El largo camino hacia la memoria, la verdad y la justicia en Argentina
Manifestantes en Buenos Aires el 24 de Marzo 2024, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 48 años del Golpe Cívico Militar. Al menos 30,400 personas fueron desaparecidas en Argentina durante la dictadura. Foto © Marita Costa.
Reportaje • Martina Jaureguy • 25 de marzo, 2024 • Originalmente publicado en el Buenos Aires Herald el 2 de febrero de 2024 • Read in English
En Argentina, cada 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha corresponde al aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar, que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Unas 30 mil personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas por el régimen dictatorial. Sus familiares, aún hoy, exigen saber qué sucedió con ellos y ellas. Compartimos esa historia sobre el trabajo forense y de memoria que sigue de pie en la fosa clandestina más grande en Argentina —Eds.
María Angélica Racedo dormía en su habitación, con 10 de sus hermanas y hermanos. Al lado, sus dos hermanos pequeños dormían con sus padres.
De repente, a las 2 de la madrugada, escuchó un golpe fuerte. Una horda de soldados se había metido por la fuerza a su casa. Un oficial bloqueó la puerta, atrapando a los niños en su habitación, pero Racedo vio lo que pasó después. Los hombres arrastraron a sus padres fuera de la cama, e incluso intentaron llevarse a su hermanito. Su madre, Alcira, les gritó que lo dejaran. Los oficiales encerraron a la pareja en el maletero de un coche y se fueron. Racedo nunca volvió a ver a sus padres.
Era mayo de 1976, dos meses después de que una brutal junta militar derrocara al gobierno y tomara el poder en Argentina.
Cuarenta años después, los padres de Racedo, Alcira Ochoa y José Inocencio Racedo, fueron identificados como dos de las 149 víctimas halladas en el Pozo de Vargas, la fosa común más grande de Argentina.
Son sólo dos de las 119 víctimas que han sido identificadas, las más recientes apenas en enero de este año.
Una era el trabajador de la industria azucarera Carlos Santillán. La otra era uno de los tres hermanos de la familia Arévalo; los científicos forenses no pudieron determinar cuál. Se cree que los tres fueron arrojados a la fosa pero, como no tenían hijos, los investigadores no pudieron establecer una correspondencia de ADN más precisa.
El Pozo de Vargas se encuentra en Tafí Viejo, en las afueras de San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia de Tucumán. Mide tres metros de ancho y 40 metros de profundidad. Construido en el siglo XIX, originalmente abastecía de agua a los ferrocarriles de vapor, hasta que cayó en desuso.
Décadas más tarde, en 1975, el ejército inició el Operativo Independencia, para eliminar a los grupos guerrilleros que presuntamente se habían asentado en zonas rurales de Tucumán. Convirtieron el pozo en una fosa común. Algunas de sus víctimas estaban muertas, pero a otras las arrojaron vivas y luego las fusilaron. Tras el golpe de 1976, siguieron usándolo para deshacerse de cadáveres, esta vez de víctimas del terrorismo de estado. Un año después, fue rellenado y cubierto de tierra.
Una ficha de búsqueda cerca del sitio de entierro clandestino conocido como Pozo de Vargas en Tucumán, Argentina. Foto: Espacio Para La Memoria.
Ocultos bajo un limonar
Durante casi tres décadas, la fosa permaneció oculta. Los militares plantaron árboles de limón en el terreno para ocultar el punto. Pero en abril de 2002, tras años de minuciosa investigación, un grupo de arqueólogos que ahora se llama Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) descubrió la ubicación de la fosa. Lo que encontraron dentro fue escalofriante.
"Entre los 28 y los 33.5 metros de profundidad, había unos 38 mil restos óseos", explicó el arqueólogo Ruy Zurita, cofundador del CAMIT.
Durante los últimos 20 años, el CAMIT ha colaborado de cerca con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización famosa por identificar a víctimas de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, para ofrecer respuestas a las familias afectadas.
El CAMIT excavó la fosa, extrayendo cuidadosamente huesos, retazos de ropa y cualquier otra cosa que hubiera en su interior. Enviaron los huesos por lotes a las oficinas del EAAF en Buenos Aires para que pudieran tomar muestras de ADN y posteriormente realizar pruebas en su laboratorio de Córdoba. El último paquete fue enviado en septiembre.
"Es un volumen enorme de restos que vienen mezclados, fragmentados. No viene un individuo articulado", dijo Gabriela Ghidini, que trabaja en el laboratorio de antropología del EAAF. "No era posible analizar todo el conjunto al mismo tiempo". Es por eso que, más de 20 años después, identifican nuevas víctimas de vez en cuando.
Una ficha de búsqueda cerca del sitio de entierro clandestino conocido como Pozo de Vargas en Tucumán, Argentina. Foto: Espacio Para La Memoria.
Representantes sindicales, activistas, políticos
¿Quiénes estaban en la fosa? "La gente que está dentro del Pozo de Vargas es la gente que no tuvo miedo", dijo Zurita. "Apuntaban a los que peleaban por sus derechos".
Las víctimas procedían de Tucumán y las provincias colindantes. Entre ellas había representantes sindicales del sector azucarero, militantes e incluso políticos, como el ex vicegobernador de Tucumán, Dardo Molina. Como en el resto del país, muchas personas no eran políticamente activas.
La familia Racedo vivía en Caspinchango, un pequeño asentamiento de chozas dispersas e intercaladas entre grandes fincas. José Inocencio trabajaba en los campos de una plantación cercana de caña de azúcar. La familia Racedo se enteraría más tarde de que Alcira estaba embarazada cuando la secuestraron.
En un juicio celebrado en 2010, testigos declararon haberlos visto en dos centros clandestinos de detención en Tucumán. Dijeron que sus captores los torturaron. A Racedo le dijeron que su madre había dado a luz, pero la familia nunca encontró al bebé.
El CAMIT y el EAAF buscan a los familiares más cercanos de las víctimas para conseguir la correspondencia de ADN más cercana posible. Las familias recurren a ellos con frecuencia, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Pero el paso del tiempo lo está haciendo más difícil.
"Pasó tanto tiempo que a veces es difícil encontrar a sus padres", dijo Ghidini.
En el largo camino hacia la memoria, la verdad y la justicia, identificar a las víctimas es sólo un paso. Las muertes no son la única consecuencia evidente del terrorismo de estado. "En Tucumán, el miedo sigue hoy", dijo Zurita. "Hay un daño en el tejido social. Lo que se hizo en Tucumán es horroroso".
Los restos de la pareja Racedo Ochoa fueron devueltos a su familia en 2022, 46 años después de su desaparición. "Cuando identificás [a una víctima] y entrás en contacto con la familia, es doloroso para ellos, pero también es aliviador", dijo Ghidini.
"Ahora tienen un cementerio donde ir a llevarle una flor. Le pone un cierre a la incertidumbre".
