Reducción de daños y justicia reproductiva en México

Sol Ureiro, feminista comunitaria en la Ciudad de México, abraza el pañuelo verde que cuelga desde su cuello, símbolo de la lucha por el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos. Foto: Silvana Flores, 2022.

Reportaje • Dawn Marie Paley • 23 de junio 2023 • Read in English

Ha pasado un año desde la anulación de la sentencia Roe contra Wade en Estados Unidos, y casi dos desde que la Suprema Corte de Justicia de México votó por unanimidad la despenalización del aborto. En ambos lados de la frontera, el acceso al aborto legal es un mapa complejo que varía enormemente de un estado a otro y entre las ciudades y las zonas rurales.

“La legalidad no es sinónimo de justicia, no es sinónimo de que se esté garantizando un derecho”, dijo Laura Hernández Esquivel, miembro de la colectiva Acompañantes Laguna en Torreón, Coahuila. Acompañantes Laguna es una de docenas de colectivas autónomas que trabaja para brindar acceso al aborto con pastillas y desafiar las leyes retrógradas y el estigma social.

A lo largo de los últimos siete años, las feministas de pañuelo verde han encabezado la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito en gran parte de América Latina. Decenas de miles de ellas se han movilizado en las calles, han ejercido presión sobre los congresos y los tribunales, y han creado colectivas para garantizar que el aborto con pastillas esté al alcance de cualquiera que lo necesite.

Avances y retrocesos

Un año después de Roe, el aborto es ilegal en 15 estados de los Estados Unidos, muchos de los cuales han impuesto una prohibición total de esta práctica. En México, 11 estados han despenalizado el aborto (por lo general en el primer trimestre) como estipula la Suprema Corte, mientras que 21 estados aún no lo han hecho. Interrumpir un embarazo resultante de violencia sexual es legal en todo el país —pero está muy lejos de estar garantizado.

Para los extremistas antiderechos de Estados Unidos no es suficiente revocar Roe contra Wade. El poder que tienen, especialmente en los congresos estatales y en los tribunales, significa que la educación y la salud sexual y reproductiva se mantienen bajo asedio. 

A principios de este año, un tribunal de distrito de Texas invalidó la autorización otorgada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a la mifepristona, uno de los dos medicamentos que se utilizan para inducir el aborto. La sentencia fue rechazada posteriormente por la Corte Suprema, pero es probable que surjan futuros intentos de prohibir el acceso y el envío por correo de pastillas abortivas. Hoy las activistas en Estados Unidos están trabajando para garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos a nivel estatal, ya que el derecho a prevenir un embarazo también está potencialmente amenazado.

En comparación, en México, la mifepristona sólo se puede conseguir con receta en la Ciudad de México, y el acceso al misoprostol está cada vez más controlado en las farmacias locales. Los anticonceptivos se pueden adquirir sin receta en todo el país.

Es indudable que los retrocesos legales en Estados Unidos son un duro golpe para los derechos reproductivos. Pero décadas de organización en condiciones adversas han enseñado a las activistas mexicanas la importancia de un activismo continuo de base, desde abajo, sin importar hacia dónde soplen los vientos políticos dominantes.

En México, la ola de movilizaciones más reciente se enmarca en una trayectoria más larga en la lucha por la justicia reproductiva y el derecho a decidir. El inquebrantable activismo de las feministas de la Ciudad de México logró que en 2007 se legalizara el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Aun cuando el acceso legal se ha expandido, ha aumentado la labor de las colectivas autónomas que distribuyen pastillas y acompañan a las personas para abortar en casa.

Como ejemplo, el aborto está despenalizado en el estado de Coahuila, pero Laura Hernández Esquivel afirma que el servicio se niega constantemente, es de difícil acceso y está plagado de discriminación. 

Además de adquirir y enviar por correo o entregar las pastillas a las personas que quieren interrumpir un embarazo y acompañarlas durante el proceso—en persona, por teléfono o en línea—Acompañantes Laguna participa activamente en la educación pública, en espacios políticos y en marchas y movilizaciones callejeras a favor de los derechos reproductivos, de género y sexuales. 

“En el momento en que ocurrió la despenalización nosotras pronosticamos que se venía más trabajo y así fue”, dijo Hernández Esquivel. “Hoy en día, acompañamos mucho más [abortos], pero también eso nos ha permitido identificar la diversidad que existe en las necesidades y vivencias de las mujeres y personas con posibilidades de gestar. Esto nos ha permitido irnos capacitando en situaciones muy específicas, por ejemplo, el acompañamiento a las mujeres lesbianas, bisexuales y pansexuales en situación de aborto u hombres trans y personas no binarias”.

Las activistas con quienes hablé para este reportaje coincidieron en que el estigma, la falta de información científica y las ideas moralistas siguen siendo las barreras esenciales para la justicia sexual y reproductiva en México. 

Angie de la Rosa Palafox y Carolina Gálvez, representantes de Merea Verde Guerrero muestran retratos de ellas mismas echas la una por la otra en Chilpancingo, Guerrero. Foto: Silvana Flores, 2022. 

Por el derecho a decidir

“Hay una intersección entre el derecho a decidir y la prohibición de algunas sustancias. Creo que tiene que ver un montón con estas cosas tan básicas como la autonomía, nuestro derecho a decidir qué hacer con nuestro cuerpo, si consumimos alguna sustancia o si queremos interrumpir un embarazo”, dijo Perla Martínez de la colectiva Las Borders en Mexicali. “De una u otra forma, el estado generalmente está inmerso en estas prohibiciones”.

Aunque el concepto de reducción de daños se utiliza tradicionalmente en relación con la prevención y la gestión del VIH y el consumo de sustancias prohibidas, cada vez cobra más relevancia para el pensamiento feminista sobre los derechos reproductivos.

En Michoacán, el aborto es ilegal excepto en casos de violencia sexual o inseminación no consentida. Aun en esos casos, pocas instalaciones gubernamentales están preparadas para realizar el procedimiento. 

Perla Vázquez es una activista feminista por el derecho al aborto radicada en Morelia, Michoacán, que participó en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en la Ciudad de México a principios de la década de los 2000. Ella explica que los abortos por aspiración son los que tienen menos efectos secundarios, pero que esa tecnología está patentada y es muy cara, y no está disponible fuera de las clínicas privadas de la Ciudad de México. 

Como defensora y activista de la justicia reproductiva, Vázquez entiende el aborto como un medio de reducción de daños y riesgos, y lo hace desde una perspectiva anticolonial.

“Si tú no estás en el norte global o en una capital, la posibilidad de acceder a sustancias con menos afectaciones a las cuerpas, con mayor autonomía y con menos implicaciones morales es mucho más difícil”, dijo Vázquez.

“Una sustancia para mí tiene mucha vinculación con el colonialismo, con lo que significa la relación colonial de las mujeres del sur global y del norte global. También tiene que ver con las mujeres de las periferias, con las mujeres de las fronteras y con las mujeres en tránsitos tanto personales como colectivos”, remarcó.

Las feministas de la frontera se han encontrado con una creciente escasez de los medicamentos necesarios para los abortos médicos, incluso en lugares donde el aborto es legal. 

“Buscamos alianzas con organizaciones que nos puedan dar la mifepristona y el misoprostol más barato, o simplemente que podamos acceder a ellos”, dijo Martínez en una entrevista telefónica desde su hogar en Mexicali. “Veo también que algunas organizaciones que hacen el tema de reducción de daños en Baja California buscan alianzas para conseguir desde jeringas hasta naloxona, porque el Estado es omiso”.

Martínez señaló que hubo un desabasto nacional de mifepristona en México el año pasado, durante el cual el gobierno de Baja California canalizó a las personas que buscaban abortar con la colectiva Las Borders para que se les atendiera. 

“¿Cómo es que el estado no tiene acceso a estos insumos y una colectiva, que ni siquiera está constituida, sí?”, preguntó Martínez. “Me parece que eso también pasa con el tema de reducción de daños, el estado no tiene naloxona y, ¿qué hacen? ‘Vayan a pedirles naloxona a estas organizaciones comunitarias porque son ellas quienes la tienen’”.

Otra similitud entre las prácticas de reducción de daños y riesgos y el trabajo de las colectivas aborteras es el énfasis en las redes autónomas de apoyo, acompañamiento y en la ayuda mutua, más allá del estatus legal de la sustancia en cuestión. 

"En términos de reducción de daños en el uso de sustancias psicoactivas, intentamos crear redes de pares entre les usuaries para que puedan cuidarse mutuamente y tener sus propias redes de apoyo", dijo Amaya Ordorika, del ReverdeSer Colectivo de la Ciudad de México. 

La organización es transversal

Aunque una sentencia de la Suprema Corte despenalizó el aborto en México, el acceso está lejos de consolidarse. Los activistas y defensores de la justicia reproductiva siguen organizándose en contextos en los que la práctica es legal, así como en estados en los que todavía está prohibida. 

Su trabajo ha inspirado e informado otras luchas contra la prohibición y en favor de la autonomía corporal y —de forma importante— del placer.

“Es la protesta social, la organización política amplia, las redes… Todo eso es lo que genera el espacio político”, comenta Amaya Ordorika, de ReverdeSer Colectivo en la Ciudad de México, el cual se organiza por los derechos de los consumidores de drogas y contra la prohibición militarizada y la guerra contra las drogas en México.

La combinación de acciones a pie de calle, como marchas y manifestaciones, pero también ocupaciones y plantones que duran meses—e incluso años—son elementos clave para obligar a los legisladores a actuar para acabar con la prohibición, ya sea de sustancias psicoactivas o del derecho al aborto.

Ordorika recuerda que un plantón de tres años en el Senado a favor de la regulación del cannabis, combinado con una serie de sentencias de la Suprema Corte a favor de los consumidores de cannabis, fueron decisivos para crear un espacio en el que se pudiera avanzar con la legislación, que aún no se ha concretado. 

El trabajo de ReverdeSer conecta con otros espacios feministas antiprohibicionistas en América Latina, cuya creación ha sido encabezada por mujeres en Brasil. Y aunque su foco principal son los estupefacientes, la justicia reproductiva es una corriente que fluye a través de todo tipo de organización feminista.

“En el tema del consumo de sustancias y el tema del aborto—y no solo el aborto sino los derechos sexuales y reproductivos en general—en cuanto se ven atravesados por el tema de género se ve absolutamente cancelado el derecho al placer”, dijo Ordorika, quien sugiere que centrar la atención en el placer y el disfrute podría ayudar a potenciar estas luchas. 

Las mujeres al frente de la lucha por la justicia reproductiva en México se están organizando para distribuir y enseñar a otras cómo administrar abortos médicos, pero también están activas en las calles, las aulas y los tribunales. Cada vez más, están trazando un camino que conecta los derechos reproductivos con el trabajo en curso contra la violencia estatal y la criminalización que se deriva de la prohibición.