Opinión • Dawn Marie Paley • 24 de enero, 2025 • Read in English

Durante su primera semana en el cargo, Donald Trump ha impulsado a ritmo acelerado su objetivo de rehacer el gobierno de EE. UU. a su antojo. El día de su toma de posesión firmó 46 proclamaciones, memorandos y órdenes ejecutivas que amenazan la vida humana y no humana y consagran restricciones ultraconservadoras, racistas y antitrans explícitamente dirigidas a los miembros más vulnerables de la sociedad. Sus acciones amenazan con trastornar las vidas de millones de personas

Estas acciones presidenciales impulsarán la militarización al interior del país, bajo el pretexto de controlar la migración y los narcóticos a lo largo de la frontera sur. El miércoles, el Departamento de Defensa anunció que se enviarían a la frontera otros 1500 soldados en servicio activo, y es probable que haya muchos más despliegues de este tipo.

El ejército ha participado en operaciones antinarcóticos en EE.UU. desde 1989 a través de la Fuerza de Tarea Conjunta 6 (ahora llamada Fuerza de Tarea Conjunta Norte), que más recientemente ha empezado a involucrarse en el control de la migración desde una base militar en El Paso, Texas. La ampliación de esta tarea, con la multitudinaria llegada de tropas a la frontera sur para “luchar” contra las drogas y controlar la migración, potencialmente con una función policial, podría indicar la expansión de lo que he llamado capitalismo antidrogas.

El uso del ejército para controlar la migración y las drogas, especialmente durante periodos prolongados, puede acabar convirtiéndose en una profecía autocumplida, aumentando dramáticamente la violencia que los republicanos describen (falsamente) como algo que ya azota la frontera sur. Esto tendría repercusiones desastrosas en las comunidades de las ciudades, pueblos y reservas de la región fronteriza, lo que ya es claro para muchos residentes del lado estadounidense, cuyos amigos y familiares siguen expuestos a una violencia extrema al otro lado de la frontera en ciudades como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana.

Los republicanos han retratado a México como un país bajo control criminal. Durante décadas, la principal “solución” por parte de demócratas y republicanos en Washington ha sido más militarización, algo que ha desgarrado el tejido social y alimentado niveles de violencia desconocidos en distintas partes del país.

Espero que mis reflexiones sobre cómo la militarización del control de los narcóticos y la migración en México ha impulsado —y no detenido— la guerra, alimente una conversación sobre las posibles consecuencias del despliegue masivo de tropas en el sur de EE.UU.

Militarización y más militarización

Una de las cuatro proclamaciones que Trump firmó el 20 de enero clasifica el cruce de la frontera por parte de migrantes indocumentados de México a EE.UU. como una “invasión”, y pide al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), así como a la oficina del Fiscal General (AG), que “repelan, repatrien o expulsen” a los migrantes. Este decreto consagra estereotipos racistas sobre las personas migrantes como transmisores de enfermedades y como amenaza para la seguridad pública y nacional.

Otro decreto argumenta una emergencia nacional en la frontera de EE.UU. con México. “Nuestra frontera sur está invadida por cárteles, bandas criminales, conocidos terroristas, traficantes de personas, contrabandistas, hombres en edad militar provenientes de adversarios extranjeros y por narcóticos ilícitos que dañan a los estadounidenses, incluyendo Estados Unidos”, se lee en la proclamación que declara una emergencia nacional. Esa formulación es importante porque ilustra claramente la equiparación malintencionada de inmigrantes indocumentados con terroristas, traficantes, potenciales insurgentes y narcóticos, necesaria para demonizar, avivar el odio y criminalizar aún más a comunidades enteras. La proclamación concede al DHS y al Departamento de Defensa 90 días para decidir si invocan la Ley de Insurrección de 1807 a lo largo de la frontera sur, lo que permitiría al presidente desplegar el ejército o la Guardia Nacional para llevar a cabo tareas policiales.

De las 26 órdenes ejecutivas firmadas el lunes, una ordena al DHS y —de forma llamativa— al Departamento de Defensa que participen en la construcción de barreras y muros fronterizos, y que “tomen todas las medidas apropiadas y legales para desplegar suficiente personal a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos a fin de asegurar el control operativo completo”. Una más ordena al Comando Norte de EE.UU. que elabore un plan para “sellar” la frontera sur contra migrantes y narcóticos en un plazo de diez días. El memorando que pide la suspensión de la contratación de trabajadores federales no se aplica a las fuerzas armadas, al DHS ni a la policía.

La perspectiva desde México

Si algo nos enseña la experiencia mexicana es que cuando se despliegan tropas para hacer cumplir el prohibicionismo —especialmente si su presencia se establece durante un periodo prolongado— los resultados más probables son asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzosos.

En México, la militarización de la prohibición ha alimentado la violencia extrema durante casi dos décadas. La estrategia de utilizar soldados —que, cabe señalar, son armados y entrenados por EE.UU.— en funciones policiales para controlar el narcotráfico ha llevado a México por un camino de profundo sufrimiento, con más de medio millón de víctimas directas de homicidio y desaparición y cientos de miles de desplazados desde diciembre de 2006. 

Quisiera dejar algo en claro desde un principio: los cárteles no son grupos autónomos de villanos mafiosos. Antes bien, son actores armados no estatales, o grupos paramilitares, cuyo papel en el trasiego de narcóticos está articulado y regulado —a veces por la fuerza— por el ejército y la marina. Los cárteles son una consecuencia del prohibicionismo militarizado, no algo que este pueda destruir. 

Esta historia se remonta mucho tiempo atrás, pero en el último cuarto de siglo México recibió apoyo récord de Estados Unidos para reforzar su guerra contra los cárteles. Esto tuvo lugar en parte bajo la Iniciativa Mérida, un programa de seguridad y de transferencia de armas valorado en miles de millones de dólares que se extendió desde 2007 hasta 2021. Pero el flujo de narcóticos no disminuyó. En cambio, lo que ocurrió es que el ejército tercerizó el trabajo del narcotráfico a grupos paramilitarizados llamados cárteles a cambio de dos cosas: pagos por protección y cooperación para llevar a cabo la represión. 

En los últimos cinco años en México también hemos empezado a entender de forma más concreta cómo la participación del ejército en el control de la migración crea condiciones de peligro y riesgo de muerte para las personas migrantes que transitan por México. También restringe la movilidad de los mexicanos en general y afecta particularmente a la población afromexicana e indígena, que tiende a ser perfilada, revisada y detenida en mayor proporción.

Meses después de llegar a la presidencia en diciembre de 2018, y en el contexto de las presiones de Trump, Andrés Manuel López Obrador acordó aumentar el control de la migración por medio de un despliegue de tropas de la Guardia Nacional contra migrantes no mexicanos en tránsito hacia el norte. 

En mayo de 2019, el senado mexicano aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que igualaba los “flujos migratorios descontrolados” con otros “riesgos y amenazas” a la seguridad nacional, como el crimen organizado, el cambio climático y el colapso de infraestructuras críticas, entre otros. La primera prueba del uso de soldados en la detención de migrantes tuvo lugar del 10 al 30 de junio de 2019, apenas tres días después de que se alcanzara un acuerdo de control migratorio entre las administraciones de Trump y López Obrador tras la amenaza arancelaria inicial.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) de México, ésta comenzó a vigilar la migración debido a las caravanas migrantes de 2019. La DEFENSA señala el papel de activistas y el uso del sistema judicial como causas de que las autoridades migratorias se vieran “rebasadas”. Tal lectura de las caravanas de migrantes atribuye una intención maliciosa a lxs participantes, en lugar de entender esa forma de organizarse como un deseo de crear seguridad colectiva. Al mismo tiempo, despoja a los migrantes organizados de agencia al afirmar que están controlados o manipulados por activistas.

Las estadísticas de la DEFENSA muestran una rápida expansión de su papel en el control de la migración durante los últimos seis años (antes de 2018, el Ejército no publicaba estadísticas sobre la detención de migrantes). El ejército dijo el año pasado que estuvo involucrado en más de cinco millones de “rescates” de migrantes durante el sexenio de López Obrador. En México, “rescate” es un eufemismo utilizado para describir la detención de migrantes. 

No es coincidencia que el papel del crimen organizado en el movimiento de migrantes en México haya sufrido una profunda transformación desde 2019. El aumento del uso del ejército para controlar la migración y la militarización del Instituto Nacional de Migración han creado nuevas oportunidades para que los grupos criminales participen en el tránsito de migrantes de norte a sur.

En este punto es crucial evitar repetir el discurso oficial, que sugiere que los cárteles controlan el flujo de narcóticos y migrantes, o que las fuerzas estatales están desbordadas, ya sea por las caravanas de migrantes o por actores criminales. 

El papel de los grupos armados no estatales en la organización del transporte de narcóticos y, cada vez más, de migrantes indocumentados está supervisado y coordinado por las fuerzas armadas. Como ya se ha mencionado, esta es una consecuencia directa y conocida de la militarización de la prohibición, que puede extenderse a la prohibición de la libre circulación de personas indocumentadas del sur global.

Consecuencias y posibilidades

La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, ha dado la apariencia de desafiar a Trump en política migratoria. Ha dicho por ejemplo que “no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales”. Sin embargo, su administración y la precedente han hecho precisamente eso. Sheinbaum ha continuado de manera entusiasta el legado de militarización dejado por AMLO, al mismo tiempo que su margen de maniobra política se ve limitado por el poder de Estados Unidos.

El ejemplo más trágico de la criminalización de las personas migrantes que se recuerda es el incendio en marzo del 2023 de una prisión para migrantes en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 hombres que estaban detenidos por ser migrantes indocumentados, mientras que decenas de otros resultaron heridos. 

Dos días después de la toma de posesión de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, el ejército mexicano disparó y mató a seis migrantes en Chiapas, hiriendo a docenas de ellos; poco más de un mes después se produjo un segundo incidente similar en el que la Guardia Nacional mató a dos migrantes e hirió de bala a cuatro más en Baja California Sur. 

En México, la militarización de la prohibición y la migración han generado consecuencias trágicas para el bienestar de la población en general. A lo largo de los años hemos aprendido que este tipo de militarización se produce a la par de la paramilitarización (la proliferación de cárteles), obstaculizando la capacidad de los grupos y comunidades locales para organizarse en defensa de su territorio, barrio y demás.

En este contexto, el antimilitarismo se ha convertido cada vez más en un principio central del masivo movimiento feminista de México y es una causa asumida con vigor creciente por organizaciones de base y grupos de la sociedad civil. Pero los grupos de defensa de los derechos de los migrantes en México no han logrado dar relevancia al tema y, como electorado sin derecho a voto, los migrantes son tratados como prescindibles —o como moneda de cambio para hacer tratos con EE.UU.— por los partidos políticos mexicanos.

Mi idea es seguir escribiendo sobre las consecuencias de la administración de Trump en los próximos meses y años. Por ahora, quiero centrarme en un único aspecto del segundo acto del circo barato de Trump 2.0: enviar al ejército a cerrar el lado estadounidense de la frontera sur es una misión disparatada. Por supuesto que el tráfico seguirá teniendo lugar. Pero es probable que eso ocurra de una forma más violenta. 

Tristemente, es un mito que este tipo de violencia sea algo que los que están en el poder deseen evitar. En México hemos visto cómo la militarización de la prohibición conduce al fortalecimiento de las organizaciones paramilitares, así como a la estigmatización y criminalización de las víctimas. Este aumento de los ataques estatales y no estatales contra personas pobres y trabajadores puede desmovilizar y silenciar incluso las formas más ágiles de resistencia popular.

En esta difícil coyuntura, una cosa está clara: nunca ha habido un mejor momento para seguir trenzando la organización internacional y transversal contra la militarización, la tiranía de las fronteras y la prohibición de los narcóticos.