Crisis en Paraguay se agudiza tras elecciones
Manifestación frente a la Agrupación Especializada poco después del apresamiento de Paraguayo "Payo" Cubas. Photo: William Costa.
Reportaje • Lis García y William Costa • 19 de mayo, 2023 • Read in English
Un grupo de alrededor de 300 manifestantes, incluyendo una notable participación de campesinos y campesinas del interior de Paraguay, llega a la entrada de la Agrupación Especializada de Asunción, cuartel de la policía que funge como penitenciaría provisional donde encarcelan figuras prominentes.
Entonces habían pasado cinco días desde las elecciones generales del 30 de abril en Paraguay. “¡Libertad para Payo!”, gritan los manifestantes a pocos metros de una larga línea de policías. “¡Hubo fraude!”
Ese mismo día, el 5 de mayo, se metió preso por “perturbación de la paz pública”, entre varios otros cargos, a Paraguayo “Payo” Cubas, un polémico excandidato presidencial conocido por su postura populista y sus actos de violencia física, como defecar en el despacho de un juez y darle “cintarazos” a otros legisladores durante un breve periodo como senador antes de que fuera expulsado del Congreso. Tras las elecciones, en las cuales quedó tercero, Cubas viene alegando que hubo fraude electoral.
Estas acusaciones desataron protestas continuas en múltiples puntos de Paraguay, cuestionando la aplastante victoria de Santiago Peña del Partido Colorado, el grupo político de derecha que lleva más de 75 años en el poder casi sin interrupción, incluyendo la sangrienta dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).
Las movilizaciones duraron 17 días, hasta que un violento operativo policial desalojó a los manifestantes del principal foco frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral en Asunción, en la madrugada del 17 de mayo. Sin embargo, hay indicios de que se retomarán las protestas en los próximos días.
Cubas es un hombre derechista, líder del partido Cruzada Nacional, con tendencias “antisistema” y autoritarias. Si bien su figura invita a hacer comparaciones con políticos como Bolsonaro y Trump, las manifestaciones distan de la violencia poselectoral vivida en los últimos años en Brasilia y Washington.
Las protestas en Paraguay van más allá de Cubas. Mientras las principales consignas expresaban un rechazo al proceso electoral, las manifestaciones también catalizaron el hartazgo de miembros de diversos sectores sociales que no se identifican directamente como seguidores del populista.
Estas personas se movilizaron para expresar su inconformidad con las fuertes injusticias socioeconómicas provocadas por décadas de desidia de gobiernos colorados. Además, demostraron una profunda y generalizada desconfianza hacia el frágil sistema democrático instalado en Paraguay desde 1989, que no ha garantizado los derechos básicos para las mayorías sociales: acceso a la tierra, alimentación, salud, vivienda y educación.
La participación de miembros de los sectores campesino e Indígena en las poco organizadas manifestaciones coincide con los pésimos resultados de los partidos de izquierda —sus históricos aliados— en los recientes comicios, que los han dejado en una especie de orfandad política.
Ndaipóri cambio (No hay cambio)
Las consignas en la protesta espontánea fuera de la cárcel donde está encerrado Cubas —también protagonizada por jóvenes urbanos— son muy diferentes a las que se escuchaban hace pocas semanas durante la Marcha Campesina Indígena y Popular en Asunción.
Durante aquella histórica y disciplinada marcha anual, la Federación Nacional Campesina (FNC), quizá la organización campesina más importante del país, expresó su apoyo a la Concertación Para un Nuevo Paraguay, una coalición de partidos no colorados, conformada por un amplio espectro ideológico con agrupaciones políticas ubicadas desde la izquierda hasta la ultra derecha.
“La Concertación ofrece oxígeno al pueblo,” dijo Teodelina Villalba, lideresa de la FNC, días antes de las elecciones. Fue la primera vez que su organización tomó una postura electoral.
Gran parte de los sectores populares y progresistas esperaban que las elecciones de abril produjeran un cambio. Mediante la Concertación buscaban por fin derrocar al Partido Colorado, el cual estaba debilitado tanto por conflictos internos como por la intervención de Estados Unidos.
Teodolina Villalba expresa el apoyo de la Federación Nacional Campesina a la Concertación Para un Nuevo Paraguay durante la Marcha Indígena, Campesina y Popular el 30 de marzo. Foto: William Costa.
“Peña representaría una continuación de las políticas actuales. Sin salud, sin educación, sin tierra, sin políticas productivas para el campesino”, había dicho Villalba del candidato oficialista.
El Partido Colorado, incluso según el medio neoliberal The Economist, mantiene un “régimen híbrido” en el país: una democracia electoral sin una plena división de poderes ni un estado social de derecho. Los comicios le permiten al partido mantener una fachada democrática, donde impone su poder mediante una maquinaria electoral prebendaria, construida durante los 35 años de dictadura.
El día de las elecciones, rápidamente quedó claro que Efraín Alegre, candidato de la Concertación y líder derechista del Partido Liberal, la segunda fuerza política de Paraguay, no ganaría. Recibió apenas el 27.48 por ciento de los votos. Peña arrasó con el 42.74 por ciento, mientras Cubas, cuyo partido no entró en la Concertación, sorprendió con el 22.91 por ciento.
“Emocionalmente, casi todos los dirigentes están mal: malísimo, malísimo”, cuenta Esther Leiva, dirigenta y cofundadora de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU), una de las organizaciones campesinas más importantes de Paraguay.
Leiva, risueña y con un español marcado por las fuertes tonalidades del idioma guaraní, está en la oficina de la CTCU, ubicada cerca de la terminal de ómnibus de Asunción: punto estratégico para la llegada de los y las militantes de la organización desde el campo.
Si bien la CTCU no se alineó formalmente con la Concertación, Leiva afirmó que tenían la esperanza de ver a compañeros campesinos ocupar cargos de representación política —lo cual no se dio.
“Teníamos la esperanza de echar esta estructura vieja. Teníamos la esperanza de cambiar las cosas aunque fuera un poquito”, dice. “Y no logramos eso”.
Luchar por un pedazo de tierra
El deseo de lograr un cambio político y social nace de la concentración de la tierra en un país agrícola cuya economía se basa en la exportación agropecuaria.
Aunque la legislación paraguaya reconoce el derecho a la tierra, el mismo no ha sido garantizado por el Estado. Como tal, históricamente el campesinado ha conquistado este derecho a través de ocupaciones informales, disputando así el principal interés de la clase dominante nacional, constituida por las industrias ganadera y sojera que controlan el 94 por ciento de la tierra agrícola del país.
En este contexto, la principal reivindicación histórica del campesinado es el acceso a un “pedazo de tierra”.
“Y si acá nosotros no luchamos, si no ocupamos la tierra, si no peleamos, es imposible conseguir un pedazo”, dice Leiva.
Durante la última década, esta lucha por la tierra ha sido marcada por un proceso de criminalización. La mayor parte de las y los dirigentes del sector han sido judicializados, incluyendo imputaciones con órdenes de captura, largos y tortuosos procesos judiciales y encarcelamientos.
Esther Leiva, lideresa campesina de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos, hablando en la oficina de la organización. Foto: William Costa.
“Yo estoy condenada a ocho años. Está en proceso mi caso,” dice Leiva. “Estamos todos criminalizados, condenados”.
La violencia jurídica ha sido acompañada por una intensificación de desalojos forzosos de asentamientos campesinos. Durante el gobierno del actual presidente Mario Abdo (2018-2023)—hijo del ex secretario privado del tirano Stroessner—al menos 57 comunidades campesinas han sido violentamente desalojadas, según el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base Investigaciones Sociales, y cuatro dirigentes campesinos han sido asesinados.
En 2021 se promulgó una ley—conocida como “Ley Riera-Zavala”—que elevó a hasta 10 años la pena por la “invasión de inmuebles” y reclasificó las ocupaciones de tierra como crimen.
“Decimos que es una ley criminal, porque ya no podemos luchar por la tierra”, apuntó Leiva. “Sabemos que hay una mala distribución de las tierras en Paraguay y la única opción para la clase campesina es tener tierra”.
Este proceso de opresión se desarrolla en un contexto donde la población rural también ha sido gravemente afectada por un aumento de la pobreza extrema, la cual pasó de 7.4 por ciento en el año 2020 a 10.2 por ciento en el 2022, según cifras oficiales. Esto se debe en parte al impacto de la crisis económica tras la pandemia, la pérdida de alimentos y semillas a causa de una extendida sequía (2020-2022) y la falta de políticas de desarrollo para la agricultura campesina.
Tras las elecciones, el panorama indica que la línea política anti-campesina y de criminalización no solo continuará, sino que se profundizará. Además de la elección de Peña, en la nueva conformación del Congreso—también definida en las elecciones del 30 de abril—habrá mayoría colorada y ultraconservadora en las dos cámaras.
“Entraron todas las peores personas que representan a la burguesía brutal”, dijo Leiva en entrevista realizada en su oficina en Asunción. “Son personas a quienes no les interesa su patria, no les interesa la soberanía, no les interesa nada; sólo sus intereses”.
La lideresa campesina enfatizó el tremendo impacto que esto implicará para el campesinado y su lucha.
“Tenemos miedo, tenemos miedo; eso tenemos que decir también. Pero por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino que tenemos que enfrentar y confrontar únicamente,” dijo.
Territorios Indígenas amenazados
Los 20 pueblos indígenas que habitan en Paraguay también sufren el terrible impacto de la criminalización y la ola de desalojos, a pesar de las múltiples protecciones que les brindan leyes nacionales y tratados internacionales.
“El problema de todos los días es el atropello, el desalojo, las invasiones en la comunidad indígena”, dijo Alba Eiragi, poetisa y una lideresa del pueblo Ava Guaraní. “Los terratenientes cada vez se adueñan más y ponen más trabas para las comunidades”.
En 2021 —año de promulgación de la Ley Riera-Zavala— hubo un aumento alarmante de desalojos hacia comunidades indígenas. La población indígena, que representa alrededor del dos por ciento de la población nacional, enfrenta condiciones de mucho menor acceso a derechos básicos como salud, educación, alimentación y agua potable.
El 63 por ciento de las personas Indígenas en Paraguay viven en situación de pobreza extrema, de acuerdo con un informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en comparación con el 5.6 por ciento de la población en general.
“[El Partido Colorado] no ha cuidado los intereses de los pueblos indígenas. Para nada, para nada,” dice Eiragi.
La lideresa Ava Guaraní enfatiza que sólo durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), único presidente no colorado desde que empezó el proceso de democratización en 1989, los pueblos indígenas tuvieron condiciones más favorables para la titularización de sus territorios y el fortalecimiento de sus organizaciones.
“Con el gobierno del presidente Lugo tuvimos la suerte de tener un presidente que conoce y que valora los pueblos indígenas y su forma de organización”, dice.
Sin embargo, el gobierno de Lugo fue truncado después de la Masacre de Curuguaty, operativo policial ilegal realizado en un asentamiento campesino, en el cual fueron asesinados 11 campesinos y siete policías.
La masacre fue orquestada para justificar el posterior golpe parlamentario, cortando un proceso genuino de cambio en el país que tenía intenciones de beneficiar a los sectores populares.
¿Fin del luguismo?
El remanente de la fuerza del gobierno de Lugo es el Frente Guasu, una alianza de partidos de izquierda creada durante el mandato del exobispo. El Frente ha sido el principal apoyo político de los movimientos campesino e indígena en los últimos años.
Sin embargo, esta agrupación vivió fuertes conflictos internos durante el reciente proceso pre-electoral, con disputas de liderazgos que llevaron al surgimiento de dos facciones que se aliaron con candidaturas distintas. El Frente perdió siete de los ocho escaños en el Senado que había obtenido en 2018. Ni siquiera Lugo tuvo los votos suficientes para entrar como senador.
Para Justo Venialgo, dirigente de asentamientos de campesinos en lucha por la tierra del departamento de Itapúa, se trata de la casi total desaparición institucional de este grupo de partidos de izquierda, lo que implica un golpe muy fuerte para el movimiento campesino.
“Ahora nos sentimos huérfanos, nos sentimos abandonados con los resultados que salieron de las elecciones”, dijo Venialgo. “El Partido Colorado y el Partido Liberal no nos dan el respaldo que necesitamos”.
Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasú y presidenta de la Concertación, Efraín Alegre, excandidato presidencial de la Concertación y presidente del Partido Liberal, y José "Pepe" Mujica, en un conversatorio de la campaña de la Concertación. Foto: William Costa.
La caída del Frente Guasu ha coincidido con el ascenso del partido de Payo Cubas, Cruzada Nacional, el cual obtuvo cinco bancas en el Senado, consolidándose como tercera fuerza en el Parlamento.
Según Ramón “Pato” Giménez, dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Cubas ha logrado cierto apoyo en zonas rurales porque su discurso populista tiene buena recepción en sectores afectados por la profunda crisis sistémica. La izquierda parece no haber podido interpretar esta situación.
“El discurso de Payo atrapa porque toca ese sentimiento, toca esa situación, y hay que tener en cuenta el famoso ‘che kuerai’ (estoy harto), el hartazgo, porque hay tanta injusticia y siempre se encuentra el famoso ‘oparei’ (impunidad)”, dice Giménez.
Fraude, crisis de representación y movilizaciones
Las mencionadas denuncias de fraude de Cubas y su partido se concentran en una supuesta adulteración de las máquinas electorales. Hasta ahora, no hay pruebas oficiales de esta clase de fraude, ya que el Tribunal Superior de Justicia Electoral se ha negado a realizar un recuento, a pesar de los 17 días de continuas manifestaciones.
Sin embargo, hubo múltiples pruebas de las violaciones de normas electorales que históricamente han plagado la democracia paraguaya, como la compra de votos y el voto asistido. Incluso, una de las autoras del presente artículo vio numerosos ejemplos de este tipo de fraude.
Dirigentes campesinos cuentan que las denuncias de fraude son ampliamente respaldadas en sus comunidades, más allá de los seguidores directos de Cruzada Nacional. Afirman que esto responde en parte a una desconfianza generalizada en el aparente sistema democrático paraguayo.
“Yo estuve como apoderado local y ahí ganó por muy lejos Payo Cubas”, dice Venialgo. “Por más que yo no sea su adherente, yo creo que es muy fundamental respetar la voluntad popular”.
El apoyo a las manifestaciones también nace de la incapacidad histórica del sistema democrático—dominado por los intereses del Partido Colorado y ahora casi sin representación de la izquierda—de responder a los profundos problemas sistémicos que los sectores populares atraviesan.
“El pueblo ya está cansado, no solamente Cruzada Nacional, el pueblo en sí está cansado de un sistema que viene predominando hace más de 70 años en Paraguay”, dice Luis Vera, miembro de la Red de Abogados por los Derechos Humanos de Paraguay que acompaña la lucha por la tierra.
Algunos sectores de las organizaciones campesinas nacionales se plegaron formalmente a las manifestaciones. Además, hubo una participación extendida de personas campesinos e indígenas que no pertenecen directamente a estas organizaciones.
Con el correr de los días y el evidente apoyo de las masas, numerosos grupos vinculados a la Concertación, incluyendo el Partido Liberal, también se unieron a los reclamos de fraude electoral, demostrando que la pluralidad de las manifestaciones y el descontento va más allá de la figura del derechista Cubas.
“Paraguay se va a mover”
Alrededor de 56 personas fueron heridas y 20 detenidas la madrugada del 17 de mayo cuando el foco de las protestas en Asunción fue desalojado mediante un violento operativo policial.
“Vinimos a Asunción a reclamar nuestro derecho, pero anoche desalojaron a nuestra gente. Los niños y mujeres embarazadas se desmayaron,” dijo horas después Alcides Cáceres, líder de la comunidad Kavaju Paso del pueblo Mbya Guaraní, en la Plaza Italia.
Alcides Cáceres, líder de la comunidad Kavaju Paso del pueblo Mbya Guaraní, con miembros de su comunidad tras el desalojo del 17 de mayo. Foto: William Costa.
El líder, con lágrimas en las mejillas, lamentó la continua violencia vivida por las comunidades. A su alrededor, campesinos e indígenas se subían a grandes camiones de carga, preparándose para el viaje de regreso a sus distritos en distintas partes de Paraguay.
“Cada vez que salimos a las movilizaciones reprimen a nuestra gente, se lastima, se mata, y no nos dan ni una sola respuesta, ni una cosa”, dijo Cáceres. “La respuesta que recibimos es el desalojo, con los desalojos nos matan.”
En efecto, uno de los principales motivos que estimularon la participación masiva de los sectores indígena y campesino en las manifestaciones ha sido el temor a que los resultados electorales agudicen los casos de desalojos forzosos.
A pocas cuadras, un gran grupo de campesinos se había refugiado en el local del Partido Revolucionario Febrerista, uno de los grupos políticos que había conformado la derrotada Concertación.
Mientras muchos dormían en el piso, otros discutían el próximo paso para las movilizaciones.
“Sentimos lo que está pasando por culpa de estas personas que solamente piensan en ellas mismas; no responden al pueblo. Queremos justicia,” dijo Celso Cabrera, un profesor jubilado de una comunidad campesina del departamento de Canindeyú. “Venimos entre 400 personas de mi distrito. Más gente se está preparando para venir.”
Por su parte, Lilian Riveros, campesina de Canindeyú, también dijo que las movilizaciones seguirán.
“Yo vine para defender el futuro de mis hijos,” dijo. “Ahora todos se están movilizando: ahora el Paraguay se va a mover. Por el camino vamos a ir viendo cómo”.
