Entrevista • Dawn Marie Paley • 8 de junio, 2023 • Read in English

Al momento de tomar el habitual mate un viernes por la tarde a comienzos de mayo, Diego Castro sintió algo extraño: estaba salado. “El sabor era muy fuerte”, relata Castro en entrevista desde su casa en Montevideo. Para el domingo siguiente ya no había agua embotellada que pudiera comprarse en su colonia. Toda se había vendido.

Rápidamente se dio cuenta que el horrible sabor del agua distribuida por la red pública no era un problema de su barrio. Se supo que los más de dos millones de personas asentadas en la Zona Metropolitana de Montevideo no estaban teniendo acceso a agua potable a través de la red pública de distribución. 

Lo que sale del grifo es agua salada que, además, está impregnada de un fuerte olor a cloro. Esto ocurre a raíz de que la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE), encargada de proveer agua potable, empezó a mezclar el agua dulce de los reservorios tradicionales del Río Santa Lucía y agua con mayores niveles de sodio proveniente de tomas río abajo, más cercanas a la desembocadura con el Río de la Plata.

Las movilizaciones populares empezaron enseguida.

Desde la segunda semana de mayo diversos grupos locales de diferentes zonas de Montevideo se han auto-convocado, movilizándose por las calles del centro de la ciudad. Sus protestas se han concentrado frente a diferentes dependencias de gobierno, a la OSE y, también, frente a las oficinas de las empresas de soja, papel y ganadería cuyas actividades están en la raíz de la actual crisis del agua potable.

Las movilizaciones por el agua hoy se despliegan desde varias genealogías de luchas por el agua en Uruguay y se vinculan parcialmente con luchas sindicales aunque, principalmente, se nutren de las prácticas y formas de las luchas feministas que han crecido de forma impactante en los últimos siete años. 

Anteriores luchas populares frente al avance de la privatización del agua en 2004 lograron reformar la Constitución, estableciendo algunos límites mediante una consulta popular: el agua quedó establecida como derecho humano, se refrendó la responsabilidad del Estado para gestionarla y se reconoció la participación de la sociedad en tal gestión.

Hace dos días hicimos una llamada con Castro, quien es docente en la Universidad de la República y editor del portal de noticias independientes Zur. La entrevista ha sido editada ligeramente para fines de claridad.

Dawn Marie Paley: A nivel hídrico ¿qué es lo que está pasando en Montevideo?

Diego Castro: La interpretación que enseguida se quiso hacer desde el gobierno es que la causa de este problema es la sequía y, más refinadamente, se hizo alusión al cambio climático. En realidad en Uruguay sí hay una sequía fuerte desde hace tres años, ha llovido el 30 por ciento de la media anual.

Sin embargo, hay que señalar muy claramente la responsabilidad de los emprendimientos extractivos que están haciendo uso de esa misma agua y que nos imposibilitan, hoy, tener agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano.

Hace aproximadamente 30 días, al no haber suficiente agua dulce que bombear hacia el área metropolitana desde el Río Santa Lucía, se empieza a bombear agua desde más abajo de la cuenca, en zonas más cercanas al Río de la Plata. Ésa es el agua que tiene niveles de de sodio mucho más elevados.

Al principio, el aumento en la cantidad de sal en el agua que todavía creíamos que era potable se justificó indicando que sólo tenía riesgo para gente que tuviera enfermedades renales o hipertensión. Después se supo claramente que es un agua que no se puede tomar, que no es potable. Hay un sabor a sal y no hay alguna manera artesanal o casera para disminuir ese contenido de sodio.

Además, no se avisó de todo este cambio. El gobierno asumió que la sal estaba por encima de los niveles permitidos sólo cuando la gente se dio cuenta que el agua del grifo estaba salada, y es sólo entonces cuando la empresa pública de agua hace unas declaraciones a cual más ambiguas: que el agua no es potable, pero sí es bebible. A las 24 horas, el Ministerio de Salud Pública saca los resultados de sodio y cloruro de sodio que duplicaban los niveles máximos permitidos.

Todo esto generó una indignación bastante grande. No hubo voluntad de previsión por parte de la gestión del gobierno, ni por parte de la empresa, ni del Ministerio del Medio Ambiente ni del Ministerio de Salud Pública. Bueno, eso produjo una serie de reacciones bastante rápidas que inicialmente fueron las movilizaciones autoconvocadas.

DMP: Cuéntanos de las movilizaciones en defensa del agua potable.

DC: En los primeros momentos surgen movilizaciones callejeras casi todos los días y ahora estamos en un momento de combinación entre movilizaciones y asambleas barriales. 

Está habiendo asambleas, reuniones, charlas informativas y demás actividades en muchos lugares en este momento. Nos llama la atención la forma rápida en que se comprende la relación entre lo que está pasando y la dinámica extractiva que existe en Uruguay.

Hay una comprensión fina, un señalamiento a las empresas y al capital en general y a los sucesivos gobiernos, como responsables de lo que ahora la población en su conjunto está padeciendo: no tenemos agua potable. 

Son movilizaciones protagonizadas al principio por gente joven, muy conectada con las movidas feministas. Participan mayoritariamente mujeres. También hay una participación que no es común en otras luchas, de gente vinculada a la expresión artística y corporal con actividades en la danza y la música. 

Ahora, en los barrios, la participación se está diversificando cada vez más. También han comenzado a movilizarse otras organizaciones sociales más tradicionales. 

La semana pasada el movimiento sindical convocó una movilización que fue bastante grande, que estuvo bien. Aunque por ahora las organizaciones más tradicionales —sindicatos y demás— están con otra clave, ellos están haciendo foco en que no se hacen suficientes inversiones en la empresa pública del agua y que falta personal.

No hacen claramente la conexión de lo que pasa con la lógica extractiva general porque básicamente acá el sindicalismo, en el último tiempo, ha apoyado los emprendimientos extractivos junto con la izquierda progresista. Entonces ahora que ese armado está tronando, exhibiendo sus límites, no tienen nada nuevo que decir.

DMP: ¿Tú ves alguna tendencia en esta multiplicidad de movilizaciones que ambicionen, digamos, establecer niveles de coordinación y de deliberación más grandes?

DC: La posibilidad de articulación y coordinación es una cosa que se está haciendo. Han surgido otros espacios organizativos, además está la tradicional Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, que viene del plebiscito.

Hay un espacio que nuclea a la gente más joven que se llama Coordinación por el Agua pero, en realidad, las que se han llamado “marchas de autoconvocados” articulan gente de diferentes espacios, de colectivos feministas, participa también la Coordinadora Feminista. Hay un intento generalizado de coordinación y me parece que las asambleas—en los barrios y en las escuelas—pueden ser esos lugares importantes de organización.

Hay un sentido que está en expansión que dice, “hasta aquí, esto no se tolera más”. A mí me parece que lo que ahora se está instalando, como sentido compartido, es similar a como el movimiento feminista instaló límites muy claros contra la violencia machista. 

DMP: El agua ya fue reconocida como un derecho humano en Uruguay. ¿Qué pasó después?

DC: La reforma sobre el agua es de 2004 —ocurrió en el mismo momento cuando el Frente Amplio [coalición de izquierda] gana la primera elección. Ese año el Frente Amplio gana con el 50.5 por ciento de los votos y la reforma tuvo el apoyo del 65 por ciento de la población en una elección directa. 

Después de ello se vino todo un proceso de reglamentación en el uso y gestión del agua que demoró muchísimo. La reforma es de 2004 y se reglamenta en 2009, pero los mecanismos de participación y control social recién se activan en 2011. 

En el caso concreto del río que le da agua potable a Montevideo y al área metropolitana, el río Santa Lucía, hasta 2013 no hubo mecanismos de control social y luego han funcionado con muchísima debilidad. De 2004 a 2013 pasan 10 años donde hubo un boom de producción de commodities y como consecuencia: cuencas contaminadas.

Esa dilución de las acciones de control social o falta de voluntad para poner en funcionamiento los mecanismos de cuidado de las cuencas tienen mucho que ver con lo que está pasando ahora.

DMP: ¿Cuáles son los intereses tras el extractivismo que más afectan el agua?

DC: Los sectores agroexportadores fuertes —soja, celulosa, carne, arroz— básicamente lo que están haciendo es exportar agua, dado el gran volumen de agua que se utiliza para la producción de las mercancías que producen.

Acá, por ejemplo, en el día de hoy se está inaugurando la empresa de producción de pasta de celulosa más grande del mundo; es la tercer pastera [planta de producción de papel] acá en Uruguay, es de origen finlandés. Este tipo de emprendimientos utilizan grandes cantidades de agua.  

Por eso ahora que comenzó el problema del agua salada, entre los movilizados empezamos a conectar la escasez con otros grandes emprendimientos extractivos. Hay, por ejemplo, un “data center” de Google que utiliza agua potable para el enfriamiento de las máquinas.

Realmente hay un destape muy claro, muy directo de, bueno, de que todas estas actividades productivas que mayormente están pensadas para la exportación y para la generación de commodities y oferta de servicios, en realidad lo que exportan es agua en términos masivos.

DMP: ¿Qué te ha sorprendido en este momento?

DC: Es realmente un momento excepcionalísimo en Uruguay, pensando desde las luchas. Me sorprende el hecho de que se hayan podido mantener movilizaciones diarias de manera autoconvocada y que esas movilizaciones mantengan su fuerza casi 30 días después.

También me sorprende esta politización muy fina y muy radical, entre la falta de agua y no quedar atrapados en que el problema es la sequía, sino más bien, conectarlo con toda la dinámica extractiva y de saqueo que te comentaba.

En muy poquitos días se está expandiendo como sentido general que el agua vale más que todo lo que se nos pueda decir y ofrecer en puestos de trabajo, crecimiento económico, o lo que sea.

Acá está habiendo pues, una politización muy fina que nos permite entender nuestra conexión con la naturaleza. Sabemos que no es sequía, es saqueo y hay ánimo para no permitir que esto continúe igual.