Mujeres p’urhépecha al frente de la seguridad y justicia comunitaria en Michoacán

Protesta en la comunidad indígena de La Cantera, municipio de Tangamandapio, el 22 de agosto del 2024, a un día de la desaparición de siete integrantes de la guardia comunal y un civil. Foto © Juan José Estrada Serafín.

Opinión • Rocío Moreno Badajoz, Luis Rivero Borrell Z. y Antonio Fuentes Díaz • 19 de septiembre, 2024 • Read in English

El 20 de agosto, siete integrantes de la Kuaricha —guardia comunal— de la comunidad p’urhépecha de La Cantera, Michoacán fueron desaparecidos junto con un civil en el tramo de la carretera hacia Tangamandapio. Al día siguiente la comunidad realizó protestas para exigir su aparición con vida. El 22 de agosto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo para su búsqueda. El 23 de agosto fueron rescatados con vida.

En las mismas fechas de agosto, la localidad p’urhépecha de San Ángel Zurumacapio anunció que todo el pueblo se levantará en armas. Blindaron sus principales accesos debido a la inseguridad que padecen por el crimen organizado.

Este evento ocurrió en un contexto de violencia generalizada en Michoacán por las actividades de grupos criminales, en el que las estructuras de autogobierno comunitarias han sido particularmente afectadas: experimentan presión por despojo de tierras comunales y recursos naturales y la imposición de poderes fácticos extracomunitarios y extorsiones. 

A la fecha, los residentes de La Cantera continúan realizando rondines de vigilancia por la inseguridad en el municipio. La desaparición de sus kuaris es un golpe contra el proceso de autonomía y gobernanza local que han venido ejerciendo. 

Procesos hacia la gestión territorial local

El autogobierno en La Cantera fue precedido por un proceso que comenzó en el 2016 por otras tenencias p’urhépecha en Michoacán, como Pichátaro, San Felipe de los Herreros y Arantepacua, que habían dependido política y administrativamente de las cabeceras municipales —en su mayoria mestizas—, lo que históricamente les había generado condiciones de discriminación y marginación. 

Estas y otras comunidades conformaron el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas y su organización derivó en la aprobación de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán en el 2021. Esa Ley reconoce su derecho a la libre autodeterminación por medio del ejercicio directo del presupuesto y con el reconocimiento de una estructura de autogobierno y derecho propio de las comunidades indígenas.

La Cantera es una tenencia que, al nivel de gobierno y de la administración pública auxiliar, está supeditada al municipio de Santiago Tangamandapio. Desde el 2021, sus 5,000 habitantes ejercen un modelo de  autogobierno a escala submunicipal.

En La Cantera, como en otras comunidades, el autogobierno ha tomado la forma de Concejos Comunales divididos en los rubros de educación, salud, medio ambiente, obras públicas, deportes, agua potable, administración local y honor y justicia. A este último se adscriben la seguridad comunitaria, conocida como la Kuaricha. Kuari, en lengua  p’urhépecha, significa quien cuida, resguarda, cubre, protege. 

El ejercicio de autogobierno ha implicado la formación de cuerpos de seguridad para velar por la comunidad. Estas figuras constituyen derechos por la preservación de la vida-existencia y de rechazo a situaciones de violencia incrementada por la presencia de actores delictivos en la región. La equidad de género se convirtió en un requisito en la constitución de los Concejos Comunales, lo que posibilitó la participación  de mujeres en los sistemas de autogobierno indígena y en los cuerpos de seguridad por primera ocasión. 

Las comunitarias al frente

En el año 2022, de las 20 Kuarichas que operaban en comunidades, sólo la de la comunidad de La Cantera estuvo liderada por una mujer, Rosa Guillermina Asencio, quien además es maestra bilingüe. La entrada de mujeres en estos escenarios, que antes eran exclusivos del dominio masculino, trae reflexiones y transformaciones en materia de autodefensa, seguridad y justicia, así como en el proceso de derribar algunos de los pactos patriarcales que guardan los sistemas sociales y de autoridad comunitaria, y las divisiones del trabajo reproductivo.

Cuando Asencio quedó a cargo del Consejo de Honor y Justicia y de las Kuaricha en La Cantera, se enfrentó al rechazo de los hombres de la comunidad. Inclusive los cuatro policías municipales que vigilaban el pueblo abandonaron sus puestos y se llevaron las armas “porque no se iban a dejar mandar por una mujer”. 

En este escenario de desprotección, Asencio tuvo en claro la necesidad de replicar la equidad de género en la guardia comunitaria. La primera guardia local que conformó estuvo compuesta por diez elementos, de los cuales cuatro eran mujeres. Posteriormente se integraron tres mujeres más por iniciativa propia. 

Tanto Asencio como las mujeres que se integraron a la guardia comunal han tenido que demostrar su capacidad para realizar el mismo trabajo que los hombres, y han luchado por hacerse respetar como iguales. Al ser las primeras mujeres que ostentan un cargo de autoridad, iniciaron funciones teniendo que aguantar duras críticas y cuestionamientos de un imaginario comunitario machista que las desacredita por alejarse de sus tareas domésticas. Al desarrollar un trabajo que exigía interacción cotidiana con hombres, se esparcieron comentarios que asociaban las mujeres kuari con la promiscuidad sexual. Este escrutinio sobre sus cuerpos y conductas generó tensiones con sus maridos, y enfrentaron diversas formas de violencia para intentar regresarlas al control del trabajo no remunerado del hogar.

A pesar de la discriminación, la incorporación de mujeres kuari les ha permitido atender situaciones de maltrato corporal y psicológico que antes pasaban desapercibidas por autoridades y policías municipales. Las kuaris tienen la facultad de entrar en los domicilios y auxiliar a las mujeres agredidas en casos de violencia doméstica. 

Desde la perspectiva de Asencio, a quien entrevistamos en marzo de 2024, la autonomía conlleva un ejercicio cotidiano por denunciar y eliminar la reproducción de la violencia sexual e intrafamiliar, develar las agresiones comunitarias, y transformar el sistema jurídico indígena para que sancione y redima los casos de violencias contra las mujeres.

Al igual que otras experiencias autonómicas, la participación política de mujeres en el autogobierno y el acceso a capacitaciones en prevención de delitos contra las mujeres y autoestima, les ha propiciado, según sus reflexiones, “agarrar valor como mujeres”. 

En sus casas, ese agarrar valor se ha expresado en modificar algunos roles de género encarnados en sus familias. Cecilia, una integrante de la Kuaricha, nos contó que ganó libertad y una considerable descarga en las tareas del hogar que son repartidas por primera ocasión entre su marido e hijos.

Un antes y un después

Antes del autogobierno indígena, en La Cantera no existía discusión pública alguna sobre cómo poner fin a la violencia contra las mujeres, solucionar la desigualdad económica o cómo aligerar la carga de las mujeres en el hogar. Por su parte, las acciones de la policía municipal se caracterizaban por su forma autoritaria y violenta, en la que eran usuales diversas conductas de maltrato y de corrupción. 

En lugar de seguir soportando las conductas policiales que se sienten con el derecho de violentar cuerpos estigmatizados y racializados, la Kuaricha realizó un cambio en su estrategia de seguridad enfocándose en el cuidado y la defensa del territorio y los bienes comunes. Este cambio en materia de seguridad también permea en la justicia comunitaria en la resolución de conflictos internos. A grandes rasgos, como ha sucedido en otras experiencias de autonomías indígenas, su sistema de justicia se caracteriza como un tipo de justicia transformativa o restauradora. 

Tanto la seguridad como la justicia comunitaria es parte de una ética y epistemología del cuidado comunitario, que se revela contra un sistema judicial y de seguridad asentado en el racismo, el machismo, la impunidad y la corrupción. A la par, el autogobierno p’urhépecha de La Cantera representa los esfuerzos por una redistribución del poder que deja al margen a los partidos políticos y las alianzas preestablecidas con poderosos actores económicos.

No obstante, el Estado se rehúsa a perder gobernabilidad. Algunos ayuntamientos han impugnado por medio de acciones de inconstitucionalidad esta forma de autogobierno local y las desacredita por la falta de capacidades técnicas de las personas de la comunidad para realizar las funciones de administración y de gobierno. Persisten en reproducir el orden colonial y racial, al cual se le añaden los embates realizados por actores criminales bajo diferentes formas, que buscan minar, a través de amedrentar a las guardias comunales de los procesos comunitarios de autogobierno. 

La respuesta de la comunidad ante la desaparición de sus kuaris consistió en la realización de rondines de vigilancia por parte de la población, incluidas las mujeres. Eso nos muestra la capacidad e interés de toda la comunidad para la seguridad y vigilancia, y reafirma su derecho al autogobierno, así como la acción organizada para resistir la violencia y los actos de amedrentamiento. 

Esta nota se elaboró como parte de las entrevistas realizadas en el proyecto de investigación “Sujetos atravesados por la violencia: Seguridad y Justicia Comunitaria”, financiado por el Programa de Apoyo a la Mejora en las Condiciones de Producción de los Miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el programa 7.1 de la Universidad de Guadalajara, y del Proyecto Violencia Estatal y No Estatal de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.