Sheinbaum presidenta, militares en el poder
Opinión • Dawn Marie Paley y Raquel Gutiérrez Aguilar • 7 de junio, 2024 • Read in English
No queda duda que las elecciones del domingo 2 de junio en México son un hito histórico, colocando por primera vez a una mujer en la silla presidencial. Pero más allá del cambio simbólico que ocurre con la elección de Claudia Sheinbaum, es importante ver el nuevo equilibrio de las fuerzas que condicionan el poder presidencial.
Si bien desde el sexenio actual se habla de una transformación de la sociedad y del fin del neoliberalismo y de la guerra contra las drogas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no logró cambios de fondo en el sistema político.
Es probable que el logro progresista más grande de este gobierno hayan sido los aumentos al salario mínimo. Pero en términos del modelo económico, la historia no inspira. El extractivismo está intacto. Casi la mitad del presupuesto federal va en apoyo a Petróleos Mexicanos. Los más ricos siguen sin pagar los impuestos que deben. La inversión extranjera en maquilas y la promoción del turismo de masas —ambos construidos sobre la explotación de la clase trabajadora y del despojo y la devastación ambiental— son presentadas por el gobierno como las grandes esperanzas del país. Hoy transcurre la primavera más caliente en la historia, con una sequía en 85 por ciento de los municipios del país y las empresas están acaparando lo que hay en los acuíferos. Así concluye el sexenio más violento de las últimas décadas.
Por primera vez este año familiares de algunos de los más de 114,000 desaparecidos en México llamaron a escribir el nombre de una persona desaparecida en la boleta electoral. Su llamado se hizo tras perder todas las esperanzas que generó AMLO con sus promesas incumplidas. En estas elecciones alrededor de 1,3 millones de boletas fueron anuladas, cerca de 100,000 más que en 2018.
Como presidenta, Sheinbaum heredará una serie de problemas bien conocidos: la hiperexplotación laboral, la falta de acceso a educación y salud pública de calidad, la escasez y acaparamiento del agua, la violencia machista, el control paramilitar al servicio del crimen organizado y de empresas extractivas y productivas, y una frontera de más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos.
Pero la nueva comandanta de las FFAA también tiene otro problema: el generalato y su inmenso poder.
La militarización progre
Con López Obrador, los procesos de militarización han llegado a dimensiones nunca antes vistas en la memoria viva de México.
Los presupuestos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina se han incrementado 150 por ciento durante su mandato. Gran parte de ese dinero público se destina a subsidiar la inédita entrada de las Fuerzas Armadas en los grandes negocios de la circulación de mercancías, el transporte de pasajeros y de turismo, y la operación portuaria y aduanera. Este es uno de los cambios más relevantes ocurridos durante el sexenio que concluye a finales de septiembre.
“Entre 2007 y agosto del 2023 se presentaron 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativa en el Congreso de la Unión para transferir funciones o presupuestos civiles a las fuerzas armadas”, según el Inventario Nacional de lo Militarizado. “De estas 77% fueron presentadas entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2023”. Las cifras nos dicen que mientras la militarización de la vida civil no es algo nuevo, su expansión y crecimiento en el sexenio de AMLO va mucho más allá de lo realizado previamente.
La muy laxa y amplia política de alianzas partidarias de Morena le ha dado la mayoría calificada en el Congreso y le faltan dos votos para tenerla en el Senado. La mayoría calificada son los dos tercios del voto que permite cambiar la constitución. Si esas mayorías se utilizan para constitucionalizar la militarización de la seguridad pública, el resultado será devastador.
De la militarización se habló poco en campaña. En una conferencia de prensa apenas arrancada la campaña, Sheinbaum negó que el país estuviera militarizado y minimizó el papel del ejército en la conformación de la Guardia Nacional. La creación de la Guardia Nacional fue posicionada como una fuerza civil para reemplazar la Policía Federal, pero desde su fundación en 2019 ha estado bajo el mando del ejército, con un general en retiro como comandante, hoy la mayoría de sus 107,000 efectivos son soldados.
Cuando Sheinbaum tome el poder en octubre, las FF.AA. se van a alinear detrás del ejecutivo, tal como ha ocurrido desde hace casi 80 años. Sin embargo, ahora, mantener la lealtad del ejército y la marina es algo que va a costar mucho más caro dada la inmensa influencia política y económica que les ha otorgado López Obrador y su partido, Morena.
¿Quién le puede decir que no a un general?
En plena resaca pos-electoral, la pregunta ¿quién puede decir que no a las Fuerzas Armadas? nos sigue rondando en la cabeza.
Vamos con un ejemplo concreto, teniendo en mente que estamos hablando de un país dónde faltan medicamentos e insumos básicos en los hospitales públicos.
En abril, a través de una empresa operada por la Secretaría de Defensa, ésta solicitó 21 mil millones de pesos (US$1.18 mil millones) para la compra de aviones para Mexicana de Aviación, la aerolínea antes quebrada que le fue entregada para su reconstrucción a finales de 2023. Una cifra exagerada, difícil de creer. Como ejemplo, es casi dos veces el gasto federal en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2021. El día después de las elecciones, Mexicana anunció la compra de 20 aviones a Brasil.
Lo que ha quedado claro en el sexenio actual es que lo que el ejército pide, el ejército lo recibe; y también que la ecuación no funciona al revés. Lo que el poder civil le pide al ejército, el ejército no lo da, incluso cuando este civil es el comandante de las fuerzas armadas.
La impunidad de las fuerzas armadas, que durante décadas se han dedicado a suprimir de manera violenta a líderes indígenas, estudiantiles y obreros en beneficio del partido en el poder, es total. Ni con la apertura política del 2000 fue posible generar una pizca de justicia para las miles de víctimas de la violencia del ejército en los años 60’s y 70’s. Todos estos son hechos que cualquier persona de izquierda en México entiende visceralmente.
Pero, ¡qué importa! Aquí lo que importa es consolidar un proyecto político, cueste lo que cueste. ¿Quién mejor para garantizar la Cuarta Transformación que “el pueblo uniformado”, organizado en mandos verticales, entrenado en hacerle la guerra a sus propios paisanos y con presencia en cada rincón del país?
Sabemos que durante los últimos seis años, López Obrador ha solicitado al ejército abrir sus archivos sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Eso no ha sucedido. Por supuesto, el ejército se ha negado a soltar los documentos. Luego, el presidente ha insistido que los militares no participaron en las desapariciones, a pesar de que ocho soldados fueron acusados por el delito de desaparición por su participación en los hechos.
El 3 de junio, tan pronto quedó electa su sucesora, AMLO por fin recibió a las familias de los 43, junto con los secretarios de defensa, marina y otros civiles. Les entregaron 15 de los 800 documentos que faltan para esclarecer lo que pasó durante la noche de los ataques en Iguala, Guerrero. El reportero Pablo Ferri nota que esta vez AMLO confirmó que existen los demás documentos cuya existencia negaba previamente, pero ahora dice que están bajo reserva.
Días antes de la toma de posesión de Sheinbaum como presidenta, se conmemorarán 10 años de la desaparición brutal de los jóvenes normalistas, el 26 de septiembre del 2014. Diez años y dos presidentes, y un crimen no ha podido ser aclarado porque no se ha podido vencer ni el fuero ni la impunidad militar.
Es muy probable que el primero de octubre nos volverán a decir que tengamos paciencia, que tengamos esperanza, que dejemos que trabaje la presidenta. Que ya viene el cambio. El problema es que el sexenio de Sheinbaum nace con un pecado original muy difícil de corregir: nace atada a las fuerzas armadas, que están conformadas por las estructuras más violentas, conservadoras y anti-derechos que existen en México.