Entrevista • Dawn Marie Paley • 20 de septiembre, 2023 • Read in English

Jovita Tzul es una mujer Maya Kich’e de Totonicapán, Guatemala. Abogada de profesión, ejerce en uno de los contextos legales más difíciles del hemisferio. “Como decimos nosotros, no somos abogados mayas”, dijo Tzul. “Somos mayas que nos hicimos abogados también”.

Desde la corte acompaña luchas por la defensa del territorio, a defensores y defensoras de derechos humanos, y a víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. 

Tzul ha participado en algunos de los casos más resonados en el país, como es el caso del Diario Militar. También litiga en casos menos hablados, apoyando a personas y comunidades—en su mayoría mayas—que enfrentan procesos de criminalización por sembrar y vivir en sus territorios ancestrales.

De esta forma, su trabajo hila entre dos periodos en Guatemala: el periodo de guerra, y lo que la ha seguido después de la firma de los Acuerdos de Paz a mediados de los años 1990. 

“Sabemos que esos 36 años de guerra marcaron un continuum de violencia que sigue generando actos de criminalización de violencia de desaparición de personas en la actualidad”, me dijo Tzul en entrevista desde su oficina en la Ciudad de Guatemala. “Estamos apoyando en la lucha por la búsqueda de justicia de estas personas, pero también por la defensa de personas que son injustamente procesadas—personas criminalizadas—por su activismo hoy”.

Hablamos por videoconferencia a principios de septiembre, y el resultado es una entrevista en dos partes. Hoy publicamos la primera parte de la entrevista, que ha sido ligeramente editada por tiempo y extensión.

Dawn Marie Paley: Quisiera empezar con el caso del Diario Militar, en el cual tú trabajas como abogada. ¿De qué se trata el Diario Militar y de qué va el caso?

Jovita Tzul: El caso del Diario Militar es un caso que marca un punto clave para entender la política de Estado de desaparición forzada en Guatemala, y no solo en Guatemala: la desaparición forzada era una estrategia útil en diversos países, tanto en Argentina como en Chile y en Colombia.

El caso del Diario Militar trata de un documento al que llaman justamente así, diario militar. Es la suma de una serie de registros realizados por personal del Ejército de Guatemala, de lo que nosotros llamamos una estructura clandestina que se constituyó para ejecutar actos de desaparición forzada, de tortura, violencia sexual y ejecución de personas.

En Guatemala hay más de 45,000 desaparecidos y de ellos aproximadamente 190 se registran en el documento del Diario Militar. Cuando este documento se hace público por ahí del año 1999, las demandas de las familias [de las víctimas] tuvieron todavía mucho más certeza porque en ese documento se consigna la fecha de detención, el lugar de detención, el lugar a donde fue trasladado inicialmente y también el lugar a donde fue remitida la persona después de su detención.

Todo de forma clandestina. Aunque públicamente declaraban que no habían logrado detener a nadie, en realidad tenían a personas sometidas a una situación de detención en clandestinidad. Eso es lo que se está juzgando en el diario militar.

Las compañeras en Argentina, en Uruguay, en Chile han hablado de los patrones que se utilizaban al detener a una persona y someterla a torturas, con el objetivo de que brindara información útil para continuar con ese circuito de detenciones en clandestinidad. Todo eso está acreditado dentro del caso del diario militar.

DMP: ¿Quiénes son las personas que están siendo sindicadas dentro del proceso?

JT: Hay mandos muy altos, algunas personas que en el tiempo de posguerra llegaron a ocupar cargos como Ministros de Defensa y Ministros de Gobernación.

Hay 15 personas a quienes inicialmente les fue girada una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, delitos contra deberes de humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa. El grado de tentativa es porque hay personas sobrevivientes que señalan a los perpetradores de su detención y de su tortura, que lograron recobrar su libertad posteriormente.

Desde el trabajo que nosotros hacemos, yo traté de mostrarle al juez cómo en el caso del diario militar operaban patrones de actuación. También se ensañó toda esta estructura en contra del cuerpo de las mujeres, digamos, yo represento a una de las víctimas sobrevivientes que se la llevaron cuando tenía ocho años y cuenta los horrores que tuvieron que vivir ella y su mamá, cómo la utilizaban a ella para que su mamá pudiera ceder información. El uso del cuerpo a las mujeres en esos centros fue realmente una estrategia fundamental, que ahora se discute en el caso.

Parte del contexto del caso nos lleva a que estas personas que están ahora siendo juzgadas sigan detentando mucho poder político, económico y militar. Durante el trámite de la etapa intermedia del proceso, hubo situaciones de amenazas y de seguimiento a los equipos legales de las víctimas.

Eran situaciones de riesgo para el juez, los fiscales, las víctimas y los equipos legales de las víctimas. Aún así el 4, 5 y 6 de mayo [del 2022], el juez Miguel Ángel Gálvez decidió enviar a diez de los hombres sindicados a juicio oral y público. Todavía cinco de ellos están pendientes.

Luego el juez Gálvez tuvo que renunciar por las amenazas que le hicieron a partir de esta resolución, por acciones legales que se presentaron en su contra. Actualmente tenemos una jueza que no comprende el caso. 

También, en mayo del año pasado fue enviado a proceso el señor Toribio Acevedo Ramírez, que era un civil que participaba en todas estas acciones y era miembro del Estado Mayor Presidencial y, según los sobrevivientes, era la persona que más saña tenía para torturar. 

En la actualidad él ha sido jefe de seguridad de grandes empresas que han reprimido a comunidades, como el caso de Cementos Progreso. Acevedo Ramírez era el jefe de seguridad de Cementos Progreso.

Su audiencia fue muy fuerte. A partir de que este personaje está ligado a proceso las amenazas aumentaron mucho más. Él recobró su libertad el 28 de noviembre del año pasado, fue el primero en recobrarla, se sustituyó por arresto domiciliario. Fue de las primeras resoluciones que se dictaron cuando el juez Miguel Ángel Gálvez se fue. 

Apelamos eso y la sala nos dio la razón. Acevedo Ramírez tenía que volver a prisión preventiva. Presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y en 24 horas se lo otorgaron. Aquí se tarda, no sé, dos meses, en resolverse un amparo, pero él en 24 horas lo logró. Eso nos da una muestra de su poder. 

Hoy estamos a la espera de la resolución de la Corte. Por eso el proceso actualmente se encuentra detenido. Ellos están buscando generar impunidad. Esa es ahorita la situación del Diario Militar.

DMP: Lo que platicas da un retrato muy concreto de lo que se habla en abstracto, de la degradación y corrupción de las instituciones y de la justicia en Guatemala. ¿Cómo es ser abogada luchando por la justicia en un sistema donde muchos colegas están teniendo que renunciar o salir del país?

JT: Creo que hay dos vertientes ahorita en la justicia, que nos colocan en una situación de riesgo. Por un lado, seguir buscando justicia por los crímenes del conflicto armado y, por otro lado, la defensa de personas criminalizadas, que de alguna manera han puesto en jaque el tema del statu quo de este país.

Yo soy abogada, junto con otro compañero, del Fiscal Orlando Salvador López, él llevó a juicio a Efraín Ríos Montt [por genocidio]. La persecución que él tiene actualmente por su trabajo como fiscal es clara. 

Por fortuna logramos que afrontara el proceso en libertad, fuimos a una audiencia en donde el Ministerio Público quería que él fuera a la cárcel. El Ministerio Público presentó una serie de fotografías de seguimiento que le habían hecho a él y a nosotros.

El caso de Orlando da una sensación de inseguridad. Nosotros dijimos, ‘bueno, a mí que me sigan, que me escuchen, yo no estoy haciendo nada ilegal’, pero por supuesto todo esto ya no tiene que ver con la legalidad.

DMP: El 28 de agosto la abogada Claudia González, que defiende también a otros fiscales y otros operadores de justicia, fue detenida, escalando el clima de inseguridad. ¿Cómo decides seguir trabajando como abogada en este contexto?

JT: Nosotros vamos a seguir. El sistema está puesto y tiene sus reglas y por más arbitrariedades que ellos quieran cometer, hay reglas que no pueden cambiar. Por eso todavía podemos seguir manteniendo la esperanza de algún rastro de legalidad que pueda haber.

Todos estos ataques a la independencia judicial, todos estos ataques a la justicia, a los jueces, a los fiscales, a los abogados, pues lo que buscan es generar impunidad en todos estos casos. 

Yo represento mayormente a mujeres, y les decía ‘miren, yo no quiero ser desalentadora, pero en este panorama no sé cuándo el caso vaya a poder avanzar’. 

Y ellas me respondían: ‘nosotros esperamos 40 años para poder llegar a un juzgado y lo logramos, y si hay que esperar, seguimos esperando’. Ellas mantienen la esperanza y si ellas, que son las víctimas directas, mantienen la esperanza, pues a nosotros nos toca también mantener esta mecha encendida todavía.

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Lee la segunda parte de nuestra entrevista con Jovita Tzul, mujer Maya Kich’e de Totonicapán que participa como abogada en algunos de los juicios de más alto perfil en Guatemala.