Opinión • Diego Castro • 21 de noviembre, 2024 • Read in English

Uruguay no está ajeno a la dinámica general de América Latina: alternancia gubernamental, corrimiento a la derecha y polarización. El último domingo de noviembre lxs uruguayxs votarán en la segunda vuelta electoral por un nuevo presidente para los próximos cinco años. 

Según los pronósticos, la definición será ajustada pese a la ventaja sacada por Yamandú Orsi, candidato del progresista Frente Amplio (FA), en la primera vuelta (44 por ciento) del 27 de octubre. 

Su rival será Álvaro Delgado del Partido Nacional (27 por ciento), sector de derecha, actualmente en el gobierno. Junto a este partido lo apoyan cuatro más en la llamada Coalición Republicana (CR) que sumados en la primera vuelta obtuvieron un poco más del 47 por ciento. La Coalición Republicana es una creación reciente y sirvió para que en la segunda vuelta de la elección de 2019 la derecha le ganara al progresismo. 

El que gane la presidencia a finales de noviembre tendrá que salir a buscar apoyos fuera, ya que en la cámara de diputados ninguno de los bloques ha obtenido una mayoría. El FA logró 48 diputadxs, la CR 49 e Identidad Soberana dos. La presidencia llegará más débil que los gobiernos anteriores, que contaron con bloques parlamentarios mayoritarios propios. En este caso el FA corre con ventaja por su mayoría en senadores (16 en 30).

Los resultados de la primera vuelta estuvieron dentro de lo esperado y las novedades fueron la confirmación de una muy mala elección para el partido militar, llamado Cabildo Abierto, pasando de tres senadores y 11 diputados a solamente dos diputados. 

La otra sorpresa es el ingreso al parlamento de Identidad Soberana —también con dos diputaciones—, agrupación encabezada por Gustavo Salles, un histriónico abogado antipolíticos, crítico con el extractivismo, antiagenda 2030 y también antifeminista y defensor de la familia. 

Cabildo Abierto reafirmó su pertenencia a la Coalición Republicana, mientras que Identidad Soberana promueve el voto anulado en la segunda vuelta. Los diputados de estos partidos pequeños seguramente serán claves para obtener mayorías circunstanciales en diputados. 

Con la elección nacional de octubre se votaron dos consultas populares: la que habilitaba los allanamientos nocturnos en hogares y otra que buscaba modificar cambios recientes en las reglas de juego jubilatorias. Ambas obtuvieron en torno al 40 por ciento de las voluntades, por lo que naufragaron.

El ejercicio del plebiscitar puede comprenderse como una experiencia positiva pese al fracaso de la iniciativa del seguro social, atendiendo a los desafíos futuros. Es una herramienta conocida que requiere esfuerzos organizativos importantes pero que permite producir mandatos. Ello supondría una desafiliación mayor (o momentánea) entre organizaciones sociales y gobierno progresista —si es que regresa al poder—, el plebiscito supuso un guiño de ojo. 

Consultas populares

Uruguay tiene, por constitución, la posibilidad de eliminar e inscribir leyes completas o parciales de manera directa por parte de la población. Para ello existen dos mecanismos: el referéndum, en el cual se consulta para eliminar una ley recientemente creada, y el plebiscito para aprobar o no una reforma constitucional. 

En ambos casos, para que un referéndum salga adelante se requiere recolectar firmas del 10 por ciento del padrón electoral (de 270 mil personas, aproximadamente); el parlamento también puede convocar a plebiscito. En este caso, el de la seguridad social se realizó por recolección de firmas y el de allanamientos nocturnos fue convocado por vía parlamentaria. De cualquier modo, se requiere el 50 por ciento más uno de los votos emitidos para que el plebiscito tenga efecto. 

Las consultas populares han sido un instrumento ampliamente utilizado por parte de las organizaciones populares. Desde la recuperación democrática en 1985 y principalmente en resistencia a las privatizaciones neoliberales, se han realizado más de 20 plebiscitos y referéndums.

La consulta sobre los allanamientos nocturnos fue impulsada por los partidos de derecha y la del sistema de pensiones por los sindicatos, organizaciones sociales y algunos partidos de izquierda. Se esperaba una mejor votación de quienes impulsan los allanamientos nocturnos, como una vuelta más de tuerca a las propuestas punitivas en un clima donde la inseguridad avanza y el narcotráfico se expande en los barrios populares.

Esta reforma adelanta el escenario de relacionamiento en caso de que el Frente Amplio vuelva al gobierno. La reforma contenía tres ideas fuerza: volver la edad jubilatoria mínima a 60 años (el gobierno actual la había subido a 65), equiparar la jubilación mínima al salario mínimo y eliminar el régimen privado de gestión de fondos llamados Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPS). 

La consulta fue impulsada como respuesta a la reforma del gobierno de derechas, pero no contó con el apoyo del Frente Amplio, que resolvió dejar en libertad de acción. De este modo, la consulta contó con frenteamplistas haciendo campaña por el sí y también en oposición frontal. 

Entre los sectores que apoyaron el plebiscito dentro del Frente Amplio se encuentran el Partido Comunista, el Partido Socialista y otras agrupaciones más pequeñas. Si bien el Partido Comunista fue el segundo sector más votado dentro del Frente Amplio, su desempeño estuvo por debajo de lo realizado en las elecciones 2019. Parte importante de la dirigencia sindical que impulsó el plebiscito es del Partido Comunista.

De los que se opusieron dentro del FA destacó el expresidente José Mujica. Salió en varias oportunidades a decir que si se aprobaba la reforma habría un caos económico por el costo que esta suponía. Más de 100 economistas del Frente Amplio se juntaron para criticar la consulta, sosteniendo que no era conveniente para Uruguay. De esa lista saldrá casi todo el elenco de la política económica del futuro gobierno, incluyendo el futuro ministro de economía en caso de que el progresismo triunfe. 

A los contras desde el Frente hay que sumar toda la derecha, las propias empresas de pensiones, las cámaras empresariales y el agronegocio. 

Es importante tomar en cuenta que los fondos de pensiones privatizados son el motor financiero de la forestación, la soja y la especulación inmobiliaria, entre otros rubros. Haber eliminado las AFAPS hubiese sido el mejor negocio para quienes nos oponemos al despojo en Uruguay, por su papel clave en financiar el extractivismo. Entre 1996 y 2023, del total de sus inversiones el 37 por ciento se destinó a infraestructura vial y ferroviaria, el 28 por ciento en actividades agrícolas y forestales, y el siete por ciento en el sector inmobiliario.

Los señores del sistema lo tienen muy claro y operaron fuerte con sus medios y personajes de derecha y de izquierda. Generaron miedo, con verdades a medias y mentiras. Pese a ello, el 40 por ciento de la población apoyó la reforma.

Muchos de quienes votaron al Frente Amplio desobedecieron las recomendaciones de los economistas y del “viejo sabio”, como llaman a Mujica. El 70 por ciento de los votantes del FA pusieron la papeleta por la reforma jubilatoria de las organizaciones. Además, 30 mil votantes (equivalente a aproximadamente 1.5 por ciento del electorado) pusieron solo la papeleta de la reforma jubilatoria y no votaron por candidatos. 

Pareciera que el electorado frentista está dispuesto a tomar más riesgos redistributivos y contra el lucro en las jubilaciones que sus dirigentes. Estos, mayoritariamente, dieron una señal clara: no se toca el “negocio”, aunque ello suponga que los jubilados que aportaron y trabajaron toda su vida cobren por debajo de la línea de pobreza.

Las luchas que no caben en las urnas

Una parte importante de las fuerzas que se desplegaron en los últimos años no tienen traducción partidaria y las respuestas gubernamentales existentes no se diferencian demasiado frente a sus planteos. 

Es el caso de las impugnaciones anti patriarcales abiertas por los feminismos y, en el último tiempo, por renovadas expresiones de luchas contra el saqueo y el despojo, especialmente las vinculadas al agua. 

La izquierda partidaria en Uruguay está integrada plenamente a la dinámica del capital, su mirada desarrollista y su fe ciega en el crecimiento económico la hace dependiente de las iniciativas extractivas. En ese camino se ha vuelto cada vez más pragmática asumiendo el esquema económico dominante sin mayores alteraciones. Solo algunos ensayan balbuceos torpes preocupados por el cuidado del ambiente, como si fuese algo externo, como si todo se pudiese remediar con alguna política compensatoria, como si lo que le hacemos a la tierra no nos lo hiciéramos a nosotrxs mismxs. 

Pareciera que el mensaje de la crisis del agua salada que revolcó Montevideo el año pasado no ha llegado al progresismo, como tampoco la capacidad comunitaria en plena pandemia ante la emergencia alimentaria. Nuevamente la propuesta son transferencias monetarias individuales para las familias pobres. La insistencia llama la atención luego de la potencia desplegada por más de 700 ollas y merenderos populares. 

La conexión entre estas luchas e iniciativas comunitarias con la izquierda partidaria es escasa o inexistente, a diferencia de lo que sucede con los movimientos tradicionales, principalmente los sindicatos. 

En Uruguay necesitamos imperiosamente frenar y vetar el avance del extractivismo y la violencia. Sin idealizaciones, las consultas populares pueden ser herramientas poderosas para ir marcándole el pulso a la inexistencia de distinciones relevantes entre las opciones electorales en pugna. Es una forma de intervenir de manera concreta y puntual para que suceda lo que queremos.