Guatemala: La política electoral desde los territorios indígenas
Una mujer de la tercera edad en Santa Catarina, Sololá, muestra su dedo después de haber votado el 25 de junio, 2023. Foto: María Guarchaj Carrillo.
Opinión • Gladys Tzul Tzul y María Guarchaj Carrillo • 11 de agosto 2023 • Read in English
Las últimas elecciones en Guatemala se han sumado a una crisis política e institucional de larga data, afectando no solamente asuntos de orden nacional, sino al equilibrio de poder a nivel local.
Según los resultados del 25 de junio, los presidenciables Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de tendencia de centro derecha y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, que se autonombra socialdemócrata, competirían en una segunda vuelta a realizarse el 20 de agosto.
Hoy, a menos de dos semanas de los nuevos comicios, el proceso electoral se encuentra rodeado de inestabilidad. Luego de que se conocieron los resultados finales en los últimos días de junio, una coalición de nueve partidos, encabezados por el partido VALOR, quien postulaba a Zury Ríos—hija del genocida juzgado Efraín Ríos Montt— denunciaron fraude ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Del 26 de junio a esta fecha, ha ocurrido una cadena de acciones judiciales, que han rebotado en la CC, Corte Suprema de Justicia (CSJ), TSE y el Ministerio Público (MP). Estas instituciones, en una suerte de juego de ajedrez, han movido sus piezas para imponer su orden, de tal forma que se ordenó la revisión de actas, se revisaron las impugnaciones y se pusieron en suspenso los resultados finales.
Esta crisis ha puesto en entredicho las elecciones presidenciales, pero también alcanzó a los comicios municipales. Por lo menos en 10 municipios, entre ellos Santa Cruz Chinautla, San José del Golfo, San Pablo Jocopilas, San Martín Zapotitlán, San Bartolomé Jocotenango, San Pedro Yepocapa y San Miguel Petapa, ocurrieron quemas de papeletas, robo de urnas y enfrentamientos entre la población.
Como resultado, se repetirán las elecciones en seis municipios el 20 de agosto.
Por otro lado, el 12 de julio el MP dió a conocer que se empezaba un proceso para anular la personalidad jurídica del Movimiento Semilla por denuncias de falsificación de datos y lavado de dinero. Esto puso de nuevo en suspenso el resultado electoral, pues trastoca la correlación de fuerzas a nivel general. Dicho partido, además de correr por la segunda vuelta presidencial, también constituye la tercera fuerza en el Congreso con 23 diputados.
El movimiento Semilla es un partido político jóven, que lanzó a Arévalo por primera vez como candidato presidencial. Representa una fracción de la clase media alta y mestiza. Su base principal se encuentra en la ciudad capital y en varios municipios del occidente y el oriente del país. Para el periodo 2020-2024, Semilla se constituyó como oposición en el congreso de la república con seis diputados.
El hecho de que el Movimiento Semilla apareciera como segundo en las preferencias electorales, en gran medida obedeció al cálculo ciudadano que optó por el rechazo a las élites militares que buscan el gobierno. Vale la pena hacer notar que el voto nulo alcanzó un 17 por ciento del total de votos emitidos.
Desde los comicios en junio, han sucedido visitas de la Organización de Estados Americanos para hacer verificación de las elecciones. Se han abierto denuncias contra los miembros y fundadores del Partido Político Semilla y la contienda del 20 de agosto se encuentra en entredicho dado que la misma existencia del partido está en cuestión.
Todo esto coloca a Guatemala plenamente en la crisis centroamericana, en condiciones sociopolíticas similares a los tiempos de la guerra. Pues, mientras que la inestabilidad política estatal va en marcha, la persecución y la violencia política contra las comunidades indígenas que defienden sus tierras siguen su curso. Por ello hay que ir más allá de la presidencia y el congreso nacional y mirar lo que ocurre en los distintos territorios del país.
De cómo el poder municipal se enlaza con lo nacional
La jornada electoral del 25 de junio provocó una serie de continuidades y cambios. Según información del TSE, en lo que respecta a lo municipal, se re-eligieron 83 planillas del total de 340 municipios. De los 257 restantes, se pudo notar que algunos ya habían ejercido un cargo público como alcaldes en los años anteriores. Existe una predominante mayoría de alcaldes re-electos del partido oficial VAMOS, quienes sumaron un total de 126 planillas municipales, seguidos por Cabal con 49, UNE 43, Valor con 13, Unionista 10 y los Comités Cívicos que suman 20 planillas municipales. Semilla alcanzó tan solo dos planillas municipales.
Esta información puede ser analizada de dos maneras.
La primera es el comportamiento electoral municipal: las elecciones serían resultado del conocimiento, alianzas y acuerdos con el candidato local y no necesariamente con el partido político.
En segundo lugar, revela las alianzas municipales con el partido oficial, pues en más de 120 municipios lograron establecerse ese tipo de alianzas con el partido que gobierna.
De los alcaldes municipales electos, tan solo en un municipio resultó ganadora de la alcaldía una mujer indígena, por el conservador partido VIVA. Ni en las planillas municipales ni en otros cargos, las mujeres y las mujeres indígenas tuvieron espacios predominantes.
Para entender mejor el panorama local en varios lados, revisamos lo sucedido en cinco localidades del país: Santa Catarina Ixtahuacán, Nebaj, El Estor, San Pablo Jocopilas y Totonicapán
En Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en la región de la bocacosta, mayoritariamente maya hablante k’iche’, madres y abuelas de la tercera edad fueron quienes asistieron mayoritariamente a emitir sufragio.
En dicho municipio se postularon 4 partidos políticos, incluido el partido oficialista mismo que fue reelecto, siendo el más votado Pascual Tambriz Tzep, seguido por Cabal, UNE, Valor y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. (MLP).
En este municipio se consolidó la continuidad de Tambriz, quien ya ha estado durante 12 años como alcalde de la municipalidad y que espera cumplir su cuarto período. En la pasada contienda, fue elegido por el partido UNE. En Santa Catarina Ixtahuacán existe un alto índice de migración juvenil a Estados Unidos, de hecho dos jóvenes migrantes, quienes murieron calcinados en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, eran originarios de este municipio.
Tambriz no garantizó el cumplimiento de acuerdos de seguridad en el conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Tal enfrentamiento territorial entre ambos municipios ha cobrado vidas y la población ha tenido que vivir bajo Estado de sitio.
En San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, la Junta Electoral denunció agresiones por parte de ciudadanos. Según se ha dado a conocer, el 25 de junio en horas de la noche cuando se habían contabilizado tres mesas, ingresaron personas a quemar boletas.
Actualmente, este municipio trilingüe, K’iche’-Kakquichel-Español, ubicado en la bocacosta, es gobernado por Melvin Macario del oficialista Vamos, quien buscaba re-elegirse en su segunda gestión. Hasta la fecha no hay resultado de las comicios y el TSE dictaminó la repetición de las elecciones en 20 de agosto.
En la gestión de dicho alcalde se han conocido juicios penales en materia laboral, donde se le ordena la reinstalación de trabajadores municipales a quienes lleva varios meses sin pagarles. Otra de las características de San Pablo Jocopilas es que cientos de jóvenes tienen que migrar hacia los Estados Unidos.
El Estor, Izabal, es un municipio que por más de tres años ha estado militarizado a raíz de la imposición de la continuidad de labores de la Minera CGN contra la que los pobladores maya q’eqchi’ han presentado recursos legales y realizado manifestaciones pacíficas contras las operaciones ilegales.
Así pues, esta jornada electoral estuvo caracterizada por una fuerte presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y Ejército. El oficialista Genaro Icó, del partido VAMOS, resultó ganador seguido por Armando Warren por el partido Cabal. Para los pobladores, Ico representa la continuidad del gobierno central que ha dictado órdenes para la suspensión de derechos fundamentales a fin de imponer por la fuerza las operaciones de la mina.
En la cabecera municipal del territorio Quiche’ de Totonicapán las elecciones se realizaron bajo la sombra del juicio actualmente en marcha por la masacre ocurrida el 4 de octubre de 2012, donde murieron seis comunitarios y más de 70 quedaron heridos.
Totonicapán es un municipio donde la densidad política de los 48 Cantones ha construido un sistema político comunal propio, que disputa el orden público. Las elecciones dieron el siguiente resultado: el conservador Cabal, con Luis Herrera, logró su tercer periodo de elección, seguido por Valor y BIEN.
Herrera, un hombre no indígena gobernará en un pueblo con alta densidad indígena. Llama la atención que en esta contienda ingresaron miembros de la antigua estructura caciquil de los Arévalo Barrios, una familia no indígena que gobernó por más de 25 años este pueblo.
Fue bajó el gobierno de esta familia que ocurrió la Masacre del 4 de octubre de 2012, así como las manifestaciones de 2001 cuando quisieron imponer impuesto sobre tierras comunales. Esta familia es enlace del partido fundado por el fallecido Ríos Montt, que fue enjuiciado por genocidio. En estas elecciones, una mujer de esa familia ingresó como diputada departamental. Cabe aclarar que, hasta donde sabemos, la familia Arévalo de Totonicapán no tiene relación con Bernardo Arévalo del partido Semilla.
La vida política en Santa María Nebaj siempre ha influido en la vida nacional, tanto por las luchas contra las hidroeléctricas y por el Juicio por Genocidio. En estas elecciones resultó ganador Ramón Raymundo de la UNE, seguido por Vamos y en el tercer puesto Cabal. En estos comicios se rompió el orden anterior que disputaban Pedro Raymundo (Cabal) y Virgilio Bernal (Vamos) quienes por más de 30 años han disputado las elecciones.
El 1 de septiembre de 2022 el Alcalde Municipal de Santa María Nebaj mandó a desalojar ilegalmente a la Alcaldía Indígena, lo cual profundizó más la tensión con las comunidades, los sectores de transportistas, mujeres organizadas y sectores del mercado. Estos antecedentes moldearon de muchas maneras el voto en junio.
¿Las elecciones municipales provocaron un recambio en el poder?
Lo que hemos visto son dinámicas de continuidad de funcionarios aunque hayan cambiado de partido. El orden local del poder constituye un prisma del andamiaje político en el que se disputará la vida en los siguientes años.
Para este periodo, el Tribunal Supremo Electoral amplió la cobertura de mesas receptoras de votos, esta extensión se manifestó en territorios indígenas.
Esto provocó dos cosas: la primera fue la descentralización del voto llevando a la creación de nuevos núcleos de elección en los territorios, y la segunda fue que se cargó a las autoridades comunitarias de más responsabilidades.
“Nosotros le hemos ahorrado miles de quetzales al TSE porque ellos no han podido financiar sus elecciones, y nosotros apoyamos por una responsabilidad con la comunidad”, manifestó un alcalde comunal local a un reportero de Radio Comunitaria La Niña de Totonicapán.
Las elecciones estatales representan un recambio en las fuerzas en el poder municipal que afectarán en el despliegue de la política comunal. Vivimos un tiempo que exhibe la superposición de la crisis política en Guatemala y que muestra el andamiaje institucional en medio de una violencia muy severa en los territorios. Así como en tiempos de la guerra civil.
