Aviso de contenido: Esta nota contiene referencias a feminicidio, abuso sexual y abuso infantil.

Opinión • Claudia López Pardo • 20 de julio, 2023 • Read in English

Despertarse con un dolor en la boca del estómago. Salir de casa temprano para habitar las afueras y los adentros de los salones del palacio de justicia. Revisar que la investigación y el expediente estén en orden. Encontrarse con el abogado. Planear una estrategia en caso de que el juez a cargo no falle a favor y se extienda la espera. Organizar una estrategia de denuncia para la prensa. Tocarse el bolsillo y revisar que el dinero alcance para cubrir el costo de copias, trámites y llamadas. Faltar al trabajo asalariado porque las esperas son largas. 

Desde que Lorena Paredes, una adolescente de 18 años que se formaba para ser parte del Grupo de Apoyo Civil a la Policía, fuera asesinada en febrero de 2020 por su instructor, su mamá aprendió que buscar justicia es poder atreverse. 

El atrevimiento es una cualidad que las mamás que buscan justicia para sus hijas, cargan. Atreverse les ha permitido a las madres, familiares, y amigas de las mujeres asesinadas por la violencia feminicida encarar tenaces luchas en el terreno de la justicia estatal y sus instituciones. Entonces, atreverse no es sólo un verbo, es una acción que contiene dolor, amor y furia. 

Conocí a las familias y madres que buscan justicia en la marcha contra la eliminación de todas las violencias contra la mujer del 25 de noviembre de 2020 en Cochabamba, Bolivia.

Nuestra trama de mujeres preparó una intervención: cada una de nosotras portaba un mástil del que colgaba una vestimenta. Cada atuendo llevaba un cartel con el nombre de una asesinada por un feminicida. Escogí un vestido de color canela en la parte superior con rosas en la falda. El cartel decía “Betsabé ya no paseará”, por Betsabé Mara Alacia, una chica de 24 años asesinada por un policía feminicida. 

En 2020 Betsabé era la víctima setenta según la narrativa patriarcal, que cuenta los asesinatos como números de la estadística boliviana. En nuestra narrativa—que pone en el centro la vida—es una mujer que ya no paseará, no reirá, no cantará. Una mujer cuya vitalidad ha sido despojada. 

Lorena y Betsabé son dos jóvenes cuyos emblemáticos casos hicieron explotar las contradicciones de la institución policial encargada de gestionar la violencia machista. Sus asesinatos son la causa por la que luchan sus madres y familiares.  Detonaron la ira de toda la población en general.

Me trae a la memoria la masiva marcha de El Alto de familias y víctimas de la violencia, en enero de 2022. Aquella movilización contenía una gran convocatoria local, acuerpando a asociaciones, familiares y feministas que trabajan en acompañamientos a nivel nacional. Este año se inauguró con los escandalosos casos de corrupción de un consorcio conformado por jueces, fiscales, y feminicidas, y a la vez estalló una verdad que se presentó con fuerza: en el campo de la justicia estatal no se están resolviendo los hondos problemas provocados por la violencia en la sociedad boliviana. No resuelven la perpetuación de la impunidad, ni el gran problema de la intensificación de la violencia en la vida cotidiana de las mujeres. 

Sigue opacada la dimensión estructural desde donde surge y se reproduce la violencia en continuidad. Aunque la legislación boliviana contempla reformas, normatividad, y leyes como la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, la 348 —fruto de la lucha de familias, mujeres y feministas institucionales—, las injusticias contras nosotras no cesan. Menos aún cesa la profunda desconfianza generalizada de la población al sistema de derecho y a las instituciones que gestionan y regulan la violencia. 

Las nuevas derivas de la justicia 

La persistencia de las injusticias contra las mujeres y cuerpos feminizados nos sitúa realizando ensayos y preguntándonos: ¿Qué tipo de justicia deseamos y buscamos las mujeres y feministas? 

Responder a esta pregunta ilumina a las diferentes luchas que organizaciones de familias, mujeres, disidencias, y feministas estamos dando mediante prácticas de politicidad de la lucha contra todas las violencias. Son prácticas que se han intensificado en los años recientes.  

Estamos abriendo el horizonte de búsqueda de justicia contra la impunidad. Éste se abre más allá de los márgenes estrechos marcados por el sistema penal del derecho y la justicia estatal. 

En 2021 y 2022, la lucha de las universitarias de por lo menos tres universidades públicas y una privada hacía temblar al sistema educativo en general y a los pactos institucionales que les conforman. Las denuncias apuntan a los históricos abusos, las violaciones y la corrupción de docentes y administrativos, quienes, por largos tiempos, amparados en la autonomía universitaria, se creían intocables. 

En otros casos se señalan los mandatos de silencio de las instituciones religiosas que piden “perdón de dios” para los acusados, re-victimizando así a las estudiantes. Las chicas, a través de las redes sociales, crearon confesionarios, organizaron asambleas entre ellas y tendieron puentes para romper los límites de sus instituciones. La lucha de las mujeres universitarias sacó su potente voz para mostrar en público la ineficacia y la inexistencia de los protocolos de denuncia en sus escuelas.

El 8 de marzo pasado, en la movilización de Cochabamba, vimos cómo la práctica del escrache no es solo una señal, sino que ya es una forma práctica de lucha. El gran río de mujeres deja tras su paso denuncias que tienen nombre propio, e imágenes que tapizan las paredes y calles. Sin embargo, este año además de los escraches a individuos, se imprimieron con más rabia contra las instituciones policiales y la iglesia. La palabra PEDERASTA impresa en la catedral se escribía con letras mayúsculas. Unos meses después tarde detonarán horrorosos casos de pederastía de la iglesia católica en el país.

Con todo, el escrache es ya una forma legítima de invalidar públicamente a los agresores. Es una práctica autónoma que se ha masificado no solo porque las instituciones que “atienden” la violencia de género no son efectivas sino por deseo de producción de justicia por mano propia por fuera del estado.

Los escraches nacen por la falta de respuesta de la policía y otras instituciones para resolver las múltiples violencias de género, abuso, violación y feminicidios que afectan a las mujeres, a los cuerpos feminizados y a las otras disidencias rebeldes. Se realizan también para evitar la repetición y como un llamado a la memoria colectiva.

El trabajo de investigación y sistematización amplio y detallado realizado por el espacio Precarias e Investigadoras, del cual formo parte, habilitó una vista panorámica de las diferentes prácticas de las mujeres y los feminismos en la producción de justicia. Los casos mencionados arriba son solo algunos de los que hemos documentado.

Estas prácticas concretas contienen un tipo de politicidad que se significa al calor de las luchas. Identificamos tres tipos de prácticas: las estadocéntricas, las combinadas y las autónomas. 

Las prácticas estadocéntricas son luchas que se dan en el terreno de la justicia estatal, y las prácticas combinadas son luchas para la producción de justicia en el campo institucional y por fuera de sus márgenes, como en los casos de las mujeres de universidades públicas y privadas. Por último, las prácticas autónomas buscan la producción de justicia por fuera de la justicia estatal, como son los escraches realizados por colectivas e individualidades, y otras denuncias y acciones que conectan los espacios público-privados.

¿Qué es lo que queremos que pase?

“La justicia feminista no es matar, no es odiar, no es humillar”, dice la feminista paceña María Galindo. “La justicia feminista es reparar el daño”.  

En las luchas que estamos dando en los feminismos renovados estamos resignificando la noción de justicia. Le estamos dando forma a un tipo de justicia feminista donde nos reapropiamos de los sentidos de la politización, las acciones de autodefensa, la discusión de la acción política del  acompañar, la reparación y la sanación individual y colectiva.

Hasta ahora las luchas contra todas las violencias y por la justicia surgen del hartazgo producido por la impunidad y la revictimización en el terreno de lo estatal. La justicia feminista entonces es un tipo de reparación de la dignidad.

En el debate sobre justicia feminista se reflexiona sobre el punitivismo y lo carcelario del sistema judicial. Pero para nuestras luchas el punitivismo no resuelve, pues dialoga con los fascismos tan instalados en Bolivia en los últimos años.

El ejercicio de nombrar y reconocernos parte de una lucha grande, con deseos comunes, tiene una genealogía que señala la importante lucha por la producción de justicia de las Mujeres Creando. Ellas han incorporado una nueva forma de control social sobre las instituciones que gestionan y regulan las violencias. Ellas a través del enrostramiento (mostrar los rostros de los abusadores), denuncian públicamente la inoperancia del estado. 

La justicia feminista se nutre de un diálogo intergeneracional. Hoy las más jóvenes hacen estallar todos los silencios, en todos los espacios, y a un ritmo sin fin. Con ellas estamos navegando un caudaloso río de deseos que en su flujo conecta lenguaje y emociones con libertad.