Opinión • Raquel Gutiérrez Aguilar • 26 de enero, 2024 • Read in English

El año pasado cerró con el genocidio televisado en Gaza y se ha abierto otro año igualmente difícil. Desde que empezó la invasión israelí en octubre hasta el día domingo, han muerto más de 25,000 personas y más de 62,000 han sido heridas, la gran mayoría civiles, muchas de ellas niñxs.

La detención y tortura masiva de palestinos, principalmente varones, realizada de manera explícita y descarada, exhiben otra manera como las fuerzas israelíes, sostenidas por armas y apoyos de EE.UU. se disponen a vaciar el territorio. 

Gaza ha estado bajo un bloqueo casi total desde el 2007; hoy, según las Naciones Unidas, está peor que nunca y “cada persona en Gaza tiene hambre”. Aproximadamente 85 por ciento de la población de Gaza ha sido desplazada. 

La escalada bélica de Israel en Gaza representa el extremo de un fenómeno global en expansión que propone desalojar territorios para apropiárselos, al tiempo que restablece drásticas relaciones de mando-obediencia en tales territorios despojados. 

La derecha empoderada

Los últimos días de 2023, el Presidente de Argentina, Javier Milei, dio a conocer su represivo plan ultraneoliberal de gobierno. Sus recortes y paquetazos reaccionarios fueron rechazados públicamente por amplios sectores de la sociedad argentina en una gran movilización el 24 de enero. 

A eso se ha sumado la declaratoria de “estado de conflicto interno armado” impuesta por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa el 9 de enero. Su plan de guerra está alentando la detención y violencia contra jóvenes racializados y pobres, ahora acusados de ser terroristas. 

Ambos presidentes de derecha han empezado su gestión después que iniciaron los bombardeos en Palestina, y ambos han mostrado apoyo incondicional a Israel en el contexto del genocidio. Noboa ha dicho que apoya a Israel y no condenará sus acciones en Palestina, mientras el equipo de Milei anunció que viajará a Tel Aviv próximamente.

Se expande, pues, también en nuestra región y a una velocidad acelerada que por momentos aturde, una guerra contra la reproducción de la vida social en su conjunto, esto es, contra las posibilidades populares y comunitarias de organizar el sostenimiento cotidiano de la vida colectiva de forma mínimamente estable. Esta guerra, además, tiene como objetivo político ahogar en miedo y sangre las formas organizativas y los horizontes de lucha gestados en años previos en medio de intensos conflictos.

Guerra, gobierno y control 

La semana anterior, sostuve una plática con Verónica Gago, Lucía Cavallero y Silvia Federici para hablar de Gaza y de los sucesos en Argentina.

Federici sugirió que lo que las élites dominantes ligadas al complejo militar-industrial estadounidense y a los dueños de las corporaciones más grandes pretenden hoy es una “recolonización completa” de los territorios. Añado a esta afirmación que cualquier proceso de colonización —o recolonización— requiere imponer nuevas formas de gobierno y, por tanto, nuevos términos de la relación mando-obediencia entre gobernantes y gobernados.

Tal cosa exige desconocer y sepultar anteriores arreglos políticos, requiere alterar drásticamente los des-equilibrios conocidos, e impone el desconocimiento radical de las capacidades políticas y de intervención pública o de gobierno previas.

Hace cuatro décadas la implementación de los programas neoliberales en América Latina y el mundo iniciaron una drástica ofensiva sobre bienes comunes, sobre los recursos y riquezas públicas y desconocieron derechos laborales destrozando cualquier seguridad material a partir del empleo. Pero también impusieron los procedimientos democrático-formales de corte liberal como mecanismo para organizar el cambio de gobierno. 

Un abanico inmenso de luchas se ha desplegado a lo largo de las últimas tres décadas en contra de tal ofensiva colonizadora del capitalismo neoliberal y sus políticas extractivistas y despojadoras, que atacan los frágiles equilibrios en los cuales se organiza la reproducción de la vida colectiva.

Tales luchas han practicado y debatido desafiantes horizontes de transformación política, muchas veces a partir del relanzamiento de las capacidades de intervención en asuntos públicos de las tramas comunitarias y populares así como de los colectivos y redes feministas. En algunos países lograron instalar, también, gobiernos progresistas que con el paso del tiempo han evidenciado su insuficiencia y miopía. 

Ahora, en medio de una crisis superpuesta y múltiple —económica, financiera, climática, ecológica, sanitaria, y productiva— los de arriba vuelven a acelerar su ofensiva política contra las poblaciones en su conjunto.

En Argentina, por lo pronto, esta ruda ofensiva asume formas económicas entreveradas con un aumento drástico de la represión. En Ecuador, por su parte, ha tomado la forma de militarización descarada del país y de las relaciones sociales, suspendiendo derechos civiles básicos. 

Todo ocurre, además, en medio de una insidiosa campaña de confusión, como en cualquier guerra. Crisis económica e inseguridad extrema son las palabras repetidas hasta la saciedad que organizan la confusión. Por lo demás, tanto en Argentina como en Ecuador hubo elecciones en el segundo semestre de 2023 y en ambos países ganó la derecha más arbitraria, más vinculada a los intereses del capital financiero. 

En Argentina el tenebroso y ridículo Milei se impuso a un desgastado y confuso representante de la derecha peronista en noviembre. En Ecuador, llegó al gobierno también en segunda vuelta el “joven empresario” Daniel Noboa, quien parece querer convertirse en un híbrido del salvadoreño Nayib Bukele y del criminal mexicano Felipe Calderón de tristísima memoria.

La ofensiva belicista de Milei 

Desde diciembre pasado, el gobierno de Milei machaca constantemente que es imprescindible contener la crisis económica en Argentina.

Detrás de esa frase, a decir de la Luci Cavallero, del Colectivo Ni una Menos, se combinan tres frentes de ataque: hacia las mujeres y disidencias que sostienen la vida en condiciones de inmensa dificultad, hacia lxs trabajadorxs que pierden puestos laborales y derechos y, en general, hacia la población que no lucra con los negocios financieros, extractivistas y/o agroexportadores. 

El primer eje de ataque es un durísimo paquete de políticas económicas de lo que se suele llamar ajuste estructural. Consiste en la devaluación de la moneda, la subida drástica de los precios de los combustibles, de los alimentos y de los servicios, así como de las tasas de interés.

La segunda línea de agresión es una reforma constitucional de facto y por decreto que desconoce acuerdos políticos previos y que pretende modificar el régimen de acumulación desregulando el accionar de las corporaciones en todos los ámbitos de la vida. 

Esto último, finalmente, se amarra con otro paquete de reformas enviado al Congreso denominado “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que complementa y profundiza las reformas contenidas en el decreto y propone la delegación de las facultades legislativas en el ejecutivo, es decir le otorga la suma del poder público. Al mismo tiempo contiene reformas que transforman la protesta social en delito, complementándose con un “Protocolo Represivo” que intenta legalizar la represión generalizada, en particular, a través de la figura del “instigador” de la protesta y la movilización.

Bajo los cambios propuestos, cualquiera que se oponga o promueva protestas y movilizaciones que se desborden en confrontaciones callejeras queda sujeto tanto a detención como a fuertes multas, haya o no participado en los eventos de lucha que ahora se criminalizan.

Durante nuestra conversación, Verónica Gago, también de Ni una Menos, aludió a la campaña de terror psicológica (similar a la época de la dictadura) que amenazó a quienes participaban de las movilizaciones con dejar de recibir subsidios a través de anuncios de altorparlantes en las estaciones del transporte público y a la propuesta de consagrar la figura de “instigadores” para criminalizar cualquier convocatoria y llamado a la protesta. Esta amenaza infunde muchísimo miedo en la sociedad argentina. De hecho, en la provincia de Jujuy (donde una reforma constitucional represiva ya tuvo lugar), hay dos detenidos por tuitear contra el ex gobernador.

Se busca, pues, inocular el terror en la sociedad y promover la obediencia y acatamiento por temor a las fuertes represalias que cualquier acción de lucha puede significar.

Conflicto armado interno por decreto

Mientras tanto, en Ecuador la situación es de militarización descarada y por decreto. A lo largo de 2023 ese verde y bello país se vio convulsionado, una y otra vez, por una crisis de las instituciones políticas liberales que devino en lo que se conoce como “muerte cruzada”.

El poder ejecutivo suspendió al Congreso en tanto éste último desconocía al anterior presidente, Guillermo Lasso, justamente por sus vínculos con el lavado de dinero. 

A raíz de eso hubo elecciones y ganó Noboa, el hijo del magnate agroexportador de Guayaquil, en medio de un creciente número de asesinatos violentos y de conflictos en las cárceles. Se habla de un opaco y virulento reacomodo al interior de los protagonistas de la economía ilegal y de los modos en que estos negocios se articulan con la economía “legal”.

Por último, en enero el país se ha militarizado por decreto. Según la narrativa oficial, a partir de la fuga de dos jefes del narcotráfico encarcelados y un amotinamiento en los penales que tomaron como rehenes a casi 200 policías, el joven presidente Noboa “se vio obligado” a declarar el “estado de conflicto armado interno”. Se han suspendido garantías constitucionales y ocurre una intempestiva y brutal acción de amedrentamiento a la vida pública.

Gobierno militarizado de las crisis

Si en Argentina es la crisis económica lo que, según, tiene que contenerse con una serie de drásticas agresiones a las posibilidades mismas de reproducción de la vida, sin la menor alusión a cómo fue posible que se llegue a tal situación, en Ecuador es la violencia del narcotráfico, ahora catalogado, además, como “terrorista”, el objeto a ser neutralizado.

Se imponen las ultra conocidas y fallidas medidas de militarizar la vida pública y el gobierno declara la “guerra contra el narco”. Como si las experiencias de Colombia y de México no estuvieran ahí para aprender los caminos que no conviene seguir.

El gobierno de Milei busca garantizar la entrega a las corporaciones transnacionales tanto de los yacimientos de litio que se encuentran en el norte del país, como de los recursos marítimos de su larguísima costa, así como reabrir el pleno acceso a la tierra y las aguas para que ahora puedan pasar, sin problema, a manos de corporaciones y millonarios extranjeros.

En el caso del Ecuador, por lo pronto, está abierta la disputa por la tierra, el agua, los minerales, el modelo agroexportador, la riqueza del mar y los impuestos que lxs ciudadanxs tendrán que pagar. También está abierto el conflicto por el control de los flujos de la economía ilegal —narcotráfico, entre otros— y la manera cómo éstos se imbricarán con los procesos legales de acumulación.

La guerra ronda nuestros países, se ponen a prueba las formas organizativas previas y tocará colectivamente reforzar experiencias de autodefensa, de sostenimiento colectivo y de lúcida resistencia donde se eluda contribuir a la amplificación de esta espiral de violencia estatal. Todo eso abre el año en América Latina simultáneamente al agudo momento de genocidio en Palestina, mientras los mismos políticos reaccionarios aplauden a Israel cuando sus fuerzas armadas bombardean, torturan y masacran la vida en Gaza.