mundo, la resistencia se da desde diferentes espacios y las mujeres hemos puesto el cuerpo, el alma, el espíritu ante la resistencia en la defensa del agua, la vida y el territorio”, dijo Hernández Jiménez. “En lo personal me enorgullece estar entre mujeres defensoras de derechos humanos, pero también mujeres que dan vida desde sus territorios.”

Enfrentando la violencia

El estado de Querétaro se encuentra inmerso en varios conflictos intensos sobre el agua. De los 11 mantos acuíferos con los que cuenta el estado, ocho de ellos están sobreexplotados. Esto se suma a la sequía, la distribución inequitativa del servicio de agua, la urbanización acelerada —a menudo sobre áreas de valor ecológico y zonas de recarga de los sistemas acuíferos— y la contaminación de las aguas superficiales. Todo esto documentado por organizaciones y académicos universitarios.

Durante la actual administración del gobernador Mauricio Kuri González del Partido Acción Nacional (PAN), partido político de derecha, se ha reconocido la crisis hídrica en Querétaro. Pero también se ha instalado una práctica de represión sistémica contra las personas que se movilizan activamente en la defensa del agua, los bosques o la tierra. 

En mayo del 2022 el congreso estatal aprobó una Ley de Aguas, emanada del partido político del gobernador. Fue controversial porque le permite a las autoridades estatales otorgar permisos de agua a empresas privadas para su uso, aprovechamiento y explotación por hasta 40 años. 

Tan sólo adoptaron la ley, empezaron las protestas sociales, juntando a luchadoras como las hermanas Hernández Jímenez, entre muchos otros. La más significativa fue la del 10 de junio de ese mismo año, la cual fue disuelta con represión policial. 

La asociación civil Bajo Tierra Museo del Agua y el proyecto Saltapatrás, un medio de comunicación independiente local, han documentado ocho situaciones de represión en movilizaciones socioambientales en Querétaro desde que doña Angela paró la pipa hace más de tres años. De estas, dos ya cuentan con un reconocimiento por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro de que hubo graves violaciones a los derecho humanos, como tortura y detención arbitraria.

Las personas de Santiago Mexquititlán que defienden el territorio han sido víctimas de diversas formas de violencia. Denuncian que desde el 2019 ha habido tres intentos de ejecución, tres intentos de desaparición forzada y por lo menos siete detenciones arbitrarias en su localidad hacia personas que participan en la resistencia comunitaria.

Defendiendo el agua y la gestión comunitaria

También comenta Hernández Jímenez que las mujeres que ha empoderado el Estado son quienes ejercen mayor violencia hacia las comunidades organizadas. Su observación cobra mucha relevancia en un contexto electoral en el cual hay dos mujeres candidatas para la presidencia, y un énfasis en promover la paridad de género en los partidos políticos.

Prueba de ello es que Guadalupe Murguía Gutiérrez fue Secretaria de Gobierno del estado de Querétaro durante varios momentos de represión. 

Murguía Gutiérrez dejó su puesto en diciembre para competir en el proceso electoral como candidata al Senado de la República por el PAN. Los organismos autónomos en materia de derechos humanos han acreditado que las violaciones a derechos humanos fueron realizadas y avaladas por parte de esa Secretaría.

“El Estado, a través de sus operadores políticos, les ofrece [a las mujeres en el poder] ciertos privilegios”, comenta Hernández Jiménez. “Las mujeres que ha empoderado el Estado, a través de sus diferentes estructuras, son las que más mal actúan, con una fuerza y una violencia muy radical”.

Hernández Jiménez opina que las mujeres de su pueblo no solamente sostienen a los hijos, a la familia y a la comunidad, sino que también sostienen una lucha contra los roles de género.

Dice que las mujeres que han trabajado en sus comunidades también han resistido y entregado su vida para que la comunidad despierte y haga conciencia.

A principios del 2022, el Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán ha obtenido la suspensión permanente de la Ley de Aguas, dejándola sin efectos en Santiago Mexquititlán hasta que se dicte sentencia. 

Hoy, la comunidad continúa con su participación en asambleas, en protestas en las calles, marchas, movilizaciones y litigios legales para poder recuperar la gestión comunitaria de su pozo.

“Todo el aparato del sistema que nos reprime, que nos discrimina, que nos hostiga y que nos estigmatiza”, comenta Hernández Jiménez. “A pesar de eso, las mujeres estamos en pie de lucha”.