Reportaje • Gladys Tzul Tzul y Simón Antonio Ramón • 10 de mayo, 2023 • Read in English

El día del inicio de las campañas electorales en Guatemala, los pueblos de Totonicapán y Sololá se levantaron, tomando la carretera Interamericana en varios puntos.

Desde el 26 de marzo y durante más de 48 horas, las comunidades de Totonicapán, Sololá, Quiché y otras se movilizaron contra una nueva iniciativa de ley que pretende obligar a los pequeños comerciantes a emitir facturas y los obliga a incorporarse al sistema tributario.

La movilización social comunitaria, articulada con sectores de la economía popular, revela la capacidad de veto contra el Estado y sus instancias. El gobierno de Alejandro Giammattei tuvo que dar marcha atrás, y las campañas electorales quedaron marcadas por la potencia comunitaria. 

Las protestas contra los impuestos fijaron una pauta importante en un país donde siguen los desplazamientos de mujeres y hombres a Estados Unidos, donde los desalojos de tierras ocurren con frecuencia y donde la persecución penal a comunitarios, operadores de justicia y periodistas se han vuelto eventos cotidianos.

En Guatemala, así como en los países de Centroamérica, los grupos de élite pugnan, una vez más, por ocupar y explotar los territorios de los pueblos indígenas. Por ello presentaremos algunas claves para entender lo qué está en juego en el actual periodo electoral.

Rebelión y veto comunal

En los últimos meses de su presidencia, Giammattei intentó dar vida a un proyecto político de larga data de las élites guatemaltecas. Buscó insertar las dinámicas de la economía popular en registros tributarios, forzando a los pequeños negocios a inscribirse en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). 

Con esta medida, pretende extraer rentas fiscales a las economías populares, a la vez que lograría expandir el uso de la tecnología para el control y registro de sus actividades, pues el acceso a internet generalizado sería obligatorio para la utilización de las plataformas de generación de facturas. 

Más impuestos y más gastos sobre tales economías, además de la imposición de un complejo y demandante proceso de fiscalización representa una amenaza para la economía popular, por lo que fue enérgicamente rechazada. Las autoridades comunales presentaron memoriales alegando sus razones, al mismo tiempo que los comunitarios armaron bloqueos de caminos y cerraron mercados. 

Por esos motivos los días 26 y 27 de marzo se organizó una protesta masiva contra tales iniciativas, liderada por la Junta Directiva de 48 Cantones de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá. Con el paso de las horas, se fueron uniendo e incorporando más autoridades y pueblos como los comerciantes del mercado de Chichicastenango, Santa Lucía Utatlán, entre otras. 

Parte de la fuerza de la protesta fue la simultaneidad entre la carretera interamericana completamente ocupada, con discursos y consignas en defensa de la economía popular y el cierre completo de mercados municipales y tiendas en Totonicapán y Sololá.  

La movilización obligó a diversas instancias del sistema político nacional (el Congreso, la presidencia y la SAT) a retirar el acuerdo gubernativo 12-23 que pretendía obligar a los pequeños comerciantes a emitir facturas contables. También llevó a la cancelación de la Iniciativa de ley No. 6165 que genera condiciones para incorporarlos al sistema tributario. 

Criminalización, despojo y migración

Las comunidades organizadas en resistencia denuncian que en tiempos de elecciones los partidos políticos, tanto de doctrinas ideológicas progresistas, socialistas, conservadores o liberales, llegan a disputar los liderazgos en los pueblos, con lo cual se rompe el tejido social que han ido reconstruyendo desde hace varios años.

“Hay muchas órdenes de captura contra los comunitarios q’eqchi’s, pero ninguna organización, ni partido, se han movilizado, pues andan en campaña electoral”, señaló una mujer que analizó el momento electoral en entrevista con nosotros en la ciudad de Guatemala, quien pidió anonimato por seguridad. 

Así, como el levantamiento por la defensa de la economía popular marcó los primeros días de campaña, a lo largo de abril, los desalojos de tierras y criminalización contra comunidades no han parado.

El 10 de abril, se intentó hacer un desalojo en la comunidad Kumatz de Barillas, Huehuetenango. A fines del mismo mes, la Policía Nacional Civil intentó desalojar la comunidad Marichaj de Alta Verapaz. 

Ambas comunidades se encuentran ubicadas en la Franja Transversal del Norte, espacio donde se juega la expansión de las fincas de palma aceitera. De ahí que esa sea la región donde se desarrollan la mayor cantidad de despojos de tierras a las comunidades, según denuncias de los comunitarios.

El 23 de abril tres comunitarios fueron detenidos en el campamento al que fueron reubicados los habitantes de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento de Petén, la cual fue desalojada hace casi seis años.

Las comunidades manifiestan que la mayoría de desalojos ocurren por las noches, sin una orden judicial, con lujo de fuerza y en los momentos más vulnerables para niñxs y personas mayores. Tal es el caso emblemático de la comunidad Cubil Witz en el departamento de Alta Verapaz, ocurrido en agosto de 2020 cuando el país estaba bajo estado de excepción impuesto por el gobierno durante la emergencia de Covid-19. En horas de la noche, un grupo armado comenzó a quemar las casas de las 40 familias que vivían en la comunidad. 

Los territorios de las comunidades indígenas son de interés fundamental para el proceso de acumulación y despojo capitalista. El año pasado ocurrieron quemas de casas y de cosechas de comunidades enteras en territorio q’eqchi’. Mientras, en la Franja Transversal del Norte y la zona del Polochic, el acaparamiento de tierras ha dejado a las comunidades sin medios de subsistencia.

Según los datos de Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO), el aumento de las olas de desplazamiento de ciertas comunidades indígenas hacia Estados Unidos se corresponden con los procesos de despojo de sus territorios.

El Center for Indigenous Languages and Power (CILP), que es parte de CIELO, nota que el 32 por ciento de los migrantes indígenas en más de 30 estados de EE.UU. con los que trabajó en 2022 son del pueblo maya q’eqch’i, seguido por el chuj, mam y mixteco.

En este contexto se pueden comprender las condiciones que forzaron el desplazamiento de los 40 jóvenes migrantes que murieron calcinados en una estación migratoria en Ciudad Juárez, también a finales de marzo. Entre ellos, algunos eran personas k’ich’e, q'anjob'al, q’eqchi’ y mam de Guatemala, así como varios hondureños.

Familiares de los fallecidos manifestaron que los jóvenes tuvieron que irse debido al despojo de sus tierras, al desempleo y al efecto de las inundaciones que les han hecho perder sus cosechas, entre tantas otras razones. 

Las comunidades despojadas de sus tierras se desplazan en búsqueda de horizontes para apoyar a sus comunidades, o para reconstruirse luego de los desalojos. El año pasado, fueron más de 94,000 los migrantes deportados de Estados Unidos a Guatemala.

Elecciones y regresión judicial

Con este panorama, el 25 de junio próximo se realizarán las elecciones generales donde se elegirá a 340 alcaldes, alcaldesas e integrantes del consejo municipal de cada municipio, 160 diputadas y diputados al Congreso de la República, tanto por listado nacional como distrital, y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen). La segunda vuelta se realizaría, si fuera necesario, el 20 de agosto.

Según el abogado Edie Cux de la organización Acción Ciudadana, hay indicios de que en el actual proceso electoral se estaría orquestando un fraude electoral, más allá de la manipulación, anomalías y mala gestión logística de la organización de los comicios que han marcado, casi siempre, las elecciones generales en Guatemala. 

Para estas elecciones habrá 24 candidaturas que buscan la presidencia y vicepresidencia, más un binomio pendiente de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera las controversias para su inscripción. Este 2 de mayo la CC confirmó la exclusión de la candidatura de Thelma Cabrera a la presidencia por el partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) junto a Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos (PDH). 

El proceso electoral está instalado en la agenda empresarial, enlazada con actores tradicionales junto a grupos delictivos. Estos actores jugaron un papel determinante durante el conflicto armado, como el caso de la hija del genocida Efraín Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, es ahora candidata a la presidencia por la coalición de partidos Valor y Unionista. También lo son Manuel Conde, ex militar, candidato a la presidencia por el partido oficial Vamos y Giulio Talamonti del partido Unión Republicana ligado también al poder militar, entre otros. 

La última elección en Guatemala tuvo lugar en 2019 cuando fueron electos Giammattei y Guillermo Castillo; en esa ocasión hubo más del 60 por ciento de abstención, la más alta en los últimos 20 años. La falta de confianza generalizada en el sistema electoral se tiene que entender, también, en un contexto de desestructuración de una parte importante del sistema judicial.

Actualmente 38 funcionarios del sistema judicial y del Ministerio Público se encuentran en condición de exiliados. El abandono del país de los funcionarios judiciales se aceleró tras la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, como efecto de la persecución por su trabajo en la construcción de cierta institucionalidad democrática, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.

Por otra parte, en abril pasado, se removieron y trasladaron de sus cargos a fiscales del Ministerio Público que llevaron a cabo procesos de investigación para llevar ante la justicia a militares de alto rango acusados de integrar estructuras clandestinas que secuestraron y desaparecieron a sindicalistas, campesinos, estudiantes y comunitarios en la década de 1980. 

Se destacan casos como la criminalización del ex fiscal Orlando López, quien llevó a juicio a Ríos Montt; la remoción de Hilda Pineda, quien también fue fiscal en el caso de Genocidio; y de Elena Sut, quien litiga en el caso conocido como Diario militar.

Otro caso es el de Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FEC), quien llevó ante la justicia a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y al ex presidente Otto Pérez Molina, que fueron sentenciados por corrupción en el caso La Línea en diciembre de 2022. 

Es importante entender que el proceso de persecución y criminalización contra comunidades indígenas es la escuela para la actual persecución de funcionarios judiciales. 

“Eso siempre había ocurrido en las comunidades indígenas, se les ha encarcelado, no se otorga medida sustitutiva y existen problemas de la mora judicial, violaciones en el derecho de defensa, se ha violentado el acceso al idioma propio”, señala la abogada maya k’ich’e Lucía Xiloj. Nota que las prácticas de persecución que actualmente se señalan con respeto a operadores de justicia son las mismas que se aplican en casos de pueblos indígenas y comunidades criminalizadas. 

“Se habían intentado algunas reformas al sistema de justicia impulsadas por pueblos indígenas y derechos humanos” comentó Xiloj. “Primero con el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público, la [Corte Suprema de Justicia] y la CC, con la carrera judicial, pero estamos en un proceso de regresión”.

Al momento de escribir este artículo, el Congreso de la República se niega a elegir magistradas y magistrados a las Cortes de Apelaciones y la CSJ, lo que ha provocado la extensión de facto del mandato de quienes han contribuido a tal regresión.

Eso es un reflejo del debilitamiento del sistema de justicia y de la falta de justicia, mucho más generalizada, a lo largo y ancho del país.

Todo esto ocurre a varios años ya de persecución penal y encarcelamiento contra comunitarios de las resistencias, comunicadoras de las radios comunitarias, periodistas indígenas y periodistas que desarrollan su labor en la ciudad. Así, las elecciones de 2023 se avizoran como las más cuestionadas de los 27 años tras la firma de los Acuerdos de Paz.

La ola de violencias en los territorios es la única presencia del Estado en las comunidades. Mientras tanto, los comunitarios se defienden y refuerzan sus estructuras de gobierno. Saben que ni sus necesidades ni sus horizontes caben en las urnas de latifundistas, criminales, militares y ex militares.

Los presidentes van y vienen pero las estructuras comunales seguirán funcionando, se defenderá la tierra, el agua, la economía popular y se luchará por mantener la memoria viva.