Opinión · Alexander Hall Lujardo · 24 de enero, 2024 · Originalmente publicada en la revista New Politics en la edición de verano 2023 · Read in English

Este texto es el tercero en una serie de seis textos de diferentes autores con perspectivas críticas a la izquierda cubana. Lee la introducción aquí, y el segundo texto aquí.

El triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959 significó la apertura de un proceso que ofreció indiscutibles garantías en el acceso a derechos vetados para sectores específicos de la población. Así, se estableció un nuevo pacto social que abrazó en corto tiempo la idea de la construcción socialista como alternativa al orden capitalista existente en Cuba luego de instaurada la República en 1902.

El escenario de “Guerra Fría” y la hostilidad del gobierno estadounidense contra el joven proceso revolucionario propiciaron que la Isla se inclinara hacia el bloque soviético; en tanto, se fomentaban los movimientos guerrilleros y otros grupos rebeldes contra el capitalismo oligárquico de los estados periférico-subdesarrollados en América Latina. Estas acciones se emprendieron de acuerdo con la teoría marxista de incentivar una revolución mundial, en busca de respaldo regional y hemisférico ante el aislamiento al que estaba sometida la nación caribeña luego del ascenso victorioso de 1959.

Sin embargo, desde los primeros años del triunfo resultaron evidentes los métodos de censura política hacia los creadores en distintas esferas de la cultura: cine, artes escénicas, artes plásticas, poesía y literatura. Se materializó así la represión contra numerosas manifestaciones artísticas dados sus postulados críticos y/o confrontativos. La autonomía universitaria quedó maniatada por las autoridades y regida por una política regulatoria del ingreso en las aulas, no exenta de reproducir múltiples mecanismos de discriminación.

A su vez, se promovió la unificación estadocéntrica e hiper-institucionalista del Partido‒Gobierno (1965) y se impuso el monopolio estatal sobre los medios de comunicación y producción (1968). Resultaron suprimidos los mecanismos democráticos para la manifestación pública; la participación electoral de las bases en la elección de sus principales dirigentes quedó sepultada junto con la legitimidad del disenso pacífico y la fiscalización popular del funcionariado mediante la criminalización de la huelga. A todo ello se sumaron otras tácticas de control e instrumentalización político-social, que aducían el escenario de excepcionalidad indefinida generado por la hostilidad estadounidense.

El bloque socialista

La estructura política cubana se inclinó hacia el bloque de países que asumían los modelos de “socialismo real o histórico”. Estos regímenes se distinguieron por el pleno dominio y control administrativo del Estado sobre las actividades económicas. Dicha realidad condujo a la caída generalizada en los niveles de productividad y la sostenida ralentización de su crecimiento; escasez de bienes de consumo; deterioro sistemático de la infraestructura y las restricciones efectivas a la libertad individual, sustentadas por un ideal igualitario de colectivismo forzoso y ultra-ideologizado.

Predominaba una extensa corrupción asociada al desvío de recursos hacia el mercado informal, dada la insuficiencia de los salarios para satisfacer las necesidades básicas. De igual modo estuvo ausente una política de inversiones dirigidas a la diversificación de la industria que estuviera enfocada en quebrantar el carácter primario mono/exportador como elemento medular del subdesarrollo y el desfase tecnológico.

A pesar de los indiscutibles logros en materia social, propiciados por elevadas inversiones en deportes, cultura, salud y educación, el país se caracterizó por la ausencia generalizada de libertad, sublimada por el carisma de un liderazgo caudillista (distinción corporeizada en la figura del Secretario General del Partido Comunista). Como consecuencia de ello, la cultura jurídico-constitucional de la ciudadanía se deterioró ante la falta de mecanismos institucionalizados que respondieran de manera regulada ante los intereses de las clases populares.

En contraposición a los derechos del trabajador fueron disueltos los sindicatos laborales. La autonomía obrera fue suplantada con la disolución masiva de cooperativas entre 1961-1975, pasando a engrosar la enjundiosa lista de propiedad estatal. Todo ello se produjo en un contexto de marcado carácter autoritario en el manejo de la política por la composición dirigente, dada la matriz centralizada, partidista y burocrática del modelo imperante.

Dicha realidad condujo a la sostenida militarización de la economía en el sector empresarial, con las nefastas consecuencias que su monopolización bonapartista ha generado para las mayorías.

El marxismo predominante se caracterizó por el mimetismo hacia los postulados filosóficos importados desde la Unión Soviética (1961-1990), combinados con los metarrelatos discursivos de una narrativa nacionalista que invisibiliza zonas trascendentes de la resistencia anti-hegemónica. El carácter revolucionario de la teoría, enfocado en el cambio de las realidades de opresión sistémicas, fue subvertido por los fundamentos vulgarmente dogmáticos de una clase partidista/dirigente, reproductora de la dominación política, la explotación económica y el empobrecimiento social.

Otras particularidades del territorio resultaron ignoradas por los presupuestos de homogeneización que propiciaron su empleo como ideología de estado, acorde a los intereses de la clase política en el poder.

La transición oligárquica

La profunda crisis que azotó al país con su entrada en el Período Especial (1990-1994) abocó a la Isla a la etapa de dificultades materiales más profunda de su historia. El advenimiento de tan precario contexto, generado por la caída del denominado “campo socialista europeo”, afectó todos los órdenes de la economía cubana, propiciando una tercera ola migratoria hacia los Estados Unidos. Este éxodo, por su carácter humilde y racializado, ocasionó fuerte desprecio [xenófobo/racista] entre la burguesía cubana instalada al sur de la Florida, dando atisbos excluyentes de sus “postulados democráticos”.

La debacle de los años noventa en Cuba ratificó la dependencia histórica hacia potencias foráneas, extendiendo así la condición colonial de la que no escapó su dirigencia comunista en el establecimiento de relaciones económicas desiguales con sus aliados del este. En tal sentido, fueron silenciadas por el liderazgo cubano durante más de cuarenta años las críticas realizadas por el revolucionario internacionalista Ernesto Che Guevara desde una militancia marxista radical, favorables a la autonomía económica de la Isla como única condición de garantizar su soberanía nacional.

Las reconfiguraciones producidas en este periodo, resultado de las políticas gubernamentales para “afrontar la crisis”, dieron lugar a numerosas concesiones al capital privado (extranjero y local). Estas medidas generaron nuevas dinámicas que se proyectaron de inmediato en el escenario interno, dadas las singularidades que definieron el proceso de inserción cubano en la economía mundial, bajo las “reglas del juego” establecidas por las potencias occidentales.

La democratización del régimen político no estaba concebida en el imaginario de su dirigencia, incapaz de comprender que el despotismo trae consigo resultados infaustos en la productividad. A su vez, dichas transformaciones han propiciado el resurgir del racismo, el aumento de la desigualdad y la oligarquización del modelo por la clase dominante, dada su concentración exponencial de capital-poder.

Alternativas libertarias de izquierda

El gobierno cubano se ha valido de un supuesto carácter revolucionario para negar el derecho a la existencia de otras organizaciones o agrupaciones auto-identificadas como de izquierdas en Cuba. La clase política dirigente ha cancelado las posibilidades de existencia autónoma de grupos no confrontativos de proyección anticapitalista, feminista, antirracista, anarquista y ecosocialista, que han sido desplazados a la oposición. Estos colectivos resultan portadores de líneas programáticas alejados del centralismo estatista e institucional, que suele ahogar mediante sus métodos de cooptación y/o accionar represivo cualquier iniciativa autogestiva.

En esta zona se ubica un amplio sector de la sociedad civil cubana, que en sus perspectivas asume alternativas otras (populares, socialistas, descolonizadas y republicano-democráticas), cuya existencia contribuye a re-pensar la participación pública mediante la implementación de innovadores mecanismos para la redistribución del poder, las riquezas y la deliberación participativa en la toma de decisiones que conciernen a las realidades de los distintos sectores sociales.

Las izquierdas críticas en Cuba han tropezado con el muro de la maquinaria institucional fosilizada. Se suele capitalizar el crédito absoluto de una narrativa falsamente socialista, con el fin de sostener los privilegios de la clase dominante y sus mecanismos de control totalitarios.

De tal forma, resulta inviable toda alternativa proyectada en ampliar las bases populares de radicalización democrática con énfasis en la justicia reparativa, la descolonización del saber/poder, el quiebre con los niveles de contaminación ambiental y la explotación obrera a la que es sometida la clase trabajadora cubana, dada las relaciones sociales de producción existentes, típicas de un modelo “capitalista de estado”.

El escenario de liberación social exige el accionar movilizador de una ciudadanía consciente ante el panorama de concentración cada vez mayor de las riquezas en aquellos sectores tradicionalmente hegemónicos. Está dirigido a lograr el establecimiento de una estructura capaz de generar riquezas de manera equitativa, ecológica, cooperativa, dinámica y sustentable.

Los ideales libertarios de una alternativa socialista popular sintetizan la esencia emancipatoria, descolonizada y contrahegemónica de las izquierdas críticas de proyección anti/poscapitalista. Este anhelo es protagonizado por aquellos seres humanos que buscan consagrar los valores del socialismo democrático como propuesta a la hegemonía monopólica de la militancia autoritaria y estalinista, que dictamina los resortes arbitrarios del poder político en Cuba.