Asesinatos de defensores en Colombia, contexto crítico de camino a la COP-16

Miembros de la guardia indígena del Cauca participan en la posesión del presidente Gustavo Petro en Bogotá, Colombia, el 8 de agosto, 2022. Foto © Daniela Díaz.

Reportaje • Daniela Díaz Rangel • 18 de octubre, 2024 • Read in English

La biodiversidad de Colombia es tan variada y enorme como lo es el panorama de violencia para quienes lo conservan. El Estado colombiano se ha olvidado de los defensores del territorio y se enfrenta a una letalidad sin precedentes contra sus liderazgos. 

Así lo evidenció el último informe de la organización internacional Global Witness junto con el programa colombiano Somos Defensores, que puso a Colombia en la palestra de la vergüenza: es el país más letal en el mundo para ser líder ambiental.  El año pasado 79 de ellos fueron asesinados, un 40 por ciento del total registrado a nivel global. 

Desde que Somos Defensores inició su registro en 2012, la cifra de asesinados asciende a más de 400. Sin embargo, esa es apenas la punta del iceberg de una violencia estructural contra quienes se atreven a defender el medio ambiente, pues no solo se enfrentan a amenazas, sino a estigmatización y persecución judicial.

La represión en el país también tiene que ver también con el nivel de organización social, y se puede identificar al menos doce tipos de liderazgos, unos más perseguidos que otros. El liderazgo de pueblos indígenas suele ser el más afectado, seguido por los líderes comunales, que suelen ser personas que asumen la representación de su municipio, pueblo, barrio, del lugar donde viven. Los defensores ambientales son los terceros con mayor número de agresiones. 

La caracterización del proyecto Somos Defensores, que lleva el conteo de violencia contra defensores de DD.HH. en Colombia, también incluye el liderazgo de víctimas, activistas de derechos humanos y defensoras de los derechos de las mujeres, afrodescendientes, juveniles, LGBTIQ+ y los liderazgos sindicales. 

Luchando a pesar de los riesgos

Pedro Abel Castañeda es uno de esos cientos de líderes que luchan a lo largo y ancho del país. Desde hace al menos treinta años, Castañeda se dedica a proteger el Páramo de Pisba, en Boyacá, de la explotación minera de grandes multinacionales estadounidenses. Cuenta a Ojalá que su lucha es por el agua. 

“Nosotros nos hemos organizado de manera permanente para detener el devastador avance minero que ha dañado toda una región hídrica”, señala en entrevista con Ojalá. “Toda defensa del territorio ante esas grandes empresas ha generado conflicto en nuestro territorio”.

En 2013, Castañeda junto a otros campesinos de la zona lograron expulsar a la empresa minera Hunza Coral que de manera irregular había abierto más de 60 bocaminas en la zona, lo que podría afectar una fuente hídrica que abastece de agua a dos departamentos. Luego vinieron algunas amenazas que se disiparon con el tiempo, pero que cada tanto regresan. 

La última intimidación contra Castañeda fue en mayo pasado, cuando hombres que decían ser de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional lo declararon “objetivo militar” a través de una llamada telefónica. Aunque ha alertado de las llamadas, actualmente no cuenta con más protección que un chaleco antibalas, un celular y un botón de pánico. Y así, con esas herramientas mínimas, sigue día a día trabajando el campo y luchando por el cuidado del medio ambiente desde la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco.

La historia de Pedro Abel Castañeda se repite una y otra vez, pues de acuerdo con el programa Somos Defensores se tiene registro de 170 conflictos socioambientales actuales en todo el país. Solo en 2023, la organización contabilizó denuncias de 765 agresiones —concentradas principalmente en nueve departamentos— a personas defensoras. 

Una violencia histórica 

Para entender el cruento panorama actual de los líderes sociales es imprescindible echar un vistazo a la historia de violencia en Colombia y cómo se ha organizado su población para hacerle frente, usualmente de manera comunitaria. 

Astrid Torres, la directora de Somos Defensores, evidenció que desde hace al menos un siglo el país ha asistido al exterminio de su movimiento social. Esto se ha agudizado en el marco del conflicto armado que desde la mitad del siglo pasado ha azotado su territorio. “Por mucho tiempo se ha considerado que las personas defensoras son enemigas de la democracia, que somos iguales a guerrilleros”, explica Torres en entrevista con Ojalá. “Eso es lo que nosotros llamamos la doctrina del enemigo interno”.

La tragedia permanente que ha sido multicausal y, aunque ha tenido épocas de tensa calma, sigue sin resolverse de fondo. Tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas insurgencias de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, una gran parte de los colombianos pensaba que quizá íbamos a transitar a otro momento. Incluso en lo firmado se consignaron medidas para salvaguardar el medioambiente y a quienes lo protegen. En los ocho años desde su firma, la no implementación de los acuerdos por parte de los gobiernos ha desencadenado un renovado ciclo de violencia. 

Con todo, los líderes apuntan a que no son solo la falta de implementación de las políticas y medidas, sino que hay puntos neurálgicos que deben resolverse, incluso desde la misma concepción de protección y emergencia. Actualmente, la Unidad de Protección Nacional (UNP) proporciona medidas muy superficiales a los y las amenazadas. Y aún así se han registrado muertes bajo ese sistema de protección. Aún no es claro cuántos de los protegidos han sido asesinados. 

La máxima es un esquema de seguridad que consta de dos camionetas blindadas, pero en la mayoría de casos les dan solo un chaleco antibalas, un celular y un botón de pánico: ese es el caso de Castañeda. A corte de agosto de 2023, la UNP tenía 8,067 personas bajo su protección. 

Además, esas medidas tienen un enfoque individual cuando la resistencia en Colombia suele ser comunitaria y colectiva. 

A ese déficit en el sistema de protección se suma la vergonzosa cifra de impunidad en las denuncias. Somos Defensores detalla a Ojalá que, conforme a un estudio suyo, entre 2002 y 2022 la Fiscalía General de la Nación ha emitido apenas 179 sentencias condenatorias por asesinatos contra personas defensoras. Esto pese a que se han interpuesto al menos 1,300 denuncias, es decir, hay un 87 por ciento de impunidad. 

Petro en el poder de cara a la COP-16

Con el ascenso de Gustavo Petro, cercano a los movimientos sociales e impulsor de la Paz Total que busca dialogar con todos los grupos armados ilegales de ese país, se esperaba que estos obstáculos a la justicia se resolvieran con premura. 

Pero ha tomado más tiempo de lo esperado. En el caso de la ambiciosa política social de pacificación se ha obviado en las negociaciones la protección de los líderes sociales, esto teniendo en cuenta que muchas de estas estructuras ilegales son los principales victimarios. “No tiene sentido tener una mesa de diálogo si no se va a respetar la [vida] de los líderes sociales”, apunta Torres y agrega que es urgente que este tema sea central al pensar en la paz. 

Tanto para Castañeda como para Torres el problema es estructural y necesita que el gobierno y los actores privados trabajen para detener ese exterminio. Hoy las zonas con mayores amenazas a defensores de la tierra suelen coincidir con las zonas con mayor extractivismo y presencia de multinacionales que atentan contra el medio ambiente. 

La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz creadas en el Acuerdo de 2016 ya han dado luces sobre las alianzas criminales entre empresas y grupos ilegales armados que han sido también llamados ante la justicia transicional como “terceros civiles”. 

Ambas entidades han logrado establecer que algunas empresas nacionales e internacionales tenían negocios con estructuras paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pagándoles por asesinar líderes sociales que obstaculizaban sus intereses. El caso más emblemático ha sido el de la empresa gringa Chiquita Brands, que recientemente fue encontrada culpable por esas alianzas y obligada a pagarle una reparación a ocho víctimas. 

De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP-16) que se llevará a cabo del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024 en la ciudad de Cali, el foco está puesto sobre el medio ambiente y quienes luchan por su conservación, en particular en la Amazonía. 

Organizaciones como Crisis Group han alertado del aumento de la destrucción de la Amazonía por cuenta del grupo armado post-acuerdo conocido como Estado Mayor Central. Desde octubre de 2023, el gobierno nacional adelanta una mesa de diálogos con una facción de esa estructura. 

Pedro Castañeda también asistirá a la COP la semana entrante. Con apenas su chaleco y su botón antipánico sigue sintiéndose inseguro. Aun así, para él su mejor protección es una comunidad organizada. 

“Aquí nací, me crié y me voy a morir” dice con convicción en una entrevista desde Tasco. Tiene la esperanza puesta en que algún día —no muy lejano— defender el agua, no le costará su tranquilidad o la vida misma.