Opinión • Ramón I. Centeno • 2 de noviembre, 2023 • Originally published by Sidecar on September 15, 2023, translated by Ojalá.

Buena parte de la izquierda tiende a darle un trato de "revolucionarios" al tipo de políticos que son lo opuesto. En la angloesfera este fenómeno es particularmente acuciante. Los medios de la izquierda en inglés tienden a reproducir el discurso de gobiernos como el de AMLO, ignorando las voces desde abajo, desde los movimientos sociales y comunitarios que padecen el extractivismo, el militarismo, la continuidad neoliberal, etc. Para ignorar esas voces hay que dársela a otros, con frecuencia profesores de universidades en Estados Unidos o en Europa. A continuación, reproducimos la traducción de un debate entre nuestro colaborador Ramón I. Centeno y uno de esos profesores, Edwin F. Ackerman. —Eds.

Un indicio de la crítica situación que enfrenta la izquierda a nivel mundial es el calibre de sus héroes contemporáneos. Apenas el siglo pasado estábamos aprendiendo de revoluciones para hacer revoluciones. Hoy, en cambio, se nos invita a inspirarnos en sujetos como Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano que está entrando en el último tramo de su sexenio.

En un artículo reciente del blog Sidecar, el sociólogo Edwin F. Ackerman describió el “proyecto global” de AMLO como un “distanciamiento del neoliberalismo hacia un modelo de capitalismo nacionalista-desarrollista”. Cualquier transición de este tipo, señala Ackerman, “debe ocurrir en un entorno estructural moldeado por el propio neoliberalismo: la erosión de la clase obrera como agente político y el desmantelamiento de la capacidad del estado”. El gobierno de AMLO tiene entonces que ser evaluado de acuerdo al progreso en esas áreas. Aunque Ackerman reconoce algunas debilidades —el “deplorable historial” de AMLO en materia migratoria, su tibia respuesta al movimiento feminista de México— su evaluación es mayormente positiva. ¿Qué tan precisa es esta valoración?

En la descripción de Ackerman, la clase obrera ha resurgido como “actor político", lo cual queda constatado en insurgencias obreras y exitosas campañas de sindicalización y se refleja en la creciente composición obrera de la base social del presidente. Al principio, las señales de un reavivamiento de la política de clase fueron retóricas: AMLO adoptó el idioma populista de confrontación entre “el pueblo” y “la élite”. Pero Ackerman afirma que esto pronto fue acompañado de una política social sustantiva, especialmente la expansión y universalización de transferencias monetarias.

Medidas mínimas

Sin embargo, la verdad es que las transferencias monetarias no son nada nuevo en México y no son ni más ni menos que neoliberales. Inaugurado por el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), el programa Progresa personificó la nueva doctrina estatal que desplazó la ideología más colectivista de la Revolución Mexicana. En vez de ser un derecho universal, las transferencias monetarias fueron otorgadas con condiciones como mantener a los hijos en la escuela y asistir a revisiones médicas periódicas. Esa política fue diseñada para permitir que los individuos sortearan mejor las incertidumbres del mercado en la búsqueda de su progreso personal. Más al grano, estos mecanismos pueden entenderse como una compensación preventiva en momentos en que el Estado mexicano implementaba una dramática oleada de privatización, liberalización y desregulación.

Ackerman expone que la eliminación de la mayoría de las condiciones para recibir ayudas sociales constituye una ruptura con este modelo. Dejando atrás la “microfocalización y los estudios socioeconómicos” a los pobres, ahora las transferencias monetarias “llegan a 65 por ciento más personas que en gobiernos anteriores”. Pero esto exagera espectacularmente la escala y la importancia del cambio: la cifra de 65 por ciento sólo es correcta para tres programas: una pensión para adultos mayores, un estipendio para estudiantes de primaria y preparatoria y otro para agricultores.

El balance general del gasto social bajo AMLO es mucho menos impresionante. En 2018, el último año del gobierno anterior, los programas sociales llegaban al 28 por ciento de la población. En 2022 esa cifra subió a 35 por ciento mientras el gasto total de los programas sociales ascendía a 1.3 billones de pesos, tan sólo 1.4 por ciento más que en 2014 considerando la inflación.

Por si fuera poco, esta mínima expansión de los programas sociales oculta su tinte regresivo. Un mayor gasto no ha significado una mayor protección a los más necesitados. En el 5 por ciento más pobre de la población mexicana, la proporción beneficiada de algún programa social bajó de 68 por ciento a 49 por ciento entre 2016 y 2022, mientras que en el 5 por ciento más rico la cobertura aumentó de 6 por ciento a 20 por ciento. Ackerman también omite mencionar la pésima respuesta de AMLO a la pandemia, que adoptó un “curso de acción mínima”: el exceso de mortalidad en México fue el quinto más alto en el mundo.

Ackerman aplaude igualmente el “esfuerzo concertado de AMLO para aumentar la capacidad de recaudación de impuestos del Estado”, que según él “ha tenido un impacto redistributivo significativo”. Una comparación con otros gobiernos recientes de la región es ilustrativa. El kirchnerismo en Argentina aumentó los ingresos tributarios como porcentaje del PIB del 21 al 28.9 por ciento en sus primeros seis años de gobierno; Evo Morales, los incrementó en Bolivia del 19.3 al 25.9 por ciento en el mismo lapso de tiempo.

En contraste, los datos disponibles para los primeros cuatro años de gobierno de AMLO muestran un escaso aumento del 16.1 al 16.7 por ciento (en 2022 la recaudación de impuestos incluso bajó en términos reales). El crecimiento de AMLO de 0.6 por ciento se puede comparar al de Lula en su primer mandato en Brasil, pero esa cifra oculta estructuras tributarias muy diferentes. En 2009 la recaudación de impuestos en Brasil representó el 31.2 por ciento del PIB, casi el doble de México, que continúa siendo la más baja en la OCDE y que se halla muy por debajo del promedio en Latinoamérica.

La austeridad de siempre

Por su parte, los desfinanciados servicios públicos mexicanos están siendo sometidos a “la austeridad republicana”. Aunque Ackerman reconoce que ello puede socavar el fortalecimiento del sistema de bienestar social del país, aun así sostiene que la austeridad es parte de un esfuerzo por extirpar las prácticas neoliberales: “Dado que el neoliberalismo mexicano forjó amplios vínculos entre el Estado y la empresa privada, la austeridad es vista como un medio para romper esas conexiones y así quitarse de encima las compañías parasitarias cuyas ganancias dependen del dispendio gubernamental”. Pero esas prácticas no han terminado. Hoy el gobierno mexicano acude más a la adjudicación directa de contratos en lugar del concurso público y hay amigos de la familia de AMLO que se han beneficiado de ello. La verdad, es difícil ver en la “austeridad republicana” otra cosa que un eslogan de izquierda para una vieja herramienta neoliberal.

La política laboral es la única que ha visto un avance real con AMLO. Ackerman señala correctamente las “reformas pro obreras”: límites a la subcontratación, simplificación del proceso de sindicalización, mejores condiciones como en el aumento de los días de vacaciones y del salario mínimo, que este año llegó a 207.40 pesos ($12.30 dólares), 82 por ciento más alto que en 2018. Pero, otra vez, hay que matizar.

Ackerman dice que AMLO ha efectuado el “aumento al salario mínimo más alto en más de cuarenta años”. Desde la década de 1970 hasta mediados de la de 1980, el salario mínimo se mantuvo arriba de 300 pesos (17.9 dólares), llegando a un pico de 396.40 pesos (23.7 dólares) en 1977. La neoliberalización hundió los salarios y desde 1996 hasta los aumentos recientes el salario mínimo flotó alrededor de 100 pesos (6 dólares). Así, esas reformas apenas comienzan a revertir un exceso neoliberal.

Además, como no todos los trabajadores ganan el salario mínimo, el hecho de aumentarlo no ha producido una redistribución dramática a favor de la clase obrera en su conjunto. Los últimos datos indican que entre 2018 y 2020, cuando el salario mínimo aumentó 29 por ciento, la masa salarial como porcentaje de PIB nada más pasó del 33.4 al 35.2 por ciento. En contraste, entre 2004 y 2010 la masa salarial en Argentina creció del 38.7 al 49.3 por ciento del PIB. En el mismo periodo, durante el primer mandato de Lula, la masa salarial en Brasil aumentó del 56.1 al 57.9 por ciento, y continuaría subiendo, incluso bajo Bolsonaro, hasta 63.1 por ciento en 2019. (El salario mínimo en ambos países creció 147 por ciento y 50 por ciento, respectivamente, en el mismo sexenio.) Como dijo sin tapujos el primer secretario de Hacienda de AMLO, su gobierno estaría “a la derecha de Lula”.

Muchos de los avances fueron puestos en marcha por gobiernos anteriores e impulsados por factores externos. La nueva política laboral mexicana fue en parte producto de la presión de Obama para subir los salarios al sur del Río Bravo y así prevenir más cierres de fábricas de autos en Estados Unidos. En consecuencia, a fines de 2016 fue aprobada una reforma constitucional que fortalecía los derechos laborales, dos años antes de que AMLO llegara al poder. En una peculiar combinación de fuerzas, los intereses estadounidenses, impulsados por el movimiento sindical de ese país, suavizaron los excesos de la burguesía mexicana. Cuando AMLO fue electo en 2018, ya se había preparado el camino “desde afuera hacia adentro”, como denominan eufemísticamente los académicos a este episodio de intromisión estadounidense en la política laboral mexicana.

Hasta aquí, el saldo es mediocre.

El ejército, engordado

Otra prioridad del gobierno de AMLO, según Ackerman, ha sido desmontar la tendencia neoliberal que tercerizó funciones estatales a empresas privadas. En su explicación, esto se ha compaginado con las megaobras: proyectos de infraestructura entre los que se cuentan la construcción de un aeropuerto en el Estado de México; una refinería en el estado natal de AMLO, Tabasco; y un tren en la península de Yucatán. Pero al carecer de “capacidad administrativa real” para supervisarlos, escribe Ackerman, AMLO “se ha apoyado cada vez más en los militares para construir y operar muchos de sus proyectos de infraestructura”.

Sus palabras se quedan demasiado cortas. El ejército se ha convertido en un importante contratista del gobierno, operando y lucrando con varios aeropuertos como el nuevo que ayudaron a construir en la zona metropolitana de la capital, un hotel de lujo en Yucatán y algunas secciones del Tren Maya, y pronto operará su propia aerolínea comercial. El esfuerzo del gobierno por fortalecer el aparato estatal ha consistido primordialmente en una amplia militarización de la vida pública. Aparte del poder ejecutivo, la única otra parte del estado que ha fortalecido su poderío bajo AMLO son las fuerzas armadas. Para 2021, el gasto militar ya era 54 por ciento superior que al principio del sexenio. Y ello sin incluir el presupuesto en ascenso de la Guardia Nacional, creada en 2019 para reemplazar a la policía federal que AMLO disolvió al entrar en funciones.

AMLO prometió que la Guardia Nacional tendría mando civil pero terminó en manos del ejército. La Guardia Nacional casi inmediatamente desplegó unos 2,400 elementos en operaciones anti-inmigratorias. Hoy son 6,500 soldados en la frontera con Guatemala y 7,400 en la frontera con los Estados Unidos —lo que supone una verdadera “guerra contra los migrantes”. El gobierno de AMLO ha creado efectivamente un brazo mexicano de la border patrol estadounidense, destinando para ello al ejército bajo uniformes de la Guardia Nacional.

Bajo la presión de Trump y ahora Biden, el gobierno mexicano ya no se hace de la vista gorda ante la migración centroamericana. El Instituto Nacional de Migración ha sido militarizado; sus instalaciones hoy funcionan como centros de detención. En marzo pasado, una rebelión de centroamericanos recluidos en Ciudad Juárez provocó un incendio en el que murieron treinta y nueve de ellos.

Ackerman sostiene que “el uso del aparato represivo por AMLO” para controlar el flujo de solicitantes de asilo es “en gran medida una capitulación” ante la presión ejercida por Estados Unidos, ante la que en su opinión AMLO se doblega para obtener una “ventaja negociadora”. El hecho es que AMLO no se atrevió a resistirse porque Trump amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas. AMLO pudo haber respondido con aranceles recíprocos, lo que habría terminado con el libre comercio en América del Norte. Hubo un tiempo, en la década de 1990, en el que AMLO exigía precisamente eso. Pero el gobierno mexicano no ha aprovechado su papel de lacayo migratorio de Estados Unidos para sacar ventaja en negociaciones “progresistas”, sino para rescatar al general Salvador Cienfuegos de la justicia estadounidense luego de su captura bajo cargos de narcotráfico y corrupción en 2020. Cienfuegos encabezó al ejército de 2012 a 2018. Las fuerzas armadas presionaron a AMLO para que condujera una operación diplomática que incluyó pláticas directas con Trump para liberar al general. Se abandonó la acusación contra Cienfuegos y el año pasado fue invitado de honor en la inauguración del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Desde hace mucho la propaganda estatal ha presentado al ejército como “el pueblo uniformado”. Pero el ejército mexicano sigue siendo lo que siempre ha sido y sus soldados todavía desaparecen o matan a cientos de civiles inocentes. Su cadena de mando es la misma que estuvo implicada en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014. Un grupo de expertos que investigaron el caso cesaron sus actividades este año al llegar a un callejón sin salida; en su reporte final, documentaron el “ocultamiento de informaciones muy relevantes para el esclarecimiento del caso” por parte de las fuerzas armadas. AMLO inmediatamente salió a defenderlas, diciendo que “no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando”.

Independientemente de los defectos de AMLO, su “intento de romper con el neoliberalismo no puede desestimarse fácilmente”, en opinión de Ackerman. Pero en realidad, por mucho que haya adornado su programa con el lenguaje de la tradición populista, sus políticas han supuesto poco más que una afinación neoliberal y en muchas áreas incluso ha profundizado los peores excesos del Estado neoliberal: más recortes, más disciplina fiscal, más “libre” comercio. Por si fuera poco, AMLO ha adoptado medidas abiertamente derechistas, que Ackerman minimiza, como la peligrosa expansión sin precedentes del papel del ejército. Las relaciones con Estados Unidos, mientras tanto, siguen lejos del antiimperialismo y cerca de las dinámicas de un estado cliente.

Un caudillo más

La verdad es que AMLO se ha convertido en el caso más reciente de romantización izquierdista de un caudillo latinoamericano. Si hay alguna lección de su mandato para la izquierda mundial es que el populismo de AMLO no es la respuesta. Esta advertencia sonaría familiar a los comunistas mexicanos del siglo XX, cuyo conocimiento arduamente ganado compartió José Revueltas en su Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, de 1962:

La política progresista del gobierno es una negación relativa de la burguesía como clase (puesto que tal política parece contrariar sus intereses mediante concesiones a la clase obrera, medidas nacionalistas, otorgamiento de libertades democráticas, etcétera), pero al mismo tiempo afirma a la burguesía nacional como clase revolucionaria, afirma la existencia aparente de un gobierno no-burgués, “amigo de los trabajadores” y enemigo de una burguesía que, en apariencia, tampoco se encuentra en el poder.

De este diagnóstico social, Revueltas extraería una estrategia de independencia de la clase obrera, un tema viejo y por lo visto olvidado de la izquierda mexicana. Pero no todos los comunistas eran tan principistas como Revueltas, quien pasó tiempo en la cárcel. Otros como Vicente Lombardo insistían en la necesidad de permanecer leales al populismo, siempre apoyando a sus candidatos en las elecciones. Incluso después de que el régimen mexicano asesinara a cientos de estudiantes en 1968, Lombardo se mantuvo firme, lamentando incluso que el movimiento estudiantil rebasara la “protesta” para intentarse “convertir en una revuelta”. No había que enfrentar al régimen populista emanado de la Revolución Mexicana, sólo criticarle con cautela. En esta estrategia, la izquierda debe situarse como socia menor y dócil del centro.

A finales de la década de 1980, bajo la influencia del eurocomunismo y el colapso de la Unión Soviética, muchos de los comunistas mexicanos siguieron el ejemplo de Lombardo y fueron absorbidos por el populismo. El resultado fue un vacío de izquierda que todavía hoy existe en México. La enfermedad del lombardismo ha infectado a muchas partes de la izquierda alrededor del mundo, a menudo en formas más virulentas. Por lo menos Lombardo distinguía a la izquierda del populismo. Pero ahora se exhorta a la izquierda a volverse populista: un “populismo de izquierda” en teoría, un centrismo más en la práctica. La lección que la izquierda debería tomar de México es evitarlo.