De víctimas a mujeres buscadoras
Reportaje • Daniela Díaz • 30 de agosto, 2024 • Read in English
En Colombia a un pequeño pájaro que es famoso por enfrentar a grandes gavilanes para recuperar a sus crías se le conoce como Sirirí.
De ahí viene el nombre de Operación Sirirí, como bautizó Fabiola Lalinde su incansable disputa por conocer la verdad detrás de la desaparición de su hijo, Luis Fernando, en 1984. Esa batalla trajo consigo la primera condena internacional contra Colombia por desaparición forzada en 1987.
La historia de Lalinde encarna las luchas de miles de madres, hijas, hermanas, esposas y amigas que son quienes han liderado la búsqueda de los desaparecidos en Colombia.
Casos como el de Lalinde se cuentan por cientos de miles en América Latina, un territorio que comparte belleza y, a la vez, tragedias. Una de ellas es el grave flagelo de las personas desaparecidas.
A causa de un permanente conflicto armado interno el subregistro es inimaginable, hasta el momento difícilmente las instituciones gubernamentales y las oenegés logran acordar una cifra de desaparecidos en Colombia. Incluso los más de 210,000 —entre civiles, militares y guerrilleros— que señala el informe final de la Comisión de la Verdad, creada gracias al Acuerdo de Paz con los rebeldes de las FARC en 2016 da cuenta de apenas 31 años (1985-2016).
Luego de ese acuerdo, justo cuando la mayoría de la sociedad colombiana esperaba que este tipo de flagelos desaparecieran gracias a la histórica firma de paz, el conflicto se ha reconfigurado. Han nacido otros grupos armados ilegales que han traído de nuevo al diario nacional las desapariciones forzadas.
Las buscadoras
Si bien los contextos de dónde y cómo se dan varían, hay un punto de encuentro: la feminización de la labor de búsqueda de los desaparecidos. Los ejemplos de norte a sur son numerosos, desde los más de 160 grupos de búsqueda en México, pasando por la Red de Familias Migrantes en Centroamérica hasta las icónicas Madres de la Plaza de Mayo en Argentina.
En Colombia, el conflicto armado interno ha supuesto enormes retos para las mujeres buscadoras. No solo se enfrentan a los obstáculos gubernamentales y los crímenes de Estado, sino que también están expuestas a la violencia de numerosos grupos armados ilegales, lo que incluye la persecución, vigilancia, amenazas de muerte para que se abstengan de seguir preguntando, indagando por sus desaparecidos, hasta posible violencia sexual y física cuando se trasladan a las zonas rurales donde han logrado identificar presuntos restos de víctimas.
Igual que ocurre con los datos exactos de la cantidad de desaparecidos, tampoco hay una cifra precisa de cuántas organizaciones sociales de buscadoras hay en Colombia. De acuerdo con un mapeo que hizo la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, podrían ser al menos un centenar.
En su mayoría son oenegés que nacieron en el marco del conflicto armado entre los años 80 y los 2000. Las más recientes nacieron en el 2021 en el marco del Estallido Social, un período de manifestaciones masivas a nivel nacional caracterizado por la grave represión policial que, en muchos casos, derivó en desapariciones forzadas.
Yaneth Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, y Pilar Navarrete, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), conocen a detalle las memorias de obstáculos y de cómo los han sorteado.
Navarrete era la esposa de Héctor Beltrán, desaparecido en 1985 en el siniestro del Palacio de Justicia cuando la entonces guerrilla del M-19 se tomó la sede del legislativo colombiano. El ejército nacional entró a la fuerza al edificio —lo se conoce como la “retoma”— y en medio de esa acción, en hechos confusos, cientos de civiles desaparecieron o terminaron muertos.
Desde entonces, Navarrete, de ojos azules profundos y carácter recio, no ha parado de reclamar justicia por Beltrán y por los otros miles de desaparecidos en el país. Destaca que no ha sido fácil, ya que es una tarea humanitaria que no solo implica un trabajo emocional arduo sino físico. La mayoría de organizaciones que se dedican a ello, lo hacen con las uñas, con recursos limitados y en medio de la violencia.
Yaneth Bautista es la hermana de Nidya Erika Bautista, también militante del M-19 y quien fue agredida sexualmente, torturada y desaparecida forzosamente por las fuerzas militares en 1987. Hoy, Bautista es una de las caras más visibles en la lucha por los desaparecidos en Colombia.
En más de dos décadas de trabajo, Bautista, su hija y su sobrino, hijo de Nidya, han tenido que exiliarse y han sufrido persecuciones y amenazas. Orgullosa, detalla que su fundación actualmente acompaña a más de 500 familias víctimas.
Navarrete y Bautista, juntas con cientos de organizaciones han estado peleando por garantías económicas, políticas y sociales para ejercer su labor como buscadoras. Por tierra, río o mar, escudriñan para encontrar a sus seres queridos y se enfrentan a amenazas a causa del conflicto armado, a la precariedad, y a un enorme costo emocional.
Es un panorama que no es nuevo, pues el comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas lo había advertido desde 2016. “Las mujeres que son miembros de la familia de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer violencia, persecución y represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos”, según el Comité.
La unión hace la fuerza
Bautista, consciente de que juntas son más fuertes, reunió a diferentes mujeres de diferentes territorios. La intención era que todas construyeran una ley que las sacará del olvido. “Vamos a volver nuestros dolores, derechos”, señala en conversación con Ojalá.
Ocho organizaciones de buscadoras, entre ellas “Madres por la vida” de Buenaventura, “Red para Vivir” de Montes de María en Bolívar, y familiares de desaparecidos del Resguardo Indígena San Basilio en el Putumayo, aunaron esfuerzos con un fin en común y se preocuparon por recoger procesos de buscadoras diversos: negras, indígenas, campesinas, rurales. Algunas de ellas llevan casos que datan de décadas y otras en los últimos años han sumado víctimas.
Esa unión tuvo frutos el pasado 18 de junio cuando después de muchos intentos. En el Congreso de la República se sancionó una ley que protege a las buscadoras de diferentes formas y que da un paso simbólico crucial: las reconoce como constructoras de paz. La ley 2364 fue impulsada por la bancada del Gobierno en el Congreso y, tras más de 17 meses de dilaciones por sectores de derecha, finalmente fue aprobada por mayorías en el legislativo.
Uno de sus artículos ordena que la Cancillería solicite ante la Asamblea General de la ONU su reconocimiento mundial y se cree el Día Mundial de las Mujeres Buscadoras el 23 de octubre.
Para Navarrete esto es, principalmente, un homenaje a años de resistencia. “La mayoría de quienes hemos puesto el cuerpo ante los diferentes impactos del conflicto armado como el desplazamiento o la desaparición forzada hemos sido mujeres”, dijo en entrevista telefónica mientras se recupera de un año de duros retos de salud que, alude, tienen raíz en décadas de lucha incesante. Por eso celebra esta ley.
“Hemos ganado un lugar. Por ejemplo, ya no nos llamamos familiares de víctimas de desaparición forzada, sino mujeres buscadoras”, dijo Bautista. “Eso ha sido un reconocimiento social para todas. Lo que implica que el siguiente paso es que el Estado nos proteja y nos dé un lugar político como actoras de paz”, explica.
Llegar a ese lugar de distinción les ha tomado años y dolores. Durante muchos años la desaparición forzada fue un tabú en Colombia. Una organización que ha visto el temple de estas mujeres ha sido Equitas, que se especializa en ciencias forenses y trabaja de la mano con las buscadoras desde 2005.
“La desaparición se ha negado durante mucho tiempo”, afirmó Angie Fernández, su directora, en entrevista con Ojalá. “Y hay diferentes estrategias para negar que ocurre, en ese sentido creo que reconocer esa labor es reconocer que la desaparición ocurrió y sigue ocurriendo”.
Reconociendo la labor de las mujeres buscadoras
Todo se complejiza al ser una labor tan feminizada. La carga se triplica para las mujeres buscadoras porque a las labores de cuidados tradicionales y sus trabajos asalariados se le suman las labores de encontrar a su ser querido. De hecho, muchas se entregan tanto que renuncian a sus labores profesionales tradicionales para dedicarse plenamente a las tareas humanitarias. Yaneth y Pilar son unas de ellas.
“Muchas de estas mujeres que se encargan de la búsqueda se encargan también de mantener a sus familias, de ser cabezas de hogar, de traer sustento económico a sus hogares”, agrega Fernández de Equitas.
A sus 65 años, Bautista siente que todavía el Estado tiene muchas deudas con las buscadoras y las víctimas de desaparición. Una de las más difíciles de alcanzar: la justicia.
Navarrete coincide y añade otro gran reto: la verdad. Para ella, la reconciliación y la paz son posibles solo si hay verdad y memoria. Se niega a ceder al olvido, no solo de los suyos, sino del costo que la negligencia estatal ha tenido en cientos de mujeres que como ella dedicaron su vida a la búsqueda, dejando de lado sus profesiones y su economía propia.
Agradece a Yaneth Bautista y su obstinación por lograr una ley para que otras, quizá de las nuevas generaciones de buscadoras, puedan tener mejores condiciones para desarrollar tal labor. Subraya que poco a poco su batalla se ha ido posicionando y ganando espacio en los debates nacionales, ahora falta que tenga impactos realmente eficaces en sus vidas.
“Lo que hemos hecho tiene un lugar en el nivel político”, sostiene Bautista.
Y sí, las mujeres buscadoras de Colombia tras décadas de una resiliencia impresionante para cualquiera han abierto un lugar para su lucha y para sus desaparecidos en la memoria de todo un país. Bautista seguirá insistiendo en que la comunidad de la esperanza, como llama a las nuevas generaciones de movimientos sociales por la paz, continuarán el legado de tantas mujeres con más y mejores garantías.