Maquilas y militarización, la visión de Morena en el Istmo de Tehuantepec

Vista del tren Transístmico, controlado por la Secretaría de Marina, en mayo de 2024. Foto © Dawn Marie Paley.

Reportaje • Dawn Marie Paley • Originally published June 3, 2024 by Truthdig

El triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México del pasado 2 de junio fue doble: ganó también el presidente saliente. Sheinbaum, quien ha demostrado su lealtad al presidente actual desde hace años, basó su campaña en la promesa de continuar con las políticas de Andrés Manuel López Obrador, desde sus emblemáticos programas sociales hasta las controvertidas reformas electorales. Sin embargo, una de las políticas más trascendentes con las que se ha comprometido ha pasado muy desapercibida: el Corredor Interoceánico, una enorme zona comercial y logística que se construye a lo largo de más de 320 kilómetros, atravesando el Istmo de Tehuantepec. 

Tras su elección en 2018, López Obrador aludió a planes para aprovechar el potencial del Istmo como corredor comercial, los cuales fueron incluidos en julio de 2019 en el Plan Nacional de Desarrollo, documento rector de su gobierno. Al año siguiente, en medio de un desfile de maquinaria pesada, se colocó la primera piedra de una avalancha de proyectos en la región: nueva infraestructura portuaria en Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz; ampliación de los carriles de las carreteras que corren a lo largo del Istmo, 10 parques industriales libres de impuestos, instalación de cable de fibra óptica y ampliación de los gasoductos que abastecerán las plantas y terminales de gas que serán construidas en la costa del Pacífico. Una línea ferroviaria ya fue renovada y está en curso la ampliación de los ramales que la conectan con Centroamérica. 

De completarse, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) creará una red logística multimodal que haría competencia al congestionado Canal de Panamá. El proyecto traslada el modelo de maquilas de la frontera entre México y Estados Unidos a la franja más estrecha de Norteamérica, justamente el Istmo de Tehuantepec. 

El proyecto se promueve como una forma de impulsar la economía del sur de México mediante la relocalización de fábricas extranjeras a lugares más cercanos al mercado estadounidense, un fenómeno conocido como “nearshoring”. Una empresa de China, por ejemplo, podría enviar fácilmente subcomponentes para piezas de automóviles de Guangzhou a Salina Cruz, ensamblarlos en una zona franca de la región y luego exportarlos directamente a los puertos de Nueva York y Nueva Jersey desde Coatzacoalcos, todo ello disfrutando de grandes exenciones fiscales y subvenciones al combustible. “Algo parecido a lo que estamos haciendo en la zona fronteriza con Estados Unidos”, dijo López Obrador en 2020, antes de enumerar todos los incentivos fiscales para las empresas que quieran instalarse en la zona.

El gobierno mexicano ha promocionado al Istmo como una pieza clave que desencadenará el crecimiento económico y la inversión extranjera en el sur del país. Al mismo tiempo, este proyecto creará una nueva barrera contra la migración hacia el norte desde Centro y Sudamérica.

El megaproyecto es una iniciativa de gran popularidad política en México. El índice de aprobación de López Obrador osciló en torno a los 60 puntos la mayor parte de sus dos últimos años de mandato. Y aunque el CIIT no se terminará durante su gobierno, la elección de Sheinbaum significa que tendrá continuidad al menos seis años más. Muchos alcaldes, políticos y empresarios de la región del Istmo le han otorgado su respaldo.

Pero la historia no es tan simple como el cuento de prosperidad que se recita en Palacio Nacional.

Viven 11 pueblos indígenas, más comunidades negras y mestizas en el Istmo de Tehuantepec, los cuales poseen un territorio considerable en común, entre ejidos y tierras comunales. Los pueblos de la región son reconocidos por su arte, textiles, poesía, música y danza, así como por una historia de resistencia colectiva al colonialismo que ha permitido que sus lenguas y tradiciones sobrevivan y florezcan. El territorio que conecta el Golfo de México y el Océano Pacífico cuenta también con una enorme biodiversidad: en él se encuentran gran variedad de ecosistemas que albergan cientos de especies de mamíferos, reptiles y aves.

La resistencia al proyecto, que en los últimos años se ha manifestado a través de bloqueos, protestas y procesos judiciales, tiene poca difusión en los medios de comunicación y rara vez se comenta en la capital del país.

Aunque el gobierno federal afirma haber consultado a las comunidades afectadas antes de que se iniciara la construcción del CIIT, muchos consideran que la implementación de tales consultas ha sido apresurada y deficiente. “El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador promovió una consulta similar a las que promovieron los neoliberales corruptos, en donde las consultas no bajaron en los pueblos que realmente viven en los territorios”, dijo Carlos Sánchez, cofundador de Radio Totopo, una radio comunitaria de la ciudad de Juchitán, Oaxaca. “Fue una consulta relámpago en donde pues nada más recogieron: sí, sí, y ya todo; solamente unas horas”.

La población local dice que las protestas buscan llamar la atención sobre el hecho de que nunca se les dieron los detalles necesarios para tomar decisiones informadas sobre el futuro de su territorio. Los intentos de las comunidades de obtener información sobre el tipo de industria que se implementará y los impactos medioambientales que traerá consigo el megaproyecto ya han tenido consecuencias mortales.

Las comunidades del Istmo de Tehuantepec —junto con las que luchan contra el Tren Maya, otro gran proyecto ferroviario en el sur de México en manos del Ejército— se han puesto a la cabeza de la lista de los lugares más peligrosos para ser defensor de la tierra en México. Las declaraciones del presidente que sugieren que la resistencia al proyecto mina el cargo y la agenda de AMLO no han hecho más que empeorar la situación de las comunidades que se oponen al proyecto.

“El hecho de que desde el presidente, desde el ejecutivo federal haya esa estigmatización ha permitido, y ya se ha generado, una especie de legitimidad para que otras autoridades que están en más abajo también empiecen a generar actos de violencia”, dijo Felipe Romero, un abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). “En estos dos casos del Tren Maya y del Corredor Interoceánico, hay muchísimas agresiones en contra de personas defensoras”. Los investigadores del CEMDA han documentado decenas de agresiones contra miembros de las comunidades que resisten al Corredor desde 2021, incluidos tres asesinatos.

Los activistas están particularmente preocupados porque la dirección del CIIT fue asignada a la Secretaría de Marina, una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas conocida por su estrecha cooperación con Washington y por su pésimo historial en materia de derechos humanos. El gobierno federal solicitó este año más de 1.2 mil millones de dólares para el proyecto y los almirantes son ahora los encargados de otorgar jugosos contratos, gestionar las vías férreas y supervisar los puertos. Un decreto presidencial aprobado el año pasado declaró al CIIT como un proyecto de “seguridad nacional e interés público”, reduciendo aún más la supervisión civil.

Zona franca y frontera

El pueblo de Matías Romero, Oaxaca, se encuentra a casi 130 kilómetros al norte de la costa del Pacífico por la carretera Transístmica. Fundado como pueblo ferroviario en 1906 en vísperas de la Revolución Mexicana, fue durante mucho tiempo un tranquilo lugar de paso en medio de las vías que conectan el Atlántico y el Pacífico. Ahora la comunidad bulle de actividad por la renovación de la ruta ferroviaria. Se espera que pronto comience la construcción de un parque industrial de 179 hectáreas que se situará en el corazón del CIIT.

Durante una visita a Matías Romero en mayo, me reuní con Carlos Beas Torres, responsable de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), un grupo fundado en los años 80 para apoyar las luchas de comunidades zapotecas y mixes contra los poderosos terratenientes. Sentado a la sombra de una palapa en el complejo bardeado y cautelosamente vigilado de la UCIZONI, Beas explicó cómo la afluencia de actores estatales y no estatales ha cambiado el equilibrio de poder local y ha impuesto una violenta represión del activismo.

“Ahora el poder real en la región es la Secretaría de Marina, estamos bajo un estado de excepción militar… La delincuencia organizada ha funcionado como ariete para presionar a las comunidades ”, dijo Beas Torres. “Nosotros sentimos que el crimen organizado es uno de los brazos del Estado”. Como ejemplo, describe el desplazamiento forzado reciente de miembros de la comunidad y defensores de la tierra en la localidad cercana de Mogoñé Viejo,  la cual supuso la acción conjunta de la policía estatal, la Guardia Nacional, la Marina e individuos enmascarados vestidos de civil.

Las comunidades están resistiendo, dice Beas Torres, porque no creen que la inversión extranjera mejore su calidad de vida. Les preocupa que si pierden tierras en favor de parques industriales la alimentación se deteriorará, tendrán menos acceso a agua potable y sus tradiciones y culturas serán amenazadas. Asimismo, consideran que los intereses de las grandes empresas se impondrán a las promesas que les han hecho de educación y salud pública de calidad.

También les preocupa el impacto que tendrá la seguridad pública. De hecho, la visión que el gobierno tiene para el Istmo —las maquilas, la militarización— evoca el fantasma de la ciudad fronteriza más famosa de México, Ciudad Juárez, que en México es sinónimo de extrema violencia y, en especial, violencia contra las mujeres.

“Lo que pasa en Ciudad Juarez, pues yo lo veo venir”, dijo Nisaguie Abril Flores Cruz, activista y miembro de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. “Va a venir un problema muy grave con el tema de género”. 

Mientras me daba un aventón a la terminal de autobuses después de platicar, Beas Torres mencionó un objetivo menos discutido del megaproyecto, uno que, considera, comparten tanto en Palacio Nacional como en la Casa Blanca. “Lo que quieren es bajar la frontera de México con Estados Unidos”, dijo. Cuando su camioneta cruzó las vías que atraviesan Matías Romero, las señaló y dijo: “Bienvenida a México”.

La idea de que el CIIT pueda servir de frontera para contener la migración hacia Estados Unidos puede sonar exagerada, pero el plan nacional de desarrollo de AMLO describe al CIIT y al Tren Maya como “cortinas” que pueden ayudar a contener la marea de migrantes que se dirigen hacia el norte.

Esta visión, junto con las vías ferroviarias y la infraestructura asociada servirán como un cuello de botella estratégico en el camino de los migrantes. El gobierno ya ha manifestado también su convicción de que la creación de empleo en la región animará a quienes piensan en migrar a quedarse en sus lugares de origen. Actualmente hay 3 mil infantes de marina desplegados en los 300 kilómetros del proyecto, además de policías y elementos de la Guardia Nacional.

“La frontera de Estados Unidos es gigante, controlar y hacer un muro de la frontera sur de Estados Unidos es una tarea titánica”, dijo Sergio Prieto Díaz, investigador del Colegio de la Frontera Sur, unidad Campeche, y coordinador del Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas. “La nueva frontera está en el Istmo de Tehuantepec. Hay un tren, hay una carretera, hay un gasoducto y hay otros proyectos anunciados. Está retórica de Trump en cuanto a que se iba a construir un muro en la frontera sur, se ha construido y se va a construir, pero no es en la frontera sur de Estados Unidos sino en la frontera sur de México”.

El Istmo y el poder político

El Istmo de Tehuantepec ha seducido a hombres poderosos desde hace siglos. Después de derrotar al Imperio mexica en lo que hoy es la Ciudad de México, el conquistador Hernán Cortés propuso al rey Carlos V que la parte más estrecha de México sirviera para conectar el Atlántico y el Pacífico. Tres siglos más tarde, poco después de la independencia, el gobierno mexicano intentó promover un corredor comercial a lo largo del Istmo y propiciar asentamientos de migrantes blancos en esta zona mayoritariamente indígena. Tras hacer estudios en la región a principios del siglo XX, Estados Unidos optó por construir un canal en Panamá. El dictador Porfirio Díaz construyó un ferrocarril que transportaba un millón de toneladas de carga al año, pero su sueño de industrializar el Istmo colapsó con la Revolución Mexicana de 1910.

Desde entonces, la idea de conectar las dos costas ha sido planteada al menos ocho veces, según el Dr. Jaime Torres Fragoso de la Universidad del Istmo. Pero sólo con López Obrador todo se ha alineado —la geopolítica, el clima y la elección de su ahijada política— para terminar el estancamiento y que este viejo anhelo se convierta en realidad. 

En el último año, las rutas comerciales que atraviesan Panamá se han visto afectadas por la sequía, lo cual significa que menos barcos pueden pasar en comparación con años anteriores. Otros factores que han atraído nuevas inversiones a México e impulsado al CIIT son los ataques hutíes a los barcos en el Mar Rojo, las interrupciones a la cadena de suministro causadas por la pandemia y los cambios en la balanza comercial mundial. El año pasado, por primera vez en décadas, México exportó más mercancías a EE.UU. que China.

Como presidente, AMLO demostró ser un malabarista habilidoso que habla en contra del neoliberalismo y pone en marcha programas sociales, al tiempo que endurece la austeridad y la ortodoxia económica. Seis meses después de haber sido elegido, declaró formalmente que el modelo económico neoliberal en México había llegado a su fin y anunció la cancelación de las Zonas Económicas Especiales creadas por su antecesor, Enrique Peña Nieto.

No obstante, poco más de un año después, en 2020 resurgieron las zonas de libre comercio rebautizadas como “Polos de Desarrollo para el Bienestar” en el proyecto del Corredor. Estas zonas de libre comercio incluyen exenciones fiscales para las empresas que se instalen en una amplia variedad de sectores estratégicos, como semiconductores, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, componentes electrónicos, piezas para automóviles, energías renovables, petroquímica, tecnología, maquinaria, metalurgia e industrias agrícolas.

Hasta la fecha, de las 10 zonas francas anunciadas por el gobierno, seis han sido concedidas a empresas que han presentado propuestas para construir parques industriales. Las ofertas ganadoras para dos parques industriales ubicados en el puerto de Coatzacoalcos y un tercero en el puerto de Salina Cruz las obtuvo el gigante transnacional de infraestructuras Mota-Engil, del cual China Communications Construction Company posee un tercio. 

En un foro del Banco Interamericano de Desarrollo celebrado en noviembre, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo que Amazon ya había anunciado su compromiso de invertir en las zonas francas que se construirán en el Istmo.

Tierras comunales expropiadas; sus dueños encarcelados

La expropiación de tierras de propiedad social se ha convertido en la parte más polémica de los planes del gobierno en el Istmo. En mayo pasado, el gobierno federal adquirió 331 hectáreas de tierras comunales para el parque industrial de San Blas Atempa. Aunque afirman haber solicitado el consentimiento previo, libre e informado, los miembros de la comunidad niegan categóricamente haber sido debidamente informados. Un tribunal local les dio la razón, concediendo a la comunidad zapoteca un amparo que impidió que el proyecto siguiera adelante. Pero el fallo no sirvió para proteger a los residentes de Puente Madera de la represión estatal que siguió. 

En febrero, el activista David Hernández Salazar, quien fue criminalizado junto con otros 17 miembros de su comunidad, fue condenado a 46 años y medio de prisión por oponerse a la zona franca de San Blas Atempa. Los cargos por incendio y lesiones dolosas imputados a Hernández Salazar fueron presentados por el Ayuntamiento de San Blas Atempa y el Registro Agrario Nacional, y hacen referencia a hechos en los que él no estuvo presente.

El 4 de julio del año pasado, el cadáver de un miembro de la Resistencia Civil Mixtequillense (RCM) llamado Noel López Gallegos fue encontrado en un terreno baldío de Santa María Mixtequilla. Según un informe del CEMDA, fue atacado por su labor de oposición a la expropiación de más de 500 hectáreas de tierras comunales y por exigir transparencia sobre la indemnización por las tierras. Nueve de los compañeros de López Gallegos de la RCM fueron detenidos en enero, cuando el pueblo zapoteca se inundó de elementos de la Marina, policías, la Guardia Nacional y el Ejército. Uno de ellos, Adelaido López Gallegos, fue encarcelado hasta ser puesto en libertad a finales de mayo después de que un juez federal desestimara los cargos en su contra. Hasta la fecha al menos 55 residentes del Istmo, la mayoría indígenas, enfrentan cargos penales como consecuencia de su oposición al proyecto.

Frustrada por la retahíla de ataques contra defensores del territorio, Loni Hensler, coordinadora del grupo Territorios Diversos para la Vida, con sede en Veracruz, recorrió el verano pasado el Istmo con una delegación de 23 organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de tres días visitaron cinco comunidades en el trayecto del Corredor. Dice que el grupo fue perseguido y fotografiado por miembros de la Infantería de Marina, lo que interpretaron como actos de intimidación. 

“Para nosotros fue impactante presenciarlo como misión de observación”, dijo Hensler. “Si esto nos pasa a nosotros, ¿cómo ha de ser el clima del día a día hacia las personas defensoras?”.