Base Oculta revela criminalización de víctimas en México
Marcha feminista el 8 de marzo, 2020 en Guadalajara, Jalisco. Foto: Mariana Mora.
Reportaje • Mariana Mora • 18 de agosto de 2023 • Read in English
A Sibia Orozco la mataron en su casa. La noche del 3 de noviembre de 2020 un hombre entró y le disparó frente a su familia, en Guadalajara, Jalisco. Su caso está siendo investigado por la Fiscalía Estatal como presunto feminicidio; sin embargo, también forma parte de las 5 mil 529 mujeres que aparecen en una base de datos del Estado que registra supuestos homicidios vinculados a la delincuencia organizada. En este repositorio, Sibia y el 92.33% de las mujeres que aparecen ahí están catalogadas como “presuntas delincuentes fallecidas”.
Estos datos se encontraban en los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que el colectivo Guacamaya hizo públicos a través de una filtración en septiembre de 2022 y que las organizaciones Data Cívica e Intersecta verificaron y organizaron en una base de datos.
El hallazgo revela que la metodología para documentar lo que las autoridades llaman “homicidios vinculados a la delincuencia organizada”, aplicada durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, se mantuvo, por lo menos, durante los dos primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una filtración histórica revela que la criminalización no para
“Cuando nos cruzamos con esta base nos dimos cuenta de que se parecía mucho a la que se le había filtrado al CIDE antes”, narra Alicia Franco, coordinadora de análisis de datos de Data Cívica. Se refiere a la base de datos que se publicó en la página de la oficina de Presidencia a inicios del 2011, durante la administración de Calderón, pero que desapareció en septiembre del mismo año. Este registro era generado por el Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada (Grupo CANDADO), conformado por la SEDENA, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Federal Ministerial (PFM), la extinta Policía Federal (PF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Planeación Análisis, e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).
Después, en 2016, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) recibió una filtración de esta misma base, la cual verificaron e hicieron pública. En ella se registraban defunciones presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada ocurridas entre 2006 y 2011.
Durante años, estas mismas organizaciones, investigadorxs y periodistas solicitaron a distintas autoridades estos datos o incluso su actualización, pero siempre negaron contar con ellos. También pidieron conocer la metodología que usaban para establecer si un homicidio estaba vinculado a la delincuencia organizada, pero al negar que los datos existieran, negaban también una metodología para clasificarlos.
Captura de la Hoja de respuesta a solicitudes de acceso a la información emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el 22 de julio de 2020. El texto subrayado en la imagen dice: “Esta secretaría no cuenta con criterios o metodología alguna para determinar si un homicidio se encuentra vinculado a la delincuencia organizada, por no estar dentro de sus facultades el catalogar la situación o el estatus en que se encuentran las víctimas o perpetradores de un homicidio”.
Por eso, cuando Franco y sus compañeras encontraron esta base entre los más de cuatro millones de correos electrónicos filtrados de la SEDENA, decidieron llamarla la Base Oculta. El hallazgo también confirmó lo que era evidente en el país: que la estrategia de seguridad que inició en 2006 seguía vigente.
“Lo que más nos aporta es la oportunidad de entender cómo el Estado ve la guerra en México”, explica Franco, que también es economista y politóloga. Para ella, uno de los hallazgos más importantes sobre esto es que “mucha violencia en México se justifica a través de la criminalización de los civiles”.
La base de datos registra más de 58 mil eventos entre 2017 y 2020 que las autoridades relacionan con la delincuencia organizada y en los cuales reportaron 70 mil 898 muertes. En el 91.9 por ciento de los casos se afirma que al menos una de las personas fallecidas era “presunto delincuente”, sin embargo, solo en el 5.3 por ciento de esos hechos se registra a qué grupo delincuencial pertenecía la víctima.
Antigrita feminista, 16 de septiembre de 2020, Guadalajara. Foto: Mariana Mora.
El caso de Sibia, registrado en el evento 42945, forma parte del 94.7 por ciento de hechos en que no se sabe a qué grupo delictivo pertenecía.
“Mi hermana no era delincuente”, dice con seguridad Kathy Orozco, hermana mayor de Sibia. “Es más fácil decir ‘quién sabe qué andaba haciendo’ que investigar la causa real de su feminicidio”. Casi tres años después de su muerte, la Fiscalía de Jalisco no ha mostrado avances en la investigación y ni siquiera han permitido que la familia Orozco revise la carpeta, lo cual es su derecho como familiares.
La cortina de la negación se rompe
Aunque la criminalización de las víctimas en la Base Oculta afecta por igual a hombres y mujeres, los indicios que podrían determinar si la persona fallecida estaba vinculada de alguna forma a la delincuencia organizada, como el aseguramiento de armas, muestra diferencias. Se reportó el aseguramiento de armas en el 2.4 por ciento de los eventos en donde solo fallecieron hombres; en comparación, se reportó el aseguramiento de armas en el 0.7 por ciento de los eventos donde todas las fallecidas eran mujeres. Estos datos no reportan la identidad de género, por lo que podría haber personas cuyo sexo asignado no corresponde con su identidad. Además, hay 1099 personas fallecidas cuyo sexo no está registrado.
“El discurso estigmatizante en torno al crimen organizado está alcanzando a las mujeres como ocurre con los hombres”, explica Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta y abogada, que también trabajó en el análisis de la Base Oculta.
“Cumple la función de legitimar que no se investigue qué les pasó e invisibilizar los casos en los que sí haya causas de género, como puede haber clasismo o racismo involucrado”, dijo Vela por videollamada. Sobre estos datos, muchas veces erróneos, se sostiene el argumento con el cual el Estado explica la violencia del país.
El 13 de marzo de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su Conferencia Matutina que el 68 por ciento de los homicidios cometidos durante los últimos tres meses en México están relacionados a la delincuencia organizada. “Son asuntos de pleito de plaza”, aseguró.
Esta narrativa tiene su origen en los primeros años de guerra, pero en esta administración —que prometía en el Plan Nacional de Desarrollo “reformular el combate a las drogas” y “emprender la construcción de paz”— se mantuvo desde el principio. A poco más de un mes de haber asumido la presidencia, López Obrador mencionó por primera vez el término “homicidios vinculados a delincuencia organizada” en la Conferencia Matutina del 3 de enero de 2019, pero no comunicó los criterios para definir cuáles entraban en esta categoría.
Antigrita feminista, 16 de septiembre de 2020, Guadalajara. Foto: Mariana Mora.
Por su parte, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) —el órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República (FGR) que proporciona estos datos para la conferencia mañanera y los actualiza semanalmente— también ha negado contar con ellos y, por lo tanto, con una metodología para generarlos. Ojalá solicitó una entrevista al CENAPI y ésta fue negada más de una vez.
Sin embargo, este término se ha usado al menos otras 17 veces en las conferencias matutinas para argumentar que la mayor parte de homicidios en México son responsabilidad del crimen organizado, pero también para explicar que en la estrategia de seguridad “la prioridad está centrada a los delitos vinculados a delincuencia organizada”, como sostuvo el titular de la SEDENA el 9 de septiembre del año pasado. “Una de las hipótesis de por qué creemos que mantienen la base de datos es para justificar la estrategia de militarización”, dice Franco de Data Cívica.
Documento de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República. En las líneas resaltadas se resalta la solicitud de información enviada: “Deseo conocer algún documento que explique cómo se determina que un homicidio fue cometido por grupos del crimen organizado. ¿Qué criterios son los que se utilizan para verificar que un homicidio está vinculado a la delincuencia organizada?” Y la respuesta de la FGR: “No se localizaron coincidencias de lo solicitado en los términos exactos y/o precisos en los que fue requerido”.
Los eventos de la Base Oculta en que solo fallecieron mujeres se caracterizan, en su mayoría, por ser hallazgos de cuerpos con huellas de violencia, atados de manos o pies y asesinatos con armas de fuego en espacios públicos o privados.
Algunas de las circunstancias que el artículo 325 del Código Penal Federal considera para definir si el asesinato de una mujer fue por razón de género son: la presencia de violencia sexual, que a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones “degradantes” o que “el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público”. Muchas de las descripciones en la base tienen estas características; sin embargo, cuando se comunican estos datos en las conferencias matutinas no se presenta un análisis con perspectiva de género.
“Se privilegia hablar de un sujeto neutro que es básicamente masculino, por lo tanto, lo femenino se desdibuja y se pierde”, sostiene Julia Monárrez, investigadora especializada en violencia contra las mujeres en el marco de la guerra en México. “Tanto para hombres como para mujeres estos términos los dejan fuera del amparo de la justicia, ya que ‘se están matando entre ellos’ y estas confrontaciones bélicas no se asumen como parte de lo que el Estado debe prevenir, sancionar y erradicar”.
La violencia contra las mujeres en el contexto de la guerra
Cuando la guerra empezó, los asesinatos de mujeres aumentaron bruscamente: en 2006, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) registró un promedio de 3.4 muertes violentas de mujeres por día. Para 2012 este promedio pasó a 7.6 homicidios diarios y en 2021 llegó a 10.9. Además, en el año 2000, tres de cada diez mujeres fueron asesinadas con armas de fuego; en 2022, el 57.97% de estos homicidios se cometieron así.
“Las mujeres que son asesinadas en estos contextos tienen mucha vulnerabilidad detrás de ellas, por eso, sí debería analizarse desde una perspectiva de género”, explica María Salguero, ingeniera geofísica y creadora del Mapa de los Feminicidios en México. Se refiere a condiciones de marginación, desigualdad y la exposición a lo que ella llama un “alto ambiente criminógeno”.
Salguero lleva un registro de todas las muertes violentas de mujeres desde 2016, aun si no se investigan como feminicidio, y actualmente trabaja en la Fiscalía de Sonora haciendo análisis de contexto. Algunos cambios que ha observado en estos años son el uso creciente de armas largas en los asesinatos y que algunos feminicidas imitan los modus operandi del crimen organizado para confundir.
Mientras tanto, López Obrador atribuye la muerte de estas 5 mil 529 mujeres a la guerra contra las drogas que se sigue combatiendo en las calles. “Donde hay consumo interno, narcomenudeo, hay enfrentamientos”, aseguró en la misma conferencia en que presentó el último porcentaje de homicidios vinculados a delincuencia organizada. Y mientras esa guerra se combate, las mujeres siguen muriendo de forma violenta: de enero a junio de este año 1,716 mujeres fueron asesinadas; una cada 2.5 horas.
Antigrita feminista, 16 de septiembre de 2020, Guadalajara. Foto: Mariana Mora.
La resistencia al militarismo
La militarización, la criminalización y la violencia en México han encontrado en los feminismos una feroz oposición. Este año, hubo contingentes antimilitaristas en las movilizaciones por el 8 de marzo en la Ciudad de México y Guadalajara. “La militarización no ha frenado las desapariciones de personas, ni las masacres en todo el país. ¿No valdría la pena pensar socialmente en otras soluciones para frenar la violencia?”, reflexiona Lirba Cano, librera, educadora feminista y coordinadora de Cuerpos Parlantes, un espacio de investigación y formación donde convergen y se organizan muchas feministas de Guadalajara desde hace diez años.
Ahí se convocó al contingente contra la militarización el pasado 8 de marzo y se sigue gestando una resistencia ante las violencias que provoca. “Seguiremos creando espacios de encuentro para tejer una red política y afectiva que nos permita organizarnos masivamente, cuando llegue el momento”, sostiene Cano por teléfono.
Estas acciones son vitales en un contexto en que la justicia parece imposible para estas mujeres que perdieron la vida en una guerra y cuya muerte es usada para seguir justificándola. “Para mí, la verdadera justicia estaría en revelar la verdad detrás de lo sucedido a Sibia”, concluye Kathy Orozco, quien sabe que con el caso de su hermana se sostiene una mentira.
