Una nueva ley busca criminalizar las tomas de vivienda en Chile

Ilustración de Paz Ahumada Berríos por Ojalá.

Opinión • Claudia Hernández Aliaga • 14 de julio, 2023 • Read in English

En marzo, la Fundación Techo informó que en Chile existen 1,290 campamentos a lo largo del país y que son casi 114,000 familias que viven en ellos. Señalan que, en los últimos tres años, el aumento de los campamentos ha sido explosivo. Nunca antes se habían constatado cifras de tal magnitud en el país.  

Los campamentos—al igual que las favelas o los barrios de paracaidistas, como se les denomina en otros lados de Latinoamérica—son asentamientos en terrenos que se ocupan o se toman de manera irregular o ilegal. Sirven para la autoconstrucción de viviendas en condiciones precarias y limitadas de habitabilidad, sobre todo en cuanto al acceso a los suministros básicos como el agua, la electricidad o el servicio sanitario.

El recrudecimiento de las condiciones económicas post pandemia, el encarecimiento de los costos de vida, los bajos salarios e inestables ingresos que se perciben son factores determinantes en el aumento de estas cifras.

Las tomas de terrenos en las que se asientan los campamentos históricamente han sido comprendidas como acciones colectivas que buscan dar una solución inmediata a la urgencia habitacional, y a la vez, como formas específicas de lucha por el derecho a la vivienda.

La respuesta de un Estado neoliberal como el de Chile, que no garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada, ni tampoco cuenta con una política habitacional dirigida a resolver este problema estructural, ha sido insuficiente y limitada.

Durante los últimos meses, se ha venido discutiendo en el parlamento un proyecto de ley ingresado a inicios del año 2021 por senadores de derecha y de extrema derecha que pretende establecer penas de cárcel a todas las personas que participen en tomas de terrenos o de inmuebles, sean estos públicos o privados, sea que se ocupen de manera transitoria o permanente.

La concreción de este proyecto, llamado la Ley de Usurpaciones, significaría una criminalización brutal de las tomas de terrenos, y por tanto, de las luchas por el derecho a una vivienda digna y adecuada.

En esta coyuntura vale la pena recordar que las tomas de terrenos no son hechos nuevos ni recientes. Hay una memoria histórica de lucha en ellas, y hoy más que nunca es momento oportuno para recuperarla.

Un poco de memoria 

En los años sesenta, la emblemática Toma de la Victoria —hoy, población La Victoria, en la zona centro sur de Santiago— marcó un precedente tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. Fue la primera vez que de manera masiva, 1200 familias de obreros desempleados y sin casa se organizaron para tomarse un terreno baldío, lotear, e autoconstruir sus viviendas. Autogestionaron el conjunto de actividades comunitarias, de sustento, protección y defensa de su lucha por una vivienda digna.

La experiencia fue tan potente que rápidamente encontró la solidaridad de diversos sectores como lxs estudiantes, lxs trabajadores, las organizaciones políticas y sociales e incluso la iglesia católica, quienes acudieron al llamado a levantar y defender el proceso emprendido por quienes comenzaban a reconocerse como pobladores en lucha. 

La Toma de la Victoria se transformó en una experiencia que fue replicada en las décadas posteriores, asentando las bases de un movimiento de pobladores que irrumpió en la escena política. Puso en jaque la cuestión de la “legalidad” de los terrenos ocupados, y demostró con creces las capacidades de autoorganización y autoconstrucción no solo de las viviendas, sino de todo el entramado comunitario que sostiene los procesos de lucha.

No es de extrañar que durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1989) las tomas de terrenos fueran duramente reprimidas y desarticuladas. De hecho, durante la primera década de este traumático período, no se produjeron nuevas tomas. El trabajo comunitario al interior de los campamentos existentes también tuvo que ser reducido a la mantención de las ollas comunes y los comedores populares.

La crisis económica de los años ochenta terminó por desencadenar un nuevo periodo de déficit habitacional. Las tomas, las protestas y, en general, las movilizaciones de los y las pobladoras reaparecieron con fuerza en el acontecer nacional. Recordados son los campamentos Cardenal Raúl Silva Henriquez y Monseñor Francisco Fresno, al sur de Santiago, en los que resistieron casi 5,000 familias durante los años 1983-1985. 

Las renovadas movilizaciones por el derecho a la vivienda y la masividad de la composición de los campamentos de aquella época volvieron a poner en la agenda pública el problema habitacional en Chile.

Pero el régimen dictatorial no iba a negociar con quienes se atrevieran a desafiar y a entorpecer uno de los derechos más sagrados del orden neoliberal fundante: el derecho de la propiedad privada. Su respuesta fue el desalojo y la aplicación de una serie de medidas represivas cada vez más violentas como el intervencionismo, la persecusión, los allanamientos y la tortura. Así lo cuenta una de las dirigentas del Campamento Silva Henríquez en el documental “Chile 1983: Cultura contra el miedo”.

A través de las políticas represivas del estado, las dos tomas fueron finalmente erradicadas. Y la misma suerte corrieron las ocupaciones posteriores. 

La política habitacional neoliberal 

A inicios de los años ochenta, el régimen de Pinochet ya había implementado a nivel político y económico el modelo neoliberal. Toda la normativa, incluyendo la famosa Constitución de 1980, vigente hasta nuestros días, consagra en sus bases fundamentales los designios de este modelo en Chile.

La política habitacional se ajustó a la primacía del libre mercado para la satisfacción de las necesidades habitacionales, en un contexto en que el Estado quedó relegado a una actuación subsidiaria y en que gran parte de los derechos sociales dejaron de garantizarse, entre ellos el derecho a la vivienda que no fue reconocido explícitamente en la carta constitucional.

Desde entonces, la política habitacional se ha centrado en incrementar el número de viviendas construidas y en mejorar la focalización de sus programas sociales. Este sistema ha sido modificado por los gobiernos posteriores a la dictadura, contribuyendo a la profundización del mismo. Se ha mantenido intacto el principio de la responsabilidad individual frente al problema estructural de la crisis habitacional. 

De allí que, por ejemplo, durante los años noventa y los 2000, crecieran exponencialmente los deudores y deudoras habitacionales a quienes les estaban rematando sus viviendas. Durante estas décadas, fueron ellxs quienes encabezaron potentes movilizaciones por el derecho a la vivienda, lo que les permitió conseguir la condonación y la repactación de sus deudas para así evitar perder sus casas.

En 1999, la toma de Peñalolén en Santiago marcó un nuevo hito en la ocupación masiva de terrenos, otro claro ejemplo de que la crisis habitacional es un fenómeno permanente bajo un modelo de organización capitalista neoliberal de la vivienda. Peñalolén llegó a albergar alrededor de 9000 personas y fue un referente de lucha por sus capacidades de organización y de negociación con el Estado para posicionar sus demandas.

La peligrosa ley anti-tomas, a punto de aprobarse 

El aumento explosivo de las tomas de terrenos en los últimos años ha preocupado especialmente a latifundistas y terratenientes. En alianza con los partidos de derecha, fueron ellos los que lograron posicionar en el debate público la necesidad de contar con una ley que sobreproteja sus terrenos y aplique mano dura a quienes se atrevan a entorpecer el ejercicio de sus derechos de propiedad.

El proyecto de Ley de Usurpaciones ha avanzado rápidamente en su tramitación. Actualmente se encuentra con indicaciones del Ejecutivo, que buscan rebajar la pena de cárcel y eliminar la desproporcionalidad de algunas medidas que se encontraban en el proyecto original. Entre ellos figura la “legítima defensa privilegiada”, que eximía de responsabilidad penal a policías y civiles que repelieran una ocupación. 

A pesar de estas indicaciones, el sentido del proyecto de ley se mantiene intacto: la criminalización y persecución de quienes luchan por sus derechos en las tomas de terrenos. Refuerza las medidas represivas contra las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, e incluso atenta contra las acciones de protesta caracterizadas por la toma de instituciones públicas para exigir demandas sociales, como las emblemáticas tomas estudiantiles.

La gravedad de la Ley de Usurpaciones sólo es comparable con aquellas medidas adoptadas en la dictadura y que hoy se enmarcan dentro de un contexto de agudización de las políticas de protección a la propiedad privada de la tierra. 

Participantes en las tomas de terrenos, los campamentos y los movimientos de pobladores en las distintas regiones de Chile, juntos con las comunidades organizadas, los comités de viviendas y de allegados, las cooperativas y un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales y comunitarias en resistencia se han levantado para hacer un llamado urgente a todas las personas y a los sectores para manifestarse en contra de este proyecto de ley e impedir que criminaliza al pueblo que lucha.