Reportaje • Chantal Flores • 25 de noviembre, 2024 • Una versión extendida de esa nota fue publicada por Documenta.mx • Read in English

Compartimos este reportaje sobre la violencia contra mujeres feministas ocurrida el 8 de marzo de este año y del año pasado, así como contra la organización de víctimas el 10 de abril de 2022 en la ciudad de Monterrey, México. La periodista Chantal Flores ha documentado cómo la violencia contra las mujeres y jóvenes organizadas en esta ciudad del norte del país proviene de las fuerzas del Estado, y cómo mujeres feministas fueron torturadas dentro del Palacio de Gobierno. Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, creemos que es importante mantener estos acontecimientos presentes a medida que los movimientos feministas y de víctimas siguen creciendo. —Eds.

Con carteles hechos a mano y pañuelos morados, Susan Contreras y sus hermanas, Coco y Lili, se unieron a la marcha del 8 de marzo de 2023 en la ciudad mexicana de Monterrey. Marcharían juntas por primera vez, no solo por las desapariciones de mujeres y niñas o los 102 feminicidios registrados en Nuevo León tan solo en 2022. También por la violencia que una de ellas había sufrido por parte de su exesposo.

“Íbamos sumamente felices”, recuerda Susan Contreras.

Fue hasta las primeras horas del 10 marzo que Susan y Lili regresaron a casa. Junto con otras 13 manifestantes fueron detenidas arbitrariamente por la Fuerza Civil, policía estatal, tras ser golpeadas y amenazadas. Durante más de 12 horas sus familiares vivieron angustiados por la incertidumbre de su paradero.

Vanesa Carrillo, de 21 años, marchó sola esa vez como lo había hecho antes. Al igual que Susan, confiaba en que la jornada sería pacífica. 

“En la del 2022, el gobernador salió diciendo que cero represión. Uno daría por hecho que estando él en el mismo cargo iba a pasar exactamente lo mismo: saldo blanco. Y es cuando comienza la brutalidad policíaca”, cuenta Carrillo en entrevista.

La marcha culminó frente al Palacio de Gobierno. Mujeres compartieron desgarradores testimonios de violencia sexual mientras quemaban cartulinas. Otro grupo de manifestantes rompió algunos vidrios de las ventanas del palacio. 

“Sí son formas, sí son formas”, coreaban las manifestantes. Simultáneamente, la puerta principal del palacio ardía mientras la multitud gritaba: “¡Fuimos todas, fuimos todas!”.

Al dispersarse la multitud, un grupo de la policía antimotines, predominantemente hombres, se enfrentó con las manifestantes, quienes obligaron a los antimotines a retroceder hasta la parte trasera del Palacio. 

En medio del caos, Carrillo auxilió a una joven con el rostro ensangrentado y la llevó a una ambulancia. Regresó a auxiliar a alguien más cuando se topó con una movilización de antimotines femeninas que detenía arbitrariamente a las manifestantes. 

Al menos cuatro elementos la rodearon, la derribaron al suelo y la golpearon en los brazos, la espalda, y las piernas. A pesar de suplicar que le permitieran caminar, Carrillo fue arrastrada al interior del palacio por la puerta trasera, donde la esperaban dos filas de oficiales femeninas. Ahí fue sometida a la humillante práctica de la “pamba loca”.

“A pura mano abierta, puño cerrado nada. De las cuatro que me llevaban detenidas, ya nada más se vuelven dos para llevarme de cada brazo y pasarme tal cual como pasarela, pero a puro madrazo”, cuenta Carrillo. “A puro golpe, a jalones de cabello”.

Fue llevada al patio central del palacio, que estaba completamente oscuro. La arrojaron con brusquedad al suelo, donde el agua estancada formaba charcos. Atada de pies y manos con sus propias agujetas, se le prohibió hablar y mirar a las demás detenidas. Carrillo escuchaba los gritos de las jóvenes, las agresiones verbales y las amenazas de muerte.

“Sí está pasando esto al interior de Palacio, ¿cómo vergas no? Con tantas desapariciones forzadas no por narcos, sino por elementos del Estado, ¿cómo no va a pasar? Entonces cuando empiezan las amenazas de muerte, yo sí las creí”, cuenta Carrillo, con una voz que se empieza a quebrar. 

Ese día un total de 15 personas, incluyendo adolescentes y una persona con discapacidad, fueron detenidas “de forma ilegal y arbitraria, haciendo uso excesivo de la fuerza”, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL). 

Me cuidan mis amigas

Susan Contreras y su hermana Lili fueron de las últimas personas en ser detenidas el 8 de marzo de 2023. Se encontraban disfrutando de unas papitas cuando fueron sorprendidas por las agentes antimotines.

Susan fue arrastrada por el suelo por varias policías, que la jalaron de brazos y piernas, mientras ella escuchaba los gritos de su hermana. En medio de la violencia, las oficiales le jalaron la blusa, exponiendo su ropa interior.

“Como yo estaba gritando y pidiendo ayuda me empezaron a ahorcar, ocasionando que se me cortara la respiración”, dice Contreras. “Me ahorcaron con mi propio pañuelo. Yo ahí solo estaba pidiendo ayuda y vi que varias chicas intentaron meterse y me estaban defendiendo”.

En el palacio, las oficiales recibieron a las hermanas con cachetadas y jalones de cabello. Les exigieron sus datos oficiales y las fotografiaron mientras las amenazaban.

La CEDHNL documentó moretones, escoriaciones, derrame en los ojos, rasguños, mordidas, contusiones, y edemas traumáticos. La Dra. Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, señaló en entrevista que se acreditó una clara “violación al derecho a la libertad de reunión, a la integridad personal por el uso excesivo de la fuerza y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

La CEDHNL no logró obtener acceso a ninguna grabación policial, a pesar de que los agentes llevaban cámaras corporales. 

Un nuevo manual para la represión

En la marcha del 8 de marzo de 2023, Fuerza Civil debía implementar un nuevo protocolo, establecido tras la represión del 10 de abril de 2022, el cual buscaba garantizar el derecho a la protesta pacífica.

El domingo 10 de abril, manifestantes se unieron a madres buscadoras para exigir la búsqueda de las 1,811 mujeres desaparecidas que se registraban en Nuevo León hasta ese año. La desaparición y feminicidio de Maria Fernanda Contreras, la desaparición de Yolanda Martínez desde el 31 de marzo, y la desaparición de Debanhi Escobar el 8 de abril habían generado una profunda indignación.

Un grupo de manifestantes, entre las que se encontraban Samantha Montalvo, Jennifer Aguayo y Nancy (quien pidió no mencionar su apellido por temor a represalias), se dirigió al Palacio de Gobierno tras una protesta en la Fiscalía. Alicia Leal, quien era titular de la Secretaría de Mujeres, había invitado a dialogar, pero las manifestantes se encontraron con un fuerte contingente policial. 

Nancy se encontraba a unos pasos de distancia de la entrada cuando comenzó a oír gritos. “Volteo y veo que los policías están golpeando a mis amigas”, agrega. 

Las manifestantes fueron golpeadas con escudos tácticos, encapsuladas, y sometidas a gases lacrimógenos. Algunas respondieron lanzando pintura o engrudo que llevaban para pegar fichas de búsqueda.

“Los policías hicieron como una estrategia de abrir escudos, agarrar piernas, brazos, cabello, lo que fuera para jalar hacia adentro a las muchachas”, relata Aguayo, cuya esposa fue también arrastrada hacia dentro del palacio. 

La CEDHNL determinó que elementos de Fuerza Civil agredieron física y arbitrariamente a manifestantes, deteniéndolas y confinándolas en un área del palacio sin vigilancia. Las manifestantes fueron amenazadas con violencia sexual y desaparición. 

“Las amenazas fueron de muerte y fueron claras y fueron de los oficiales,” afirma Aguayo. Y agrega: “Esto no está bien. ¿Cómo es posible que el palacio de gobierno se haya convertido en palacio de tortura?”

La CEDHNL exigió una disculpa pública como parte de la reparación integral del daño a las víctimas del 10 de abril de 2022. Casi dos años después, el 20 de febrero de 2024, el gobernador Samuel García ofreció disculpas públicas en un evento donde anunció la creación de la Procuraduría de la Defensa de las Mujeres. Pero las víctimas no fueron notificadas. 

La Secretaría de Seguridad rechazó las recomendaciones de la CEDHNL, alegando que la comisión estaba sometiendo a los miembros policiales a un escrutinio excesivo. 

“Lo más grave es que si la autoridad no reconoce el hecho violatorio, se puede volver a presentar en la siguiente marcha. El elemento policial sabe que no le va a pasar absolutamente nada”, explica Méndez Arellano. 

A pesar de los cambios anunciados, la represión de abril se convirtió en la norma de actuación de Fuerza Civil ante protestas feministas.

Secuelas de la represión

El 8 de marzo de 2024, la CEDHNL documentó una vez más malos tratos, detenciones arbitrarias, y uso excesivo de la fuerza por parte de Fuerza Civil. Cinco personas fueron detenidas ese día, incluyendo dos adolescentes. 

Las secuelas de la represión policial siguen presentes en la vida de muchas manifestantes. Carrillo lleva más de un año en terapia, y aunque este año regresó a marchar, la experiencia no fue lo mismo. Nancy y Montalvo también marcharon con Carrillo para reclamar el espacio que les arrebataron.

“Hoy por hoy estoy arrepentida porque dejé que me ganara, dejé amistades porque una institución me golpeó y me lastimó tanto que mi coraje fue hacia ellas, cuando no tenían ninguna culpa porque ellas también fueron víctimas”, reflexiona Nancy. 

Montalvo reconoce que las agresiones del Estado “las dejaron bien rotas”. “El Estado es el que te vulneró y es algo tan grande que la gente ni siquiera lo percibe”, confiesa. 

Contreras, por su parte, aceptó que no habría justicia por parte del gobierno, y forjó su propia definición. “Hablarlo, visibilizarlo y enseñarlo se ha convertido en la clave para mí”, explica Contreras. 

La violencia contra las colectivas feministas ha tenido consecuencias devastadoras. Algunas manifestantes ya no participan de la misma manera, fracturando los vínculos entre las activistas. 

“Es que es lo que hace el Estado, ¿no?”, cuestiona Montalvo. “O sea, rompe mentes para que se fracturen colectivos, porque si tú fracturas la mente de esos colectivos, o sea, de las organizadoras, vas a hacer que se separen”. 

Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “Periodistas contra la Tortura” con el acompañamiento de la organización Documenta. Haz clic aquí para leer el reportaje completo. El contenido de este reportaje es responsabilidad de sus autores y no necesariamente refleja el punto de vista de Documenta.