Reportaje • Valen Iricibar • 1 de febrero, 2024 • Read in English

Enero suele ser un mes tranquilo en Argentina, pero este año fue sacudido por un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT): el primer paro nacional desde 2019 y el más veloz contra un gobierno entrante en la historia del país. El motivo: el mega decreto y la llamada Ley Ómnibus del presidente Javier Milei que están sacudiendo la infraestructura estatal que busca desregularizar. La respuesta: el despliegue total del andamiaje de resistencia argentina.

“Desde que arrancó el gobierno de Milei habré hecho cuatro, cinco… ya seis cacerolazos más o menos”, cuenta Fernanda Leileur, vecina autoconvocada del barrio de Palermo, en la esquina de Coronel Díaz y Avenida Santa Fe. A todas las protestas lleva la misma cacerola que usó en los primeros cacerolazos durante la crisis socioeconómica del 2001 — la cacerola que tenía como reliquia y hubiera preferido no volver a sacar.

“El primer cacerolazo lo hicimos en esta esquina el 19 de diciembre. Después fui cuando hizo la primera de la CGT en Tribunales, después fui cuando convocó el Polo Obrero, y bueno, el paro del 24”, continúa. “A los nueve días [de la inauguración de Milei] arrancamos y de ahí no paramos”.

Crónica de una protesta anunciada

El 10 de diciembre 2023 asume el nuevo gobierno en Argentina. 

El 12, el país ve un video del flamante ministro de Economía, anunciando una serie de políticas económicas de ajuste fuerte.

El 16, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, da una conferencia de prensa delineando un protocolo draconiano que criminaliza la protesta y prohíbe cualquier corte de calles, rutas y puentes sin importar el motivo.  

El 20, el gobierno emite un video anunciando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) derogando y modificando una cantidad récord de leyes. Los cambios del Decreto 70/2023 entraron en vigencia el 29 — los DNUs son válidos hasta que la Legislatura se expida sobre su validez.

El 27, Milei entrega a la Legislatura la “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” (la llamada “Ley Ómnibus”) con más de 600 artículos, entre los cuales se propone darle facultades delegadas a Milei, que puede extender a su discreción. 

Cada acción tuvo su resistencia a través de distintos canales: la legislatura, vías judiciales y la calle, particularmente desde el DNU. El Congreso fue convocado a sesiones extraordinarias, un nudo gordiano de negociaciones, mientras ciertos tribunales levantaron la feria judicial por el diluvio de amparos contra el DNU. Actores clásicos de protesta argentina se hicieron presentes, desde las personas autoconvocadas que se manifiestan sin estar atadas a ningún partido ni sindicato, a los grandes gremios como la CGT, con su fuerte poder de convocatoria y peso histórico. El paro del 24 de enero convocó a 600.000 a las calles de Buenos Aires, según el gremio, y 1,5 millones a nivel nacional.

“El DNU y la Ley Ómnibus van en contra de todos los sectores, reforman todas las áreas de política pública que afectan a todas las actividades económicas de la Argentina, a todas las provincias, a todos los sectores sociales: salud, educación, producción, minería, retenciones; absolutamente todo”, dice Lara Goyburu, integrante de la Red de Politólogas y docente en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella. “Esperar que nadie dijera nada me parece un poco naíf. Puede ser una estrategia de ‘Vamos por todo y a ver qué queda’: es una estrategia arriesgada”.

“Todos los sectores echaron mano a las formas tradicionales de movilización y presión política que conocen porque todos los sectores fueron afectados”, dijo Goyburu en entrevista con Ojalá.  

La sombra del 2001

“Yo creo que lo que estamos viviendo es el coletazo del estallido del 2001 y las consecuencias de la ausencia de una generación dirigencial que se vincula a la última dictadura militar”, dice Goyburu, y contiende que las protestas sin líderes que encaucen las demandas populares son una “bomba de tiempo”.

Ni bien se anunció el DNU, comenzaron los cacerolazos todo el país y, con eso, las comparaciones con la crisis profunda del 2001, cuando el ruidazo se volvió una forma emblemática de reclamo popular. 

El regreso de cacerolazos nacionales traza una línea entre el 2024 y el 2001: la crisis económica, la desilusión política y el que se vayan todos, la activación de asambleas barriales, por un lado; la represión policial y un gobierno que rechaza la protesta, por el otro.

“Por ahora el gobierno lo único que hace es amenazar y reprimir, por lo tanto es claro que no está en un camino de diálogo, sino en un camino de confrontación”, dice Eduardo Belliboni, referente de la Unidad Piquetera y líder del Polo Obrero. 

Los piquetes en Argentina son manifestaciones populares que usan los cortes de tránsito para limitar el acceso a puntos neurálgicos y así dar visibilidad a sus reclamos, una forma de resistencia que surgió con los despidos masivos de la década del 90. 

A diferencia de los cacerolazos —caracterizados como protestas de clase media— y los grandes paros gremiales, los piquetes son protestas populares que nuclean demandas contra la injusticia social y la desigualdad. Al detener la libre circulación del tránsito, los piquetes se convirtieron en blanco de las críticas de los discursos anti-protestas. Dicha estratificación se vio reflejada en la aplicación del nuevo protocolo de Bullrich anunciado días antes de una fecha clave: el 20 de diciembre. 

Por la mañana del 20 de diciembre pasado, agrupaciones de izquierda, incluyendo Unidad Piquetera, rememoraron a las víctimas de la represión durante las protestas del 2001. La jornada fue tensa, con el despliegue prometido de varias fuerzas de seguridad. Oficiales de Policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Gendarmería rodearon la Plaza de Mayo y hubo varias instancias de provocación. 

Por la noche, Milei anunció el DNU. Minutos después, empezaron a oírse cacerolas en todo el país y la Plaza del Congreso en el centro de Buenos Aires se llenó de manifestantes. Aparecieron algunos policías sueltos, pero fueron rápidamente echados y no volvieron hasta que se desconcentró la protesta espontánea.

“Es una distinción que ha hecho el gobierno. Se ha cuidado de reprimir un corte que hubo inmediatamente después el día 20, un cacerolazo que cortó la totalidad de Avenida Entre Ríos. Pero cuando se trata de los piqueteros, en una clara manifestación de racismo y clasismo, ahí mandaron a la represión, ahí mandaron la infantería, ahí echaron gases”, dice Belliboni en entrevista con Ojalá. “Claramente estamos frente a un gobierno muy empinado contra los intereses más elementales de la clase obrera”.

“Desde los años 30 empezó a haber en la Argentina gobiernos militares que trataban de imponer por la fuerza a un pueblo indómito que siempre tuvo manifestaciones de resistencia aún bajo la dictadura”, dice Belliboni. “No va a ser este gobierno de Milei el que le pase por encima toda esa lucha”.

En un intento de aplicar el protocolo anti-piquete, el ministerio de Seguridad quiso cobrarles AR$60 millones [casi 74,000 dólares] a las 14 organizaciones que convocaron a la marcha anual del 20 de diciembre, por el operativo de seguridad. Según Belliboni no se abonó, pero tampoco hubo seguimiento: “Después del show de enviarnos la factura no hicieron más nada”. 

Pese a situaciones de represión fuerte y la presencia más contundente de oficiales en las protestas, el protocolo anti-piquete de Bullrich se ha visto desafiado en las calles y su aplicación desigual se ha demostrado poco práctica. En la mayoría de las manifestaciones a quienes se ve cortando la calle son a las fuerzas de seguridad. El protocolo ha sido el blanco de fuertes críticas a nivel nacional e internacional: esta semana, relatorías especiales de las Naciones Unidas instaron al gobierno que lo revise porque no es compatible con tratados internacionales que firmó Argentina. 

Argentina autoconvocada 

“Fue hace muy poco la elección, hoy por hoy la gente creo que ni siquiera está buscando a quien votar, la gente está buscando juntarse”, contempla Ari Lorenzo, activista y músique folclórique. “No creo que sea el momento este de que venga un líder a decir ‘Yo manejo todo esto’ porque no lo va a seguir nadie, porque la gente está como descreída de todos los políticos… por eso gana también Milei”.

Lorenzo pertenece a Folclore por Todes y la Secretaría de Cultura de la Federación Argentina LGBT, que a su vez forman parte de Unidxs por la Cultura. Explica que la agrupación nació bajo el gobierno de Milei, nucleando por primera vez a todos los sectores de la cultura (como el cine, teatro, literatura, arte, música) para protegerse contra el DNU y la Ley Ómnibus. 

“Hay un montón de espacios convocando, quizás no todos tienen la fuerza para hacer un paro general como tiene la CGT pero hay gente en la calle activando todo el tiempo y yo creo que cada vez va a ser más”, reflexiona Lorenzo. “Creo que se está generando una esperanza de que mi voz vale. Si bien lo repetimos muchas veces en la historia nuestra, hay algo que es nuevo para las nuevas generaciones que nunca pasaron por esto de ser escuchades y eso es lo que puede llegar a ser clave para que muchas personas jóvenes se acerquen a estos espacios”.

Uno de esos espacios de escucha, que también remite al 2001, es la asamblea barrial: hubo un resurgimiento activo de esos encuentros vecinales de organización horizontal y democrática en las últimas semanas. Días después del paro general de las CGT se hace la tercera “asamblea de asambleas”, un encuentro de 33 asambleas populares en Parque Centenario en donde representantes de cada agrupación comunican qué se votó en cada barrio. La convocatoria llega por WhatsApp, por redes vecinales. Toda persona es bienvenida a acercarse.

“El 24 de enero confirmó, en la movilización masiva de la que fuimos parte activa, que el pueblo no se somete y no se deja amedrentar”, dice Elda Cedro en la asamblea, leyendo una carta dirigida a diputades y senadores. Forma parte de su asamblea barrial en Béccar desde el 2001. “Y no cesará de reclamar hasta recuperar la posibilidad de una vida digna garantizada por el Estado, como establece nuestra Constitución, y la soberanía de nuestro país”. 

Surgen lineamientos generales en el encuentro. El rechazo feroz a darle poderes extraordinarios a Milei, preocupación y reclamo por un plan de lucha de los sindicatos. Un llamado unánime por protestar frente a Congreso cuando se discuta la Ley Ómnibus y el Decreto, el compromiso de seguir las asambleas y ruidazos los miércoles a la noche. Y fuertes reclamos contra políticos en el Congreso que negocian y avalan a la coalición política de Milei, La Libertad Avanza.

“Estamos deseosos y atentos a que se planten como nuestros verdaderos representantes. ¡La patria no se vende y los derechos del pueblo tampoco!” proclama Cedra mientras su voz quiebra con el llanto. Es recibida con abrazos y aplausos bajo las tipas mientras algunes entonan el canto de todas las protestas anti-Milei: la patria no se vende.