Reportaje • Jared Olson • 14 de noviembre de 2024 • Read in English

Al finalizar la misa en la iglesia de San Isidro en el centro de Tocoa, al norte de Honduras, era común ver a un hombre de mediana edad y aspecto serio llevando un libro en la mano, deambulando entre la multitud y charlando con los fieles mientras se dispersaban. Ese hombre era el defensor del territorio, profesor y regidor Juan López, quien conocía bien los riesgos de desafiar a las élites locales. Era consciente de que el peligro había llegado a un punto crítico cuando salía de la iglesia el sábado 14 de septiembre, sin darse cuenta, no obstante, de que solo le quedaban unos minutos de vida.

Días antes López había hecho lo impensable: había exigido públicamente la renuncia de Adán Fúnez, actual alcalde de la ciudad de Tocoa y representante político local de Libre, el partido pretendidamente de izquierda de la presidenta hondureña Xiomara Castro. Entonces se había filtrado un video que mostraba a Fúnez conversando con narcotraficantes en una reunión privada. Fúnez ha sido durante mucho tiempo un respaldo político clave del controvertido proyecto minero Los Pinares, propiedad de los magnates locales Lenir Pérez y Ana Facussé.

López, quien era el líder del Coordinador de Bienes Públicos de Aguán (COPA) —una agrupación de organizaciones en defensa de la tierra y el agua en la región del valle del Aguán, en Honduras—, aprovechó el escándalo para pasar a la ofensiva. Incluso hizo que alguien grabara su discurso en el que exigía la renuncia de Fúnez. El video circuló por Facebook y las redes sociales como una provocativa afrenta contra un anquilosado caudillo local. Días después unos hombres armados emboscaron a López cuando salía de la iglesia, matándolo al instante. Tenía 46 años.

Conocí a López por primera vez en diciembre de 2019, justo después de que saliera de la cárcel, donde había permanecido recluido bajo cargos falsos junto a otros treinta y tres hombres por oponerse a la mina de Los Pinares. Los Pinares es una mina a cielo abierto de óxido de hierro excavada ilegalmente en el Parque Nacional Carlos Escaleras. El proyecto cuenta con poderosos financiadores y, al menos hasta 2019, estuvo respaldado discretamente por Nucor Steel, una corporación estadounidense que tiene estrechos vínculos políticos con Donald Trump. Ocho hombres, todos ellos defensores de la tierra de la región, fueron encarcelados desde abril de 2019 hasta febrero de 2022, al igual que otros 25 hombres —entre ellos López— que fueron liberados al cabo de un mes. Su arresto masivo fue el primero de muchos golpes en contra de las comunidades que, preocupadas por el río Guapinol, se oponían a la mina.

El territorio pantanoso de las tierras bajas del valle del Aguán, rodeado al norte por el mar Caribe y al sur por las montañas cubiertas de neblina del Parque Nacional Carlos Escaleras, ha sido transformado tras décadas de extractivismo. Hoy los humedales se encuentran cubiertos por kilómetros y kilómetros de monocultivos de palma africana llenas de pesticidas y la sierra está herida con una mina a cielo abierto que secó la cuenca hidrográfica y contaminó el agua que quedó.

López hablaba con frecuencia en las protestas de la región del valle del Aguán, escenario de una añeja guerra sucia desatada por los intereses extractivos por el control de la tierra y el agua. Viajó siete horas hasta Tegucigalpa, la capital de Honduras, para abogar por los presos políticos y contra los estragos de la mina de Los Pinares. Su mirada era penetrante y perspicaz, y su humor negro avivaba las conversaciones aunque se mantuviera serio y comprometido con la lucha. Cada tantas semanas vertía sus reflexiones en largos ensayos que combinaban la teología y su pasión por la iglesia con la necesidad de proteger el planeta de los estragos del capitalismo, los cuales enviaba a sus contactos por WhatsApp.

Maestro de profesión, López era un lector asiduo, según cuenta Leonel George, también regidor y amigo de toda la vida, quien también fue encarcelado junto con los otros defensores criminalizados. Mientras estuvieron tras las rejas en el penal de Támara en 2019, me dijo George, la ecuanimidad de López y su deseo de compartir sus pensamientos lo convirtieron en un líder natural. ”Compartía la lectura del evangelio, reflexiones”, recordó George en una llamada telefónica. “Él siempre fue escuchado, no solo por el grupo [de los defensores del agua] pero también por los demás privados de libertad”.  

Días antes de su asesinato, me puse en contacto con López para preguntarle por las circunstancias del video filtrado de Fúnez. “Si el Libre no elimina esa enfermedad (figuras ligadas a las drogas, partidarias de la minería), como partido dejará de ser un punto de referencia para impulsar transformaciones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas”, me dijo.

Organizarse por la vida

Cinco regidores municipales de Tocoa han desempeñado un papel importante en la batalla contra el otorgamiento de concesiones mineras en las montañas vecinas. Estas tensiones pasaron inadvertidas para los medios de comunicación durante años, mientras las empresas mineras y sus representantes políticos, criminales y militares disputaban a las comunidades y a los defensores del agua los títulos de propiedad de sus tierras. Estas disputas han derivado, en puntos de inflexión periódicos, en la represión de las protestas, criminalización y asesinatos. De manera decisiva, los miembros de la corporación municipal de Tocoa fueron los encargados de aprobar y supervisar los cabildos abiertos exigidos por el derecho hondureño e internacional para buscar el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes locales con respecto a proyectos extractivos en su territorio. En 2019, meses después de que López saliera de prisión, se celebró un cabildo abierto en Tocoa en el que la mayoría de los residentes votaron en contra de la minería a cielo abierto, aunque la declaración fue ignorada.

Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), al menos ocho personas fueron asesinadas en relación con la mina de Los Pinares (activistas locales afirman que también hubo asesinatos en el montañoso sector de San Pedro que no fueron registrados). Ocho presos fueron retenidos brevemente en la prisión de máxima seguridad controlada por militares conocida como La Tolva antes de ser trasladados a la prisión de mediana seguridad de Olanchito. Sus compañeros en la prisión les advirtieron que unos desconocidos buscaban contratar sicarios para asesinarlos mientras estaban tras las rejas. Su caso, que llegó a ser muy notorio, representaba la lucha contra la mina y los hombres llegaron a ser conocidos coloquialmente como los Ocho de Guapinol.

Durante su juicio entre enero y febrero de 2022, cuando el movimiento de defensa del agua vigilaba constantemente desde un campamento solidario frente al juzgado de Tocoa, la presencia de López era frecuente entre la multitud que se congregaba bajo las lonas donde los pobladores tomaban café, servían comida y masticaban caña de azúcar mientras discutían estrategias para defender los ríos del Aguán. Aunque el juez condenó a los Ocho de Guapinol, las cosas dieron un giro sorprendente cuando Castro los indultó casi inmediatamente.

Días después, la presidenta Castro anunció que pondría fin a la minería a cielo abierto en Honduras. Pero a los pocos meses Castro nombró a Fúnez gobernador del departamento de Colón, cargo que mantuvo al mismo tiempo que era alcalde de Tocoa. Fúnez admitió que la concesión minera inicial otorgada a EMCO Holding, predecesora de Los Pinares, había sido buscada por los jefes de la banda de narcotraficantes de Los Cachiros. Luego impulsó otro cabildo abierto el 29 de abril de 2022, en una zona con una cantidad desproporcionada de empleados de Los Pinares.

López y su amigo y colega regidor Leonel George acudieron a ese acto. Fueron testigos de cómo varios cientos de residentes asistieron a una carne asada organizada por empleados de Los Pinares, mientras eran supervisados por una brigada de soldados y agentes de seguridad privada. Fue una trampa diseñada para avivar el apoyo a favor de las minas con la complicidad del gobierno, me dijo López en aquel momento.

En noviembre de 2022 el gobierno de Castro declaró un estado de emergencia nacional y envió a los militares a las calles bajo el pretexto de tomar medidas contundentes contra las bandas y las organizaciones criminales. A la militarización le siguió una oleada de asesinatos de líderes sociales, principalmente aunque no de manera exclusiva en el valle del Aguán. Alrededor de una veintena de miembros de movimientos sociales y organizaciones colectivas han sido asesinados desde principios de 2023.

En medio del aumento de los asesinatos y de la actividad paramilitar, López continuó trabajando para unir a los defensores del agua que luchaban contra la mina de Los Pinares. Miles de campesinos empobrecidos y criminalizados ocuparon tierras de plantaciones de palma en un frente común contra la élite económica representada por la familia Facussé, entrelazada con los escalafones más altos de la élite política y militar de Honduras. 

Una tarde lluviosa de enero de 2024, un día después de la desaparición del defensor de la tierra Abel López Perdomo y en el marco de un conflicto territorial por las plantaciones de palma incautadas por las mismas élites inversoras en Los Pinares, López subió a una excavadora amarilla cubierta de carteles contra la mina. Miembros de una amplia coalición cortaron el tránsito en la única carretera de la costa norte de Honduras durante casi doce horas para exigir el cierre de Los Pinares.

López pronunció un discurso cuidadoso y pausado ante cientos de personas en el que destacó la creciente concientización entre los jóvenes que habían iniciado la protesta esa mañana, haciendo frente por horas a una lluvia incesante para pronunciarse contra la desaparición de Perdomo y discutir cómo detener el proyecto minero.

Hombres poderosos y peligrosos

“Adan [Fúnez] tiene a su disposición un grupo de sicarios […] en la aldea Quebrada de Arena”. Los habitantes de este pueblo acusan a un grupo armado llamado Los Cachos de trabajar en nombre de la Corporación Dinant, me dijo una fuente anónima del Aguán. ”Con este tipo de asesinatos ellos buscan sembrar miedo en la población. Todo dependerá de la actitud del pueblo. Tienen planes de seguir matando más personas”, dijo mi fuente, que pidió el anonimato debido a la continua amenaza de grupos armados que operan con impunidad en la región.

“Estos no solo son asesinatos”, dijo a Ojalá Yoni Rivas, miembro de la COPA y activista veterano en defensa de la tierra que conocía a López desde hacía años. “Son operaciones psicológicas para sembrar dolor e incertidumbre”.

Los habitantes exigen una investigación exhaustiva del crimen. Pero cuando la noticia de la muerte de López se difundió, pocos dudaron de las razones por las que un líder como él hubiera sido asesinado.

Más allá de los asesinatos de alto perfil como el de López, cuyas muertes se registran en los conteos anuales de asesinatos de defensores de la tierra publicados por organizaciones como Global Witness y denunciados por grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, hay muchas más personas asesinadas o desaparecidas que no tenían tanta visibilidad política. El asesinato de López encendió la indignación en toda Honduras, donde era muy conocido entre periodistas, activistas de derechos humanos y figuras religiosas y políticas. Incluso el Papa expresó sus condolencias por el crimen. El 4 de octubre, tres semanas después del asesinato, el sospechoso acusado de matar a López fue detenido junto a dos presuntos cómplices en Tocoa. Pero quienes planearon y pagaron el asesinato siguen libres.

El 21 de octubre George anunció que intentará desbancar a Fúnez como alcalde de Tocoa en las elecciones que tendrán lugar dentro de un año. Pero el espectro de su amigo y colega asesinado se cierne sobre él. “Siempre me mostró la coherencia firme en lo que creía, lo que decía y lo que hacía, tanto en la iglesia como en la calle, en la lucha social, como dentro de la corporación municipal. Una postura coherente y firme de rechazar todo acto de corrupción, rechazar todo acto de manipulación y rechazar todo acto que fuera en contra de la dignidad”, dijo George a Ojalá.

Como Berta Cáceres y tantos otros, López tuvo el amargo destino de convertirse en mártir del movimiento. “Nada hay más revolucionario que la paz”, escribió López en uno de sus ensayos publicados en Facebook, donde su foto de perfil era la del arzobispo Óscar Romero. “A ella no se llega por manipulaciones, mentiras, corrupciones, arbitrariedades, para llegar a la paz, hay que ir por la vía de la verdad y la justicia”.