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Disputando la semántica de la seguridad

Dibujo original para Ojalá por @PazConNadie.

Libros • Susana Draper • 26 de marzo, 2024 • Read in English

Aquí compartimos el primero de dos fragmentos de la introducción de Libres y sin miedo. Horizontes feministas para construir otros sentidos de justicia, de Susana Draper, publicado por Tinta Limón en febrero del año en curso. Haz click aquí para leer el segundo fragmento.

La intensificación de violencias estructurales generada por las políticas económicas neoliberales ha ido acompañada por una primacía de los paradigmas de seguridad, presencia policial y políticas punitivas con las que se criminaliza la pobreza y la conflictividad social. 

Como argumenta Loïc Wacquant, las políticas neoliberales generan la sensación de que hay un aumento en el “crimen”, cuando lo que acontece es un aumento en los procesos de criminalización selectiva que han acompasado sus políticas. 

Al analizar la reestructuración del Estado en el neoliberalismo, Maristella Svampa habla de “Estado de Seguridad” para nombrar una geografía político-jurídica en donde se incrementó la presencia y el poder policial para tratar la conflictividad a partir de formas de criminalización que se van extendiendo a diferentes grupos (por ejemplo, jóvenes pobres, personas migrantes, organizaciones político-sociales). 

En este mapa, son sintomáticas las propuestas para bajar la edad de imputabilidad penal en diferentes países de América Latina en la última década, con debates que siguen presentes en las agendas electorales. Si miramos desde la situación de las vidas y las comunidades cada vez más criminalizadas, pedir más control desde arriba termina reforzando formas sistémicas de violencia. 

Desde este prisma, la capacidad de entender las luchas para terminar con las violencias va de la mano de la necesidad de transformar el mundo en el que esas violencias existen, se metamorfosean e intensifican a lo largo del tiempo con diferentes dispositivos. 

Esta es una clave para poder pensar otros horizontes de responsabilización y justicia, ya que la respuesta usual que nos impone el Estado frente a la violencia de género viene del reforzamiento de los mecanismos de seguridad del propio Estado patriarcal y neoliberal. Sin embargo, estas medidas acontecen como parte de los diagramas de securitización que han generado también un aumento en el encarcelamiento de mujeres jamás visto en la historia. 

Entonces, intervenir contra las violencias en un momento histórico de fuerte tendencia a la criminalización y encarcelamiento nos impone la práctica de afinar el análisis y multiplicar los sentidos de justicia. Esto es algo que aprendemos de la toma colectiva de palabra que viene dándose desde la situación de las mujeres encarceladas, donde la denuncia a la violencia de género viene engarzada a una multiplicidad de despojos estatales y capitalistas, instalando así la pregunta por la justicia dentro de un horizonte más amplio de justicia social y ética hacia la vida.  

Del poder punitivo y de la violencia neoliberal

Muchas tensiones y debates en torno a justicia y feminismo no son nuevos, pero se han intensificado al calor del despliegue de las denuncias de abuso sexual que se generaron a partir del #MeToo y de las luchas contra los feminicidios. 

Usualmente, cuando se tiende a enfatizar el problema de feminismos y justicias desde un debate a nivel legal o jurídico centrado en las posiciones o sentencias relacionadas con la violencia sexual o los feminicidios, se produce una separación con respecto al mapa más amplio de violencias en las que estos acontecen. Esto tiene consecuencias a diferentes niveles porque, por un lado, se omite que, a mayor precarización de las condiciones materiales para sostener la vida, más aumentan las violencias, y a mayor aumento de violencias, más se refuerza un sistema de criminalización que castiga selectivamente a las vidas más precarizadas por este

Este es un circuito de violencias que se retroalimentan y de donde se hace difícil salir. Por otro lado, también se abstrae que, al poner la confianza en el sistema judicial existente, se está planteando una solución que hace “como si” este fuera neutro y como si el Estado fuera una figura imparcial. 

Sin embargo, cuando miramos el problema desde la complejidad de una violencia interpersonal, estatal y capitalista, la cuestión punitivista deja de ser un asunto moral para comprenderse en su trama neoliberal. En otras palabras, dejamos de hablar de punitivismo o antipunitivismo como asunto moral sobre la posición correcta respecto del castigo, para hablar de la complejidad del neoliberalismo como política económica que se ha caracterizado por acentuar sistemas de criminalización que funcionan como mecanismos que acompasan las violencias generadas por la precarización de la vida que produce. 

Los recortes a las condiciones básicas de vida (vivienda, sanidad, educación), llamados “gasto” social en la era neoliberal, fueron generando una crisis profunda en las condiciones materiales de reproducción social de la vida, acentuándose en un ataque frontal al tipo de trabajos y tareas realizadas históricamente por las mujeres y los cuerpos feminizados. 

Al compás de la implementación de sucesivos ajustes estructurales en los ochenta y recortes sociales en los noventa, se fue instalando a nivel hemisférico una larga política de “seguridad” en el encuadre neoliberal que instala la fórmula de “más seguridad” en términos de más policía, más militarización y más criminalización. 

En este sentido, los debates actuales nos instan a buscar y recrear una historia más larga y fragmentaria de los feminismos abolicionistas del sistema penal (en el Norte) o antipunitivistas (en el Sur) cuyas poéticas nos iluminan una historia extensa de análisis por la liberación y des/encarcelamiento social

Hacia horizontes antipunitivistas

Es importante desplegar sentidos que no reiteren la equivalencia semántica entre “seguridad” y los sistemas de vigilancia, aparato policial y militar, para que nuestras luchas no queden presas en la cadena de producción de más represión y militarización de la vida cotidiana que genera, como sabemos, más violencia. 

Si desde arriba se impone un esquema que va separando la “seguridad” de las posibilidades de tener condiciones de vida, que se reduce a la gestión policial y militar, desde los feminismos se ha insistido en la capacidad de articular los sentidos de seguridad a la posibilidad de tener seguridad territorial, vivienda, alimentos, educación y el deseo de vidas que valgan la pena vivirse. 

Al disputar su sentido, es clave forjar un análisis más allá de las formas en que nos determinan a pensar y a sentir para poder articular relaciones de mundos en los que queremos habitar. 

¿Cómo podemos sentir seguridad en nuestras vidas en comunidades donde todas las vidas sean vivibles en dignidad? ¿Por qué los medios de comunicación y los aparatos policiales tienen tanto interés en hacernos sentir cada vez más miedo e inseguridad, victimizando a las personas que son más protegidas por el sistema y generando la necesidad de justificar la ampliación de sistemas de control? 

Siguiendo el mapeo sagaz y complejo que hace Claudia Cesaroni, necesitamos desplegar sentidos para pensar “seguridad” que no sean la limitación y negación expresadas por muchos “que no” (que no me asalten, que no me roben, que no me violen). Los medios de comunicación dominantes promueven el miedo asociado a esos “que no” sin incluir el miedo a que no me quiten la vivienda, a no tener qué comer, a no tener de dónde sacar un salario, a que no suban los precios, a que no me echen del trabajo, a no endeudarme toda la vida solo para poder vivir. 

Dentro del esquema neoliberal, los discursos de “seguridad” se han ido limitando cada vez más a una relación con delitos y delincuencia, pandillas y narco, haciendo cada vez más angosta nuestra capacidad de imaginar vidas en las que la seguridad no venga de tener guardias, rejas, cámaras de vigilancia y policías, sino de comunidades capaces de sostener relaciones sociales dignas. 

Es por esto que se vuelve crucial enfatizar las formas de conectividad entre problemas para ampliar las dimensiones de luchas que se mueven en diferentes niveles y otorgan a la palabra “seguridad” múltiples sentidos diferentes en relación con la posibilidad de tener vidas dignas.