Reportaje • Sammy Castro • 6 de julio, 2023 • Read in English

La tensión entre el gobierno de Xiomara Castro en Honduras y el sector empresarial se ha incrementado ante la propuesta de Ley de Justicia Tributaria, que propone reducir los incentivos fiscales y reducir la desigualdad en el pago de tributos. De ser adoptada por el congreso, quienes ganan más pagarán más, permitiendo al Estado recaudar más ingresos por impuestos de las grandes industrias.

Las poderosas familias de la élite hondureña se oponen a la introducción de impuestos progresivos, ya que gozan de enormes privilegios fiscales. El rechazo de este sector obstaculiza la recaudación, paralizando la capacidad del Estado de proveer programas y servicios sociales a la mayoría de la población.

La adopción de las reformas contenidas en la Ley de Justicia Tributaria (LJT) implica reconocer a nivel constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir, que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana.

Honduras es uno de los países más pobres y desiguales del hemisferio occidental.

En 2019, alrededor de la mitad de la población hondureña vivía con menos de $6.85 dólares al día. Esta proporción es mucho más alta que los promedios de América Latina y el Caribe y Centroamérica para 2019.

La LJT plantea combatir la desigualdad extrema derogando los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a los abusos comprobados de las empresas beneficiarias, según lo ha manifestado Marlon Ochoa, el ministro director del Servicio de Administración de Rentas.

La propuesta de ley también pretende crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer la inversión extranjera.

Otro aspecto está encaminado a cambiar el principio de renta territorial a renta mundial,  para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Asimismo, elimina el secreto bancario para fines tributarios.

Entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por la reforma al principio de renta territorial. De aprobarse el cambio propuesto en la LJT, 503 empresas y personas naturales comenzarán a pagar impuestos por los ingresos percibidos del exterior.

Hasta ahora la empresa privada y la banca privada—representadas por los partidos conservadores en el congreso—se han manifestado férreamente en contra.

El jefe de la Comisión Presupuestaria del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, del gobernante Partido Libre, ha señalado que el desarrollo económico de Honduras ha demostrado que la riqueza nacional se ha concentrado en pocas manos. Los activos productivos (tierra y otros medios de producción), el crédito, la tecnología, los servicios de educación y salud de calidad, entre otros, se concentran en las 10 familias más ricas de Honduras.

Estadísticas del SAR revelan que en 2021, a través de 157 empresas, estas 10 familias tuvieron ingresos de aproximadamente 5 mil millones de dólares, pero pagaron aproximadamente 2 millones de dólares de impuestos. Es decir que por cada cuatro dólares—aproximadamente—que recibieron estas familias, apenas pagaron 1 centavo en impuestos.

Elites vs. impuestos

El gran capital y los medios de comunicación afines a éste han desatado una campaña de desprestigio contra la Ley de Justicia Tributaria. 

Han llegado a afirmar que dicha Ley reducirá el crecimiento económico, destruirá los empleos y reducirá la inversión privada, aplicará impuestos a las remesas de los migrantes, destruirá las microempresas y dañará la producción agrícola. Han buscado sembrar el miedo en la población.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que representa principalmente a las empresas más grandes del país, ha recomendado diseñar un plan progresivo de formalización mediante la imposición de un régimen tributario simplificado.

Eso significa, según la propuesta del COHEP, “que los pequeños contribuyentes del sector informal entren al sector formal”, aplicando otro impuesto a los micro, pequeños y medianos empresarios. Su propuesta significa que los más pobres pagarían más impuestos, sin que los grandes empresarios paguen su parte.

A diferencia del discurso de las élites que son los dueños de Honduras, el dirigente obrero Carlos H. Reyes afirmó que la Ley de Justicia Tributaria cuenta con el apoyo de las centrales obreras.

Reyes contó que el Gobierno les expuso a los líderes de las distintas centrales obreras el proyecto de reforma tributaria que busca, entre otros beneficios, frenar el abuso de las exoneraciones.

“Definitivamente la opinión que hay entre todos nosotros es de preocupación por la forma en que se está montando una oposición a algo que es necesario”, dijo Reyes en entrevista con Ojalá. “La opinión de los compañeros es de que se entienda, se interprete el problema y que la Ley de Justicia Tributaria tiene el apoyo de las centrales obreras”.

Contra la desinformación que alimenta la desigualdad

El tradicional modelo económico ha fracasado en Honduras. 

No ha generado el empleo masivo y digno que se prometió en las recientes campañas políticas; no ha dado seguridad social, educación y salud de calidad; ni iguales oportunidades laborales para hombres y mujeres, especialmente para las juventudes; ni respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afro hondureños y comunidad LGTBQI+.

Es en este contexto que el gobierno presentó la propuesta de la LJT ante la comisión de dictamen del Congreso Nacional a principios de mayo. Posicionaron la aprobación como algo que no significará nuevos impuestos, que no hará encarecer la canasta básica, que mantendrá incentivos a la inversión y agregará controles para evitar la evasión fiscal. También se ha hablado de la ley como manera de evitar la corrupción.

Los representantes de las principales Centrales Obreras de Honduras están en contra de las exoneraciones a largo plazo porque las mismas se convirtieron en un sistema de privilegios. Los compromisos de las empresas beneficiadas para generar más empleo, a la fecha, no son una realidad. Las condiciones laborales que se otorgan son precarias y no gozan de beneficios conforme a ley.

“Esta es una intervención inédita. Aquí se está combatiendo la opacidad que es la forma oscura de manejar las cosas, y se combate con información, conocimiento, con la transmisión de la realidad de las cosas y eso es lo que está haciendo el Gobierno en este momento”, dijo el secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, en entrevista con Ojalá.

“Aquí venimos sin sesgo ideológico o político, el Estado está obligado a intervenir cuando hay abusos”, dijo el líder de la CGT.

“Estamos desarrollando actividades con el mero pueblo, con organizaciones populares y organizaciones territoriales porque hay una fuerte campaña mediática de los voceros de la oligarquía, diciéndole mentiras a la población”, comentó el delegado presidencial para el Poder Popular, Sergio Rivera.

El sector obrero ratificó estar a favor de esta reforma tributaria el 1 de mayo en el contexto de las marchas del Día Internacional del Trabajo, recordó el secretario adjunto de la CGT, Benjamín Vásquez.

El dirigente sindical argumentó que todos deben pagar impuestos en función de los ingresos, y que no es justo que los pobres paguen más que los ricos. “Aquí la gente de escasos recursos es la que más paga impuestos; todo consumidor paga impuestos, pagan todo el tiempo por lo que otros no pagan”, argumentó Vásquez.

En relación a las manifestaciones realizadas por trabajadores de la agroindustria sureña en Choluteca en contra de la iniciativa de ley, Vásquez explicó que la amenaza del sector empleador es que van a haber despidos. 

De forma similar, con la derogación de la Ley del Empleo por Hora —que vulneraba los derechos de los trabajadores— el año pasado, hubo una fuerte amenaza de despidos masivos. Pero no pasó, dijo Vásquez, porque el capital siempre va a necesitar de la mano de obra.

“Son amenazas de todo el tiempo”, consideró el entrevistado. 

Por su parte, Liliana Castillo, ex presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), ha manifestado que la iniciativa de ley es respaldada por todos los sectores, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional, debido a que se ha reconocido que Honduras es el país con las exoneraciones más altas en la región latinoamericana en comparación a su Producto Interno Bruto.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2016 establece que las exoneraciones fiscales en Honduras se calculan en un siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de $1.4 mil millones de dólares (33 mil 114.8 millones de lempiras), según cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas. 

La economista Castillo indicó que, en los demás países de la región, estas exoneraciones fiscales se han ido reduciendo gradualmente y ahora la mayoría anda en tres por ciento o menos del PIB.

“O sea, que sí es necesario que vayan reduciendo y que esos recursos, como bien dice el FMI, se destinen a generar más inversión y apoyar más en la parte social”, dijo Castillo en una entrevista compartida con Ojalá.

En ese sentido, agrega que parte de los recursos que se obtengan por la aplicación de esta Ley de Justicia Tributaria se destinen a la inversión social.

Basta de exoneraciones fiscales

En Honduras, los regímenes de exoneraciones han sido adulterados con abusos. Un claro ejemplo es el régimen de las Zonas Libres (ZOLI), las cuales han gozado 71 años de privilegios fiscales.

En octubre de 2021, el gobierno extendió exoneraciones a más de 94 empresas en Régimen Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zolitur) durante 15 años adicionales, permitiéndoles no pagar impuestos durante 33 años seguidos. Estas exoneraciones iban a finalizar en 2025.

De igual forma, el Régimen de Importación Temporal (RIT) se ha venido beneficiando desde el año 1984 hasta 2037 (53 años). Se les han otorgado privilegios fiscales a las empresas acogidas.

Otro caso son las Alianzas Público-Privadas (APP), que trabajan con dinero que viene del sector privado y dinero que pone el sector público en mayor proporción. Las ganancias sólo son para el sector privado y gozan de exoneraciones durante toda la vida del contrato. Estos contratos contienen cláusulas de estabilidad, que le permiten extender la exoneración a empresas y empleados. Todo el riesgo de la inversión lo asume el pueblo de Honduras a través del Estado.

Finalmente, la energía renovable está exonerada desde 2007 hasta que finalice cada contrato, es decir, de por vida. Con la nueva Ley de Justicia Tributaria, se busca cancelar este tipo de contratos. De acuerdo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las empresas de generación energética en Honduras son élites empresariales que quieren seguir lucrando hasta lograr la privatización del sector, gozando de beneficios fiscales.

Actualmente el Congreso Nacional se encuentra en un periodo de receso, por lo que el proceso de aprobación de la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria se encuentra paralizado. Al retomar la actividad legislativa en julio, se continuarán realizando gestiones de negociación con la esperanza de empezar a cobrar impuestos a los más ricos de Honduras.