Fentanilo en la constitución mexicana, sobredosis de ignorancia
Opinión • Dawn Marie Paley • 25 de septiembre, 2024 • Read in English
El fentanilo, las pilas AA y las muñecas Barbie fueron inventados en 1959. Poco después, el potente opioide sintético fue introducido en hospitales para aliviar pacientes con dolores extremos. Hoy se usa en contextos médicos que van desde partos hasta cuadros avanzados de cáncer.
La producción y el uso del fentanilo cambió radicalmente a raíz de la mal llamada guerra contra las drogas, que ha incentivado la circulación de narcóticos cada vez más potentes y más fáciles de contrabandear. Los muertos por sobredosis en Estados Unidos empezaron a subir desde 2016, en gran parte por la contaminación de los opioides con fentanilo producido fuera de la cadena de suministro médico, incluyendo laboratorios clandestinos en México.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE.UU., en 2022 y 2023, más de 150,000 personas fallecieron por sobredosis de fentanilo. La sobredosis no solo es un problema en EE.UU. Más de 8,000 personas murieron por sobredosis en Canadá el año pasado, la mayoría de ellos por fentanilo. En México no hay datos claros y las autoridades argumentan que es un problema que solamente afecta a EE.UU. Una encuesta nacional llevada a cabo en 2016 encontró que más de 23,000 personas en México habían usado heroína en el transcurso del año. Hasta la fecha, las muertes por sobredosis en México se han dado principalmente en la frontera norte, especialmente en Baja California y Sonora.
En los últimos cinco años el fentanilo se ha vuelto un tema prioritario en la relación entre México y su vecino del norte. El Acuerdo Bicentenario, que desde 2022 sustituye la Iniciativa Mérida como acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre ambos países, tiene como punto medular disminuir la producción y el tráfico del fentanilo a través de la prohibición.
Lo hace a pesar de que el largo repertorio de intentos de disminuir el consumo de drogas por medio de la prohibición ha sido un fracaso rotundo. Y lo hace a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 apunta a un abordaje del uso problemático de las drogas basado en la salud.
Reformas criminalizantes
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un paquete de iniciativas de reformas constitucionales en febrero. Entre otras reformas anunciadas entonces y adoptadas en septiembre —ya instaladas las mayorías del partido de gobierno con sus aliados en las dos cámaras— está la controvertida reforma judicial y una serie de reformas que dan el control de la Guardia Nacional al Secretario de Defensa. También se publicó un proyecto de decreto que eleva la prohibición de los vapeadores y del fentanilo a nivel constitucional, el cual todavía no ha sido avalado por el Congreso y el Senado.
En el caso del fentanilo, la reforma propone agregar un párrafo al artículo 4o. constitucional que prohíbe “la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”. También agrega una cláusula muy similar al artículo 5o. constitucional.
Además, se propone reformar el artículo 19o. constitucional, agregando nuevos delitos a la prisión preventiva oficiosa, figura legal que cancela la presunción de inocencia y que hoy tiene encarceladas a miles de personas sin siquiera simular un proceso legal. Entre los nuevos delitos se nombra “la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo”, y se agrega el narcomenudeo. Las reformas al artículo 19o. aún no han sido votadas por el Congreso y el Senado.
“Los resultados van a seguir siendo los mismos de siempre”, me dijo Adriana Muro, directora de Elementa DDHH, en entrevista sobre las reformas propuestas. “Van a detener a procesar y sentenciar a personas relacionadas con fentanilo —otra vez los eslabones más expuestos— mientras que los eslabones más fuertes están negociando con Estados Unidos para salir libres”. Por sus prohibiciones extremas, las reformas constitucionales podrían ser interpretadas de una manera que amenaza con incrementar la criminalización de los esfuerzos comunitarios hacia la reducción de daños.
Prohibición no, suministro seguro y naloxona sí
Desde hace años, personas usuarias de drogas y quienes trabajan de la mano con ellas en EE.UU., Canadá y México han sido claros: la única solución duradera a la epidemia de sobredosis es garantizar un suministro seguro de narcóticos. Eso solamente se puede conseguir a través de la regulación.
También han empujado la repartición de naloxona, un medicamento que revierte sobredosis por opioides, entre otras medidas (entre ellas el testeo de sustancias y la apertura de salas de consumo seguro) que reducen los riesgos y los daños. En Canadá, cualquiera puede conseguir naloxona gratis en la farmacia, sin receta. En grandes ciudades en EE.UU., como Chicago, la naloxona está disponible gratuitamente en bibliotecas y otros lugares públicos.
La naloxona es una herramienta vital para las personas que usan opioides y la comunidad a su alrededor. Pero, en México, es un medicamento controlado y no hay acceso para la gente que lo necesita. Eso ha obligado activistas en la frontera a buscar donativos de parte de grupos solidarios en EE.UU. y contrabandear este medicamento vital a México. Hasta la fecha, el gobierno ha rechazado la herramienta más importante para evitar sobredosis.
En lugar de actuar con base en la ciencia, parece que los políticos de la “cuarta transformación” quieren seguir demonizando una sustancia química e intentar controlarla a través de las Fuerzas Armadas, justo lo que dijeron que no iban a hacer. De votar a favor de esas reformas, estarían elevando su ignorancia a nivel Constitucional. La historia nos dice que el resultado será más militarización, más criminalización y más muertes.
*Corrección, 26 de septiembre 2024: En primera versión de esta nota había mención erronea de reformas al artículo 9 constitutional, cuando las reformas propuestas son al artículo 19.