Aviso de contenido: esta nota contiene descripciones de asesinatos y violencia policial antinegra.

Reportaje • Kimberley Brown • 21 de julio, 2023 • Read in English

Pedro es un padre de familia de 51 años de Esmeraldas, una ciudad mayoritariamente afroecuatoriana de la costa de Ecuador que recientemente ha sido calificada como una de las ciudades más violentas de América Latina. En Esmeraldas ha habido violencia desde hace mucho tiempo, pero Pedro dice que en el último año ha llegado demasiado lejos.

“Matan, matan de forma extravagante, de forma terrible. Cortan cabezas, queman cuerpos y suben los videos [a internet]", contó a Ojalá por teléfono. Pedro, como otras personas con las que hablamos para este reportaje, pidió que cambiáramos su nombre por miedo a represalias.

En un principio, este tipo de violencia extrema se concentraba entre las dos pandillas locales, Los Tiguerones y Los Gangsters, que se peleaban el territorio. Pero recientemente, ellos y otros grupos han empezado a extorsionar a personas y a pequeñas empresas locales. Los que no pueden pagar, pagan con su vida o la de sus familias. La gente rara vez denuncia estos delitos, pues teme las represalias y no confía en la policía, que con frecuencia trabaja con los mismos grupos delictivos, dice Pedro.

"Es un temor implacable que la ciudadanía vive en este momento”, comparte.

Las recientes escaladas de violencia han puesto a Ecuador en las noticias últimamente. El pequeño país sudamericano tiene una de las tasas de homicidio de más rápido aumento de América Latina. El presidente derechista Guillermo Lasso ha culpado de la violencia a los grupos armados que luchan por el control de la cadena de suministro de cocaína que atraviesa el país, dejando a los ciudadanos en medio del fuego cruzado.

Pero muchos dicen que esto es sólo una parte de la historia. Más bien, la impunidad y la corrupción a gran escala, junto con un Estado y un tejido social debilitados, son los principales factores que han llevado a Ecuador a este punto.

Las prisiones, un infierno

En 2018, Ecuador tenía una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina. 

El año pasado se registraron 4,603 muertes violentas, un 83 por ciento más que el año anterior. Y parece que 2023 será aún peor. Ciudades costeras como Guayaquil y Esmeraldas se clasifican ahora entre las más peligrosas de la región.

Este aumento de la violencia comenzó poco después de los primeros motines en las cárceles tras el asesinato de un líder clave de una pandilla en Ecuador, en diciembre de 2020. Una antigua rivalidad entre pandillas por cuestiones de liderazgo y control territorial se convirtió en una guerra, dentro y fuera de las prisiones. Al dispararse los homicidios, continuaron los disturbios en el sistema penitenciario de Ecuador. En los últimos tres años, más de 400 presos han sido asesinados.

El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que se detalla la corrupción existente en el sistema penitenciario de Ecuador, señalando que los guardias permiten la entrada de pistolas, cuchillos y explosivos. El informe también menciona altos índices de hacinamiento (más del 20 por ciento), una falta total de programas de rehabilitación y la ausencia de un registro de presos. 

A medida que aumenta el número de presos, se recortan los presupuestos de las cárceles, mientras que las políticas cambiantes en materia de drogas han provocado un aumento de las penas de prisión por el delito de venta de drogas.

Juan, estudiante de trabajo social de 28 años de edad en Guayaquil, dijo a Ojalá que su hermano murió en un motín en una prisión en 2021, aunque la familia no sabe exactamente qué ocurrió. Las autoridades tardaron dos días en confirmar que su hermano estaba entre los muertos: los guardias de la prisión no sabían quién estaba en cada celda. Grupos armados dentro de la prisión controlan el registro de los presos, según Juan. 

Cuando su hermano vivía, su familia le pagó la comida, las llamadas telefónicas, su colchón y, si era necesario, le pagaban para poder cambiar de celda en la cárcel. La familia depositaba el dinero en las cuentas personales de quien dirigiera el servicio adentro en ese momento.

Juan es uno de los varios familiares de personas encarceladas que formaron el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles en 2022. A principios de este año, el grupo inició una demanda contra el Estado y las autoridades penitenciarias nacionales alegando décadas de negligencia. Exigen reparaciones individuales e integrales y una disculpa pública del poder ejecutivo.

María Fernanda Noboa González, coordinadora en Ecuador de la Red de Mujeres Especializadas en Seguridad y Defensa en Latinoamérica y el Caribe, señala que las cárceles de Ecuador son "las retaguardias estratégicas de la criminalidad organizada", bajo el control de grupos delictivos. Funcionan como un refugio en el que estos grupos pueden organizar sus operaciones y comunicarse con sus miembros en el exterior mediante Whatsapp o drones, afirma Noboa González. 

La geografía de la violencia

La ubicación geográfica de Ecuador —justo entre Colombia y Perú, dos de los principales países procesadores de cocaína del mundo, con una larga costa a lo largo del océano Pacífico— se ha convertido en un punto prioritario de tránsito y envío de cocaína hacia el norte. 

Al día de hoy, se han identificado 28 grupos armados en Ecuador, según Noboa González.

La mayoría de sus actividades se concentran en la costa y a lo largo de las zonas fronterizas norte y sur con Colombia y Perú, controlando directamente no sólo el tráfico de cocaína que sale por el Pacífico, sino también el tráfico de armas y la trata de personas.

Juan, que perdió a su hermano en prisión, señala que Guayaquil siempre ha sido peligrosa. Sin embargo, cuenta que, en los últimos años, tanto la cantidad como el tipo de violencia han cambiado. 

"Anteriormente tú veías a alguien [a quien] dispararon ya, pero no veías a alguien que descuartizaban, que lo dejaban botado, una parte del cuerpo en un lugar y otra parte en otro lugar. De ese tipo de violencia no sabía antes”, dijo a Ojalá por teléfono. Hoy en día, esto es habitual, agregó.

Pero la violencia no sólo se intensifica en la costa.

De las 15 ciudades más peligrosas de Ecuador, donde las tasas de homicidio han aumentado año tras año desde 2020, diez se encuentran en la costa. Las otras cinco se encuentran en las provincias andinas centrales de Los Ríos, Cañar y Azuay, y están ligadas en el discurso oficial con el tráfico de drogas o la minería ilegal de oro.

Las autoridades también han alertado del aumento de grupos armados que controlan la minería y la tala ilegales y otras actividades relacionadas con los recursos en la selva amazónica. Estos grupos también tienen una fuerte presencia en la ciudad central de Santo Domingo de las Tsáchilas, un centro primario de tránsito que conecta la mayoría de las carreteras de la Amazonía con la costa.

Quito, la que fuera la capital más segura de América Latina, también está experimentando un aumento de asaltos a mano armada, y el año pasado registró un incremento del 90 por ciento en homicidios en comparación con el año anterior. Por toda la ciudad han surgido grupos de autodefensa vecinal, pues los residentes consideran que la policía no les protege. 

A principios de este año, un grupo de autodefensa de Comité del Pueblo, barrio del norte de Quito, atacó una casa abandonada que un grupo armado utilizaba como casa de seguridad, desatando un enfrentamiento armado de varias horas entre residentes y el grupo criminal.

Estado de excepción y militarización

En los dos últimos años, el presidente Lasso respondió a la violencia declarando al menos 10 estados de excepción. Esto colocó más soldados en las calles y estableció toques de queda estrictos para los residentes, que a menudo duraban meses. Dos de estos estados de excepción se aplicaron en todo el país y el resto se limitaron a Guayaquil y Esmeraldas, o a zonas cercanas a las prisiones.

A principios de este año, el presidente Lasso aprobó dos decretos que, según dijo, estaban destinados a combatir la delincuencia organizada, lo que encendió alarmas entre los grupos de derechos humanos en el país. 

El primer decreto establece el derecho de los civiles a portar armas. El segundo permite a las fuerzas armadas perseguir al crimen organizado como "amenaza terrorista", lo que significa que los militares están en la calle haciendo controles y otras tareas que normalmente realiza la policía. El gobierno también dice que ha estado reforzando su fuerza policial, y anunció que 8,000 nuevos graduados de programas de formación serían desplegados por todo el país como agentes y fuerzas de operaciones especiales.

Lasso estuvo en Nueva York el pasado miércoles para firmar un Memorándum de Entendimiento con los Estados Unidos para fortalecer la cooperación militar. Los detalles todavía no están claros. El acuerdo incluirá facilitar el intercambio de información relacionada a temas de seguridad, entrenar a las Fuerzas Armadas del Ecuador y reforzar la presencia militar a lo largo de las regiones fronterizas para “combatir el narcotráfico y crímenes relacionados”, según un comunicado de prensa del gobierno.

A Sofía Llerena, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), con sede en Quito, le preocupa el aumento de la militarización y de la presencia de la policía en las calles como única respuesta al aumento de la delincuencia. Ambas instituciones tienen antecedentes de discriminación racial y uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos, explicó a Ojalá. La mayoría de los soldados adicionales en las calles están desplegados a lo largo de la costa, en la capital y en algunas zonas de la Amazonía donde la minería ilegal es un problema, afirmó.

Llerena destacó los recientes casos de abusos contra Christopher Santacruz y Carlos Reyes, ambos hombres negros agredidos por miembros del ejército. Alrededor de siete soldados rodearon a Santacruz en Quito, le exigieron su identificación mientras bajaba de un autobús y lo estrellaron contra un poste, mientras un soldado parecía intentar esconder una bolsa de marihuana en su mochila. En la ciudad de Muisne, Esmeraldas, los soldados agredieron a Reyes porque filmó sus acciones contra otro joven. Después se lo llevaron, lo golpearon y le cortaron sus rastas.

Llerena indica que todavía no existe ningún registro que haga un seguimiento de este tipo de incidentes. Le preocupa que casos como éstos se multipliquen.

“Es un país con graves vulneraciones”, dijo Llerena a Ojalá en una videollamada. "Es criticable el actuar de la Policía Nacional y fuerzas armadas; creo que debe haber una reestructuración de la manera en la que ellos están siendo capacitados, y de cómo se está llevando a cabo”.

Llerena teme que la situación se vuelva aún más violenta en todo el país ahora que se permite a los ciudadanos portar armas.  

La austeridad y la violencia

Noboa González afirma que hay muchos factores que han contribuido a empeorar la situación de seguridad del país. La institucionalización de la corrupción y la impunidad en el país sirvieron como "las dos ventanas que se abrieron para que la criminalidad organizada entre por la puerta ancha”, dijo.

En 2021, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Micheal Fitzpatrick, manifestó su preocupación por la penetración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad ecuatorianas, refiriéndose a los generales de alto rango del ejército y a los agentes de la policía nacional corruptos como "narcogenerales". El año anterior, Estados Unidos revocó 300 visas de ciudadanos ecuatorianos que estaban siendo investigados por corrupción.

A principios de este año, La Posta publicó documentos y grabaciones que demuestran los vínculos entre personas clave del gobierno de Lasso y la mafia albanesa, uno de los motivos por los que el presidente se enfrentó a un juicio político. Tras la primera audiencia, realizada en mayo de este año, Lasso disolvió el gobierno por medio de la muerte cruzada, lo que puso fin a su juicio y a las discusiones sobre sus conexiones con la mafia.

El 20 de agosto se celebrarán unas precipitadas elecciones para nombrar a un nuevo presidente y una nueva asamblea nacional, los cuales ocuparán el cargo durante dos años, hasta que se celebren elecciones generales ordinarias. La seguridad es un tema central en las campañas y la mayoría de los ocho candidatos prometen fortalecer y depurar las fuerzas del orden y el sistema judicial. Pero todavía no han dado detalles concretos. Ninguno de los candidatos, ni de izquierdas ni de derechas, propone la desmilitarización.

"Mientras no haya una resolución radical y estructural de la corrupción y de la impunidad, la inseguridad no se va a curar nunca", dice Noboa González.

Kleber Daniel Pontón Ceballos, profesor de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN en Quito, dijo a Ojalá que los problemas de seguridad de Ecuador son herencia del gobierno de Lenin Moreno, quien recortó drásticamente el gasto social y cerró varios ministerios gubernamentales tras aceptar un préstamo de 6 mil 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. 

Esto ha corroído la red de seguridad social de Ecuador y la fortaleza de las instituciones estatales, sostiene. En 2019 y 2022, les ecuatorianes organizaron protestas masivas contra la austeridad, que duraron días y derivaron en enfrentamientos con la policía.

Llerena, del Inredh, dice que tanto la policía como las fuerzas armadas cometieron violaciones de derechos humanos en el transcurso del último paro nacional, en el que se hizo un uso excesivo de la fuerza contra civiles: seis personas fueron asesinadas y 150 manifestantes fueron detenidos arbitrariamente. Mirando hacia el futuro, ella se siente cada vez más preocupada por cómo se desarrollarán los levantamientos contra las medidas de austeridad ante la creciente violencia estatal y no estatal.