A falta de agua en Nuevo León, extractivismo y militarización

Ilustración digital creada para Ojalá © Elisa María M.V.

Reportaje • Chantal Flores • 17 de abril, 2025 • Read in English

Desde la carretera 54, a 70 kilómetros de la frontera con Estados Unidos en Nuevo León, México, se vislumbra la Sierra de Picachos. Matorrales y mezquites se despliegan a lo largo del camino mientras aves canoras surcan el cielo. Los correcaminos se apresuran a ganarle el paso a los tráilers de doble remolque que transitan a diario cargados de piedra caliza extraída de la Sierra de Picachos.

La Ruta 54 se promociona como el corredor de transporte comercial y turístico más corto entre Nuevo León y Texas en un intento de autoridades locales y empresarios por potenciar el comercio entre México y su vecino al norte. Pero, desde 2011, el aumento de la presencia del crimen organizado y la violencia ha desolado algunos pueblos en la 54 y carreteras aledañas con amenazas de cobro de piso, despojo de ranchos y desapariciones. Como parte de la estrategia estatal para impedir que grupos del crimen organizado provenientes de Tamaulipas ingresen a Nuevo León, una nueva base militar en Cerralvo ha activado un flujo de soldados a lo largo de la carretera.

El nuevo 27° Regimiento de Caballería Motorizado de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) en Cerralvo es una construcción enorme que incluye cinco edificios de vivienda que pueden alojar 600 soldados. La base militar inició operaciones de forma parcial en agosto de 2024.

Muchos habitantes de la región, que durante décadas construyeron sus vidas a ambos lados de la frontera, decidieron quedarse en Estados Unidos ante la toma de control de la zona por el crimen organizado. Aquellos con menos posibilidades económicas se trasladaron a la periferia de la zona metropolitana de Monterrey. 

Después del atardecer, las rutas y docenas de caminos de tierra que conectan con la frontera son ocupadas por trocas y hombres armados. Mientras los pobladores evitan salir y las autoridades recomiendan utilizar las carreteras en horas hábiles, ellos transitan libremente por comunidades como Martinitos y San Vicente, en el municipio de Los Herreras.

A diferencia de muchos, Aristeo Benavides decidió regresar de Estados Unidos a su pueblo natal de San Vicente, sobre la carretera 5 que conecta Los Herrera con Cerralvo y luego con la Ruta 54. Tras la muerte de su padre, alguien debía apoyar a su madre con el rancho. 

Las ventanas de su casa temblaban con las detonaciones por la extracción de caliza de la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) en la Sierra. Al ver esto y cómo el agua de la noria disminuía constantemente, Benavides se convirtió en  uno de los principales defensores de la Sierra de Picachos y participa activamente en el ejido (tierra de propiedad social) de Benavides Grande y Benavides Olivares.

“Ya tengo 10 años dándoles en la torre y aquí estoy. Mucha gente dice, ‘Pero te van a matar, te van a desaparecer’. Hasta la fecha no me han hecho nada”, cuenta Benavides en entrevista en su casa en febrero. “Ya cuando te quedas sin agua, también te vas a morir. Nada más que es una muerte lenta, larga”.

Una pedrera junto a un Área Natural Protegida 

Durante más de 40 años, la familia Benavides se dedicó a la crianza de ganado caprino, una de las principales actividades productivas en la zona. Pero, en los últimos años, la escasez de agua los ha obligado a reducir su capacidad: de las 300 cabras que solían criar ahora solo conservan la mitad. 

“Tomate, frijol, alfalfa, papa, muchas vacas, de todo. Éramos un rancho muy productivo”, dice Benavides, señalando hacia los campos secos que se extienden detrás de su casa. “Ahora no tenemos suficiente agua, ahí se ven las mangueras”.

Benavides denuncia que la escasez no se debe únicamente a la sequía que azotó el noreste mexicano en los últimos años. Junto a otros residentes de las comunidades aledañas, señala que las operaciones de Matrimar han afectado la cuenca Agualeguas-Los Ramones y los arroyos que abastecen los pozos de estas comunidades.

“El pozo de la noria era de ocho metros de profundidad, ahora hemos tenido que excavar hasta los 20 metros de profundidad para conseguir agua”, dice Benavides. “¿Cómo permites que una empresa dañe una cuenca que le suministra agua a tres municipios?”.

Margarita García, bióloga del Centro IDEAS de la Asociación Ecológica de la Sierra de Picachos (AESPAC), explica que la Sierra es un área crucial para la recarga de acuíferos. Señala que Picachos alberga una gran diversidad biológica como el oso negro, el puma, el águila real y el lobo mexicano, especie en peligro de extinción. 

En 2023, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente determinó la protección y conservación de la Sierra de Picachos como Área Natural Protegida. Sin embargo, se omitieron zonas importantes, incluida aquella donde se encuentra Matrimar. 

“Sí se decretó el área natural protegida pero no ha habido ningún cambio. Siguen los daños ambientales”, afirma Benavides. “En mayo del año antepasado, presenté una denuncia a la Secretaría de Medio Ambiente sobre un desmonte que está en la orilla de la Sierra de Picachos y que abarca dos áreas naturales protegidas”.

Matrimar es propiedad de José Santos Martínez Gutiérrez, empresario mexicano. La empresa dinamita la sierra para la extracción de materiales de construcción. A pesar del polvo, la contaminación acústica y el estrés que esto puede causar en la fauna local, Defensa regula esta actividad, en lugar de la Secretaría de Medio Ambiente.

“Los límites para las detonaciones, la cantidad de explosivos, todo lo que se presenta no está dentro de nuestras normativas, sino de las normativas de la Secretaría de la Defensa Nacional”, explica Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente en Nuevo León. 

Los habitantes han denunciado que el polvo fino les está causando enfermedades respiratorias. En 2019, la comunidad de Mojarras, en Doctor González, luchó contra la instalación de la pedrera. Benavides denunció que Martínez Gutiérrez ingresó a su nieta como integrante del consejo ejidal de Benavides en un intento de regularizar la ocupación de las tierras ejidales. 

Blanca fue una de las habitantes que se unieron a las protestas, principalmente porque sus hijos sufren de asma.

“Con tanto polvo se te enferman los niños”, asegura Blanca, quien prefirió no usar su nombre completo por miedo a represalias. “Hasta me ofrecieron una casa en Monterrey con tal de poner la pedrera. Pero pues no”.

Matrimar se encuentra a menos de 20 minutos de la comunidad de Mojarras y aún así querían instalar una segunda pedrera ahí, junto al arroyo. Blanca explica que dos arroyos locales —Sardinas y Pescado— ya no tienen agua, lo que afecta gravemente a la comunidad, que no cuenta con agua potable y depende de pozos. 

“El arroyo traía agua todo el año. Se llama así porque había hasta pescaditos, mojarritas”, cuenta Blanca. “¿Y por qué ya no hay mojarras? Porque ya no hay tanta agua, ya no corre”.

Una Norma Ambiental Estatal adoptada en 2017 establece que las instalaciones de bancos de aprovechamiento de recursos naturales no se pueden instalar a 20 metros de zonas consideradas como de alta capacidad para la recarga de acuíferos subterráneos, como la cuenca Agualeguas-Ramones. 

“Y Matrimar está justo encima”, reclama Benavides apuntando a un mapa hidrológico de la Sierra que extendió sobre el piso del porche de su casa. 

A pesar de esto, Blanca, que tiene una pequeña tienda de abarrotes a pocos metros de la nueva base militar,  ve pasar a cada hora los tractocamiones, algunos con destino a la ciudad de Monterrey, otros hacia Río Grande, Texas. 

“Ya hicieron varios pozos allá adentro [de la base militar] y no tienen agua”, dice Blanca. “Ya no corre como antes”.

De acuerdo con el secretario estatal de Medio Ambiente, el plan de manejo de la Sierra de Picachos define los usos del suelo compatibles con objetivos de conservación, buscando que estos usos generen ingresos importantes para las comunidades aledañas. Pero los habitantes mencionan que son pocos los que se benefician de las actividades de la pedrera, con excepción de algunos trabajadores residentes del municipio de Cerralvo, cuyo alcalde, Baltazar Martínez, comparte parentesco con Martínez Gutiérrez, el dueño de Matrimar. 

Además, los habitantes del ejido Benavides Grande y Benavides Olivares han denunciado frente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Tribunal Agrario Federal que Matrimar ocupa parte de sus tierras, las cuales despojó sin consultar a su asamblea ejidal. 

“La tierra de la pedrera nunca se cedió”, reclama Benavides. “Ellos agarraron, se asentaron, sin permiso de nadie ni de la comunidad.” 

A pesar de las afectaciones, el apoyo político a la empresa, especialmente a nivel local, y la fuerte presencia del crimen organizado en la zona han provocado que muchos de los afectados prefieran guardar silencio o permanecer en el anonimato. 

Nuevo León se ha caracterizado por una cultura más individualista, enfocada en el progreso económico y con una fuerte tradición empresarial. En un recorrido por los municipios de Higueras, Cerralvo y Los Herrera, pude confirmar que la gente prefiere no hablar del tema. Sugieren consultar a Benavides. Su alto perfil, asevera él, es su protección.

Soldados de tenis y comunidades despobladas 

Al entrar a San Vicente, parece que nadie vive ahí. El rancho Benavides se encuentra en las afueras del pueblo sobre una brecha controlada por el crimen organizado. Por el día, el movimiento es casi nulo, a menos que haya algún enfrentamiento. Por la noche, el sonido de las trocas no para, cuenta Benavides.  

“Si te vas por estas brechas, en 40 minutos estás en Roma, Texas”, dice Benavides.

Investigadores han denunciado que la violencia del crimen organizado en el noreste de México, en ocasiones apoyada por algunas empresas privadas, ha obligado a la gente a abandonar sus casas, dejando así la tierra libre para la explotación de los recursos naturales.

Oscar Rodríguez, investigador del Colegio de la Frontera Norte, explicó a Ojalá que se ha encontrado una relación importante entre zonas con recursos naturales y epicentros de violencia, aunque los principales atractivos para el crimen organizado siguen siendo las rutas para el trasiego de drogas, armas y personas, y el acceso al mercado de Estados Unidos.

“Inicialmente pueden ser las rutas de drogas y de otras actividades hacia Estados Unidos”, dice Rodríguez en entrevista telefónica. “También hemos visto que hay otros motivos, particularmente hacia los recursos que pudieran tener estas zonas, que también son muy importantes para los grupos criminales".

Junto a San Vicente se encuentra la comunidad de Martinitos, que ahora también luce vacía. El poco movimiento que se observa es de camionetas pick-up y algunos “soldados con tenis”, como llaman a los halcones que vigilan los caminos. Los residentes dejaron de visitar sus casas y algunas de ellas, construidas con remesas, se encuentran aún en obra gris. Los habitantes que se atreven a hablar me comentaron que en los últimos años en la zona ha habido cientos de casos de personas desaparecidas que la gente no se atreve a denunciar.

El 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, recorrí la carretera 54. Hacía frío y el cielo estaba nublado, sin el polvo que usualmente lo cubre, algo se sentía diferente. Patrullas de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional recorrían cada kilómetro entre Monterrey y Cerralvo. Un helicóptero sobrevolaba la zona.

La presidenta Claudia Sheinbaum estaba en Cerralvo para inaugrar la base militar. Pero, por la tarde, la carretera regresó a su estado habitual. El show oficial había terminado y otras camionetas comenzaron con sus rondines.

Esta es la tercera entrega de una serie de artículos que fueron posibles gracias al apoyo del Resilience Fund.