La vara manda: apuntes sobre el levantamiento indígena en Guatemala
Las autoridades indigenas encabezan una marcha en la Ciudad de Guatemala el 4 de noviembre, 2023. Foto © Simón Antonio Ramón.
Opinión • Gladys Tzul Tzul • 14 de diciembre, 2023 • Read in English
Desde el 2 de octubre, el sistema político guatemalteco ha sido sacudido por el sistema político comunal. Una enérgica movilización indígena ha tenido el efecto de trastocar el gobierno en sus entrañas, interpelando al Ministerio Público, quien, como bisagra operadora con sus procesos de investigación, ha abierto la puerta para desalojos de tierras, impunidad, crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como criminalización de comunidades y autoridades indígenas.
El paro nacional alcanzó una masividad impactante, justamente porque las comunidades han vivido en primera persona, durante muchos años, los efectos del trabajo de ese Ministerio Público (MP). A partir de tales “investigaciones”, las comunidades han sufrido la criminalización de sus dirigentes, el desalojo de sus tierras y la judicialización de varias de sus acciones comunales. La intervención del MP en los resultados electorales, el secuestro de las cajas electorales y otras acciones se suman a la cadena de agresiones contra las comunidades indígenas.
Este levantamiento indígena tiene como consignas centrales la defensa de la democracia y del orden constitucional. Desde un punto de vista comunitario, la defensa de la democracia significa el respeto de la voluntad del pueblo; esto implica no permitir el paso a la dictadura y al funcionamiento de gobiernos impuestos por militares, narcotráfico y empresarios.
Por tanto, las autoridades indígenas que convocaron el levantamiento han puesto como principal demanda la renuncia de la Fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana.
El levantamiento fue convocado por las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, las Comunidades Aliadas de Chichicastenango, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, la Alcaldía Indígena de Nebaj, la Alcaldía Indígena de San Cristóbal Totonicapán y el Parlamento del Pueblo Xinka. Se ha expandido como la milpa que retoña y da distintos tipos de maíz.
La gente ha creado puntos de resistencia en los pueblos, en las plazas públicas y las iglesias, en toda la ciudad. La lucha es retomada y relanzada también desde los mercados, las y los trabajadores, las y los repartidores de comida, las y los estudiantes y las y los migrantes en distintas ciudades del extranjero.
Un detalle de la movilización en la Ciudad de Guatemala. Foto © Cristina Chiquín.
Estrategia indígena
En estas diez semanas se han producido distintas estrategias indígenas que combinan un paro nacional con puntos de resistencia y concentración de miles de personas en la carretera interamericana y en casi todo el país.
Desde el 20 de octubre, la movilización se ha sostenido gracias a las capacidades de rotación, una estrategia propia del sistema de gobierno comunal índigena. Un día por semana, un pueblo se presenta a sostener el plantón pacífico en el Ministerio Público en Gerona, en la capital. Este levantamiento ha significado un parteaguas en la vida política del país.
El 3 y 4 de noviembre y 7 de diciembre se organizaron marchas masivas de comunidades a la ciudad, encabezadas por los 48 cantones de Totonicapán y demás autoridades indígenas. También el 21 de noviembre se realizó una gran caravana de transportistas que llegaron desde distintas vías, que fue encabezada por Sololá.
Las Autoridades Indígenas, durante todo este tiempo, también han desplegado acciones jurídicas en lo nacional e internacional, reuniones con distintos sectores de toda la sociedad, incluso con algunos sectores y grupos empresariales.
Estos meses de movilización y la lucha encabezada por los pueblos a través de sus Autoridades Indígenas han dejado en claro que Guatemala está gobernada desde una alianza económica-política que utiliza al Ministerio Público como mecanismo muy eficaz de contención-represión para quienes detentan el poder económico-político y que ha logrado subsumir a los tres poderes del Estado.
Ya han sido más de 60 días. Como sociedad hemos visto la fuerza, la energía y el despliegue de la estrategia comunal indígena para convocar a la población urbana y avivar el entusiasmo en los sectores populares y medios a luchar por el bien común. Además, lograron que sus consignas de lucha se enlazaran con otros pueblos y que las movilizaciones se expandieran.
En este tiempo hemos vivido notables experiencias políticas que se distinguen en por lo menos tres aspectos.
El aparecimiento de las miles de comunidades y cantones que respaldaron las demandas que gestionaban las autoridades comunales en la ciudad capital. Esta condición de masividad ha sido la fuerza más grande para impedir la violencia de parte de la Policía Nacional Civil. Este asunto se mostró con claridad el día 19 de octubre, cuando la Corte de Constitucionalidad dictó orden de desalojo del punto de resistencia en el MP.
También la calidad festiva de las asambleas realizadas en las carreteras en por lo menos 200 puntos a lo largo de todo el país, así como en el MP, mantuvieron un orden de debate político y denuncia, al mismo tiempo lúdico y festivo. Las rebeliones indígenas suceden cuando se despliegan como fiesta.
Finalmente figura la producción de una coordinación entre pueblos indígenas a través de sus autoridades. “Entre pueblos tenemos nuestra propia autonomía, y no siempre llegamos a consensos pero seguimos juntos”, reiteró el Vicepresidente de 48 cantones en diversas entrevistas.
Esta calidad autonómica de los gobiernos comunales se muestra al momento que las autoridades indígenas se han planteado un levantamiento comunal que no defiende intereses de ningún partido político. Dialogan en igualdad y no en subordinación con las instancias estatales o de empresarios. “Estamos aquí no por un beneficio personal, sino que en representación de nuestras comunidades quienes nos han delegado para cumplir las consignas de defender al pueblo”, dijo Luis Pacheco, Presidente de los 48 Cantones de Totonicapán.
En relación a los numerosos recursos jurídicos interpuestos en las distintas instancias estatales, observamos como en un tablero de ajedrez la manera en que las autoridades indígenas han movido múltiples piezas jurídicas del Estado para ofrecer respuesta y contrarrespuesta en el armazón político que presentaba límites a las exigencias de destitución y renuncia de funcionarios públicos.
La efectividad de sus estrategias ha logrado desordenar el tablero donde ocurre el juego, por el movimiento de las autoridades ante instancias jurídicas nacionales e internacionales.
La partida está abierta, y el resultado se está construyendo con la fuerza de las comunidades y cuidándose de las agresiones.
Como dijo una alcaldesa de 48 cantones: “Las comunidades tenemos más estrategias. No nos desesperemos, sigamos luchando”.
Autoridades indígenas marchan el 4 de noviembre, 2023 en la Ciudad de Guatemala. Foto © Simón Antonio Ramón.
La geografía de la movilización
El 2 de octubre, decenas de puntos estratégicos a lo largo de la carretera interamericana amanecieron con multitudinarias asambleas de comunitarios de los pueblos K’iche’s, Ixiles, Kaqchikeles, Xinkas, Mam, y los demás pueblos respaldando a sus autoridades que viajaban a la capital a exigir la renuncia de los funcionarios repudiados.
Por más de 20 días, en las carreteras desfilaron miles y miles de mujeres, hombres, niñas y niños que pronunciaron y escucharon discursos que analizaban la realidad social, la explotación y exclusión que vivimos los pueblos indígenas y toda la sociedad. Se habló también de la fuerza material que las comunidades poseen: sus alimentos, sus ríos, aguas y bosques. Son el colchón desde donde descansa la vida de los comunitarios.
Este levantamiento es una clara muestra de la expansión de la política comunal más allá de sus comunidades, contrario a los argumentos que consideran que la intervención pública de las comunidades sólo se circunscribe a sus localidades.
Es importante pensar en la geografía para entenderla. Si bien el llamado al levantamiento vino de Totonicapán, Sololá, Chichicastenango, Santa Lucía, Nebaj, Ixcán y San Cristóbal, fue desde la voz de sus cantones y caseríos donde se gestó la fuerza que sostiene este levantamiento. Sí, un cantón es una delimitación territorial con un sistema político que organiza la vida colectiva con sus comités y estructuras de autoridad que rotan. Las aldeas se componen de cantones y los cantones a su vez están poblados de caseríos. Entonces, ¿cuál es la importancia de los cantones en estas movilizaciones?
El papel de los cantones es determinante para pensar cómo se expandió y enlazó la acción conjunta acuerpándose en la movilización, dado que cada cantón ha producido mecanismos para sostener la vida cotidiana y una estructura política.
En Totonicapán hay 48 cantones y 91 cantones en Chichicastenango, hay 15 cantones y aldeas con 83 caseríos en Sololá, 14 cantones en San Cristóbal, cuatro cantones y 54 comunidades en Santa Lucía y, para el caso de Nebaj, 104. Así, la geografía cantonal amuebla lo social en Guatemala.
La geografía cantonal traspasa a las divisiones geográficas republicanas. Estamos hablando de una clave estructural para pensar cómo desde el territorio indígena se enlazan las estrategias que han producido la coordinación entre tantos pueblos diversos.
Dicha condición nos coloca frente a una histórica estrategia de coordinación y acuerdo. Sobre esto, el Vicepresidente de 48 Cantones Basilio Puac reflexiona de la siguiente manera: “Cada pueblo tiene su propia autonomía, y no siempre llegamos a acuerdos, pero seguimos juntos y luchamos por lo mismo, aunque de manera diferente”.
Esto que menciona Puac se mostraba ya en 2016, en otro gran momento cuando las Autoridades Indígenas plantearon su lucha por la defensa de su prerrogativa al reconocimiento de su propio sistema de justicia. Uno de los principios de la coordinación entonces era: “ninguna autoridad manda sobre otra autoridad para ponernos de acuerdo”.
La movilización por defender la democracia que vino de los cantones fue respondida por las ciudades. Ocurrió en la ciudad en por lo menos tres fases. La primera estuvo caracterizada por los indígenas de las comunidades de Occidente que viven en la ciudad, quienes se volcaron al recibimiento, apoyo y acuerpamiento de sus autoridades comunales desde el 2 de octubre. Hay una cantidad considerable de comerciantes y trabajadores k'iche's de Totonicapán y Chichicastenango en la capital, así como de Kaqchikeles, quienes fueron las y los que apoyaron a sus autoridades. En esta etapa también se presentaron algunos sectores religiosos.
Un segundo momento, empezó el 18 de octubre cuando los 105 mercados se sumaron al llamado de la autoridades y acuerparon el paro por varios días frente al MP para presentar su apoyo y sus demandas a las Autoridades Indígenas.
Dentro de este universo de los mercados, también se sumaron al paro otros trabajadores de la economía popular, tales como las vendedoras de tortillas, lustradores de zapatos y vendedores de tiendas barriales. Luego se sumaron, también, diversos barrios populares. Cabe resaltar la Colonia Bethania, la Zona 5 y la Zona 18, que se fueron levantando paulatinamente y sostuvieron los puntos de resistencia en la ciudad.
Un tercer momento empieza aproximadamente el 20 de octubre. Es cuando la ciudad y sus capas medias se unieron masivamente al levantamiento, desde Colectivos Trans, pasando por los médicos, estudiantes, artistas, agrupaciones de hijos de desaparecidos, instaladores de sonido de automóviles, entre varios más que se presentaron a acuerpar este levantamiento. Juntos, paralizaron el país.
“La historia siempre trata de dividirnos entre hermanos, entre kaqchikeles y k’iches” dijo el Alcalde Indígena de Sololá Misrahi Xoquic el 1 de noviembre de 2023. “Pero aquí estamos juntos con la frente levantada y no nos vamos a doblegar, hermanos. No vamos a traicionar al pueblo. Invitamos a la ciudad a que sigan uniéndose”.
Las estrategias de las autoridades fueron leídas y entendidas por la población en general y se convirtieron en inteligencia colectiva.
Por ejemplo, la noche del 5 de octubre en los alrededores del MP se presentaron encapuchados armados para agredir la resistencia y buscando al presidente de 48 Cantones, Luis Pacheco. Los encapuchados se identificaron como vendedores de La Terminal.
Esta agresión fue enfrentada por las autoridades comunales que lograron frenar la acción de intimidación por la vía del diálogo. Al día siguiente, el 6 de octubre se presentaron locatarios del Mercado de la Terminal manifestando que sí apoyaban las acciones de las comunidades.
Ya para el día 9 de octubre se declara el cierre total de los mercados y, con el paso de los días, se van a desarrollar marchas con los 105 mercados de la ciudad capital. Ante las acciones de intimidación, fue la misma población quien se presentó a respaldar a las Autoridades Comunales.
Para el 10 de octubre los antimotines comienzan a querer desalojar los puntos de resistencia. En la Colonia Bethania los vecinos logran mantener su punto de resistencia y lo hacen sin violencia. La Bethania también retomó las consignas de que se trataba de una protesta pacífica sin violencias y que los puntos de resistencia se detendrían si la Fiscal Porras renunciaba.
Una escena del levantamiento en la Ciudad de Guatemala. Foto © Cristina Chiquín.
Sobre el tablero de ajedrez comunal
“Les tenemos preparada una sorpresa. Así como nos han sorprendido ellos, le vamos a dar una sorpresa”, dijo el Alcalde Indígena de Sololá cuando evaluaban las acciones del paro. Decía el alcalde que los pueblos siempre han tenido sus tiempos y estrategias y que han tenido la capacidad de reunir la energía para adueñarse de la historia.
Pacheco, el presidente de los 48 cantones, hizo eco de Xoquic en un discurso en noviembre. “Hemos cambiado de estrategia, pero esto no significa que estamos perdiendo fuerza, nada más hemos reorganizado nuestras estrategias, que son pacíficas y públicas”.
A mi entender, a lo que Pacheco y Xoquic se referían puede ser leído como un juego estratégico similar a una partida de ajedrez, en la cual cada movimiento es discutido y socializado con sus asambleas.
A la luz del análisis realizado, sus acciones judiciales fueron encaminadas en todas las direcciones posibles. Es decir, se han presentado amparos en la Corte de Constitucionalidad, memoriales en el congreso y denuncias ante los tribunales. Analizar en su conjunto las actividades que han desarrollado las Autoridades Indígenas nos da una pauta de cómo apuntaron a todas las direcciones, combinando acción directa con una intensa actividad jurídica.
Las reglas del ajedrez son rígidas. Los jugadores buscan primero eliminar a los alfiles y las torres para llegar al rey y la reina. Las estrategias de las autoridades indígenas van más allá del ajedrez. Subvierten el tablero y las piezas y mueven todo el juego con la fuerza de las movilizaciones.
“Estamos manifestando contra el actual gobierno y, si el gobierno nuevo nos traiciona, también nos levantaremos contra él. Hemos cambiado de estrategia, para reorganizarnos”, dijo Pacheco, el Presidente de los 48 cantones, el mismo 4 de noviembre en la plaza central de la capital.
Como se dice en Totonicapán, “La vara manda". Es la encarnación de la voluntad comunal tomada en asambleas. La asamblea otorga autoridad, la autoridad comunal la deposita en algunas personas. Pero esa persona no actúa por sí misma, sino que lo hace en función de la voluntad colectiva. Las varas no son de una persona, las varas son de la comunidad.
Haz clic aquí para revisar una tabla de algunas acciones jurídicas realizadas por Autoridades Indígenas con respecto a las elecciones y la renuncia de funcionarios de alto nivel elaborada por la autora.
