Opinión • Raquel Gutiérrez Aguilar • 24 de octubre, 2024 • Read in English

Una joven madre que se esconde y a cuyo padre detienen en Tarija, al sur de Bolivia, el 11 de octubre, acusado de trata y tráfico. La criatura de la joven es hija de Evo Morales, según el certificado de nacimiento presentado ante el juzgado. Nació cuando la joven tenía 16 años. 

Desde el 14 de octubre, se levanta un bloqueo de caminos en Cochabamba en apoyo a Morales, en medio de divisas escasas y aguda falta de combustibles. El partido político del Estado, el Movimiento al Socialismo (MAS) que sigue afirmando ser de izquierda, está dividido en dos fracciones que se preocupan principalmente de bloquear las intenciones de la parte contraria. 

Así ha llegado a Bolivia el mes de octubre, junto a una primavera en que los incendios de miles de hectáreas de bosque no dan tregua. Crisis concatenadas y superpuestas que generan intenso malestar entre la población que enfrenta la subida del precio de los alimentos básicos. Para volver comprensible este enredo de muchas capas necesitamos describir sucintamente el contexto, lo que requiere repasar los años del liderazgo de Morales y lo que ha ocurrido después para entender cómo llegamos hasta aquí. 

La cultura política de la violación

Las organizaciones sociales sectoriales, entre ellas las Seis Federaciones de Productores de Coca del Chapare y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entre otras, que llegaron a ser muy poderosas en décadas anteriores, se fueron subordinando paulatinamente al MAS durante los 13 años del mandato de Morales (2006-2019). 

Tal relación de subordinación amplificó dinámicas de intercambio de lealtad, obediencia y silencio por cargos y prebendas entre dirigentes sociales y mandos del partido en el poder. El eje de este dispositivo que intercambia obediencia por favores ha sido Morales, quien concentró la última palabra en toda clase de decisiones que incumben al conjunto. Ahí está el nudo de su feroz confrontación con Luis Arce Catacora, actualmente presidente de Bolivia, que también pertenece al MAS.

La perversa dinámica mercantil de regulación de la esfera pública que paulatinamente fue asfixiando la independencia política de las organizaciones sociales y la expresión del disenso, se fue ampliando hasta incluir la entrega de mujeres jóvenes a Morales a cambio de ventajas políticas y económicas grandes y pequeñas. 

La activista María Galindo con agudeza ha llamado a este cúmulo de contradicciones superpuestas “cultura de la violación”, y argumenta que se ha vuelto un rasgo central del ejercicio del mando político en Bolivia durante los últimos años. Es en medio de la ampliación de deplorables prácticas de abuso y silencio hacia las organizaciones sociales y lxs militantes, que una cultura política de la violación se generalizó. 

En este marco, el 7 de octubre se supo que había una denuncia contra Morales y los padres de la menor por estupro y trata y tráfico, quienes fueron llamados a declarar en un juzgado de Tarija. El viernes 11, Morales no se presentó a prestar declaración y a raíz de ello se han desencadenado un conjunto de protestas. El asunto en cuestión no es reciente. Hasta donde se sabe, en 2015 los padres habrían promovido relaciones entre la adolescente, que entonces tenía 15 años, con Morales, por entonces de 56 años. 

El documento presentado en la corte indica que la madre de la menor habría obtenido ventajas económicas de tal situación. La joven dio a luz a una hija en 2016. Luego, Morales pasó a buscar a otra chica más joven para entretenerse y la joven madre se convirtió en una cuenta más del rosario de lo que Galindo llama la “depredación sexual serial” a las hijas de compañeros del líder.

Abuso de menores e instrumentalización política

El que este escabroso asunto se haya vuelto público a principios del mes es parte de la guerra interna dentro del MAS en la que se confrontan dos fracciones: los Evistas, que apoyan a Evo Morales, vs. los Arcistas, como se conoce a los seguidores del presidente Arce. Se disputan la titularidad del partido y la postulación del candidato presidencial en las elecciones generales a realizarse en 2025. 

Morales quiere volver a reelegirse y para ello necesita forzar al partido a aceptar ese extremo. Arce, por su parte, quiere estabilizar mínimamente las crisis de las divisas y de la escasez de combustibles, aunque su posible reelección se percibe, por ahora, como algo muy improbable. 

En medio de tal disputa una serie de asuntos de orden institucional, como el nombramiento de directores de empresas estatales importantes como Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) así como de algunos jueces del tribunal electoral, están detenidos desde hace varios meses. Para tales nombramientos se requiere el acuerdo de dos terceras partes de la llamada Asamblea Plurinacional, es decir, del congreso legislativo. 

El MAS tiene la mayoría en el Congreso, pero como están divididos en dos facciones contrapuestas, cada una está en capacidad de bloquear cualquier cosa que la otra parte proponga. La confusión y parálisis que genera esta confrontación detiene todo tipo de trámites administrativo-burocráticos y refuerza la sensación colectiva de agobio. Incluso la aprobación legislativa de algunos créditos de emergencia para Bolivia que podrían dar un respiro a la falta de divisas están igualmente congelados. La noche del lunes 21 finalmente se logró elegir al Fiscal General del Estado tras que la Asamblea Legislativa decidió que la votación se hiciera por voto secreto.

En relación al caso de la menor de edad quien dio luz a la hija de Morales, es evidente que las intenciones del bloque Arcista del MAS al acelerar ahora el procesamiento legal consisten en, por un lado, presionar a la facción rival en el Congreso para destrabar el trabajo legislativo y, también, bloquear definitivamente la posibilidad de Morales de ser candidato a presidente en 2025. 

La instrumentalización gubernamental del asunto es evidente. Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y muchos otros militantes del MAS que hoy denuncian a Evo fueron testigos complacientes de esas prácticas durante muchos años. Además, la acción penal en marcha permite a la facción Arcista cubrirse con la bandera de “la defensa de la niñez y la adolescencia”.

¿Bloqueos en defensa del abuso de poder?

Por su parte, Morales tras negarse a ir a declarar al juzgado, se reunió con los dirigentes más cercanos y leales a su figura el sábado 12 en la localidad de Sacaba, muy próxima a la ciudad de Cochabamba. Desde ahí, llamó a un bloqueo nacional de caminos que comenzó el lunes 14 de octubre.

El bloqueo de caminos no ha alcanzado el carácter de nacional. Aunque dura ya más de una semana, se concentra en el departamento de Cochabamba, donde se encuentra la región productora de hoja de coca del Chapare, que es el bastión de Morales. La dinámica del bloqueo consiste en “tapar” puntos estratégicos que estrangulan la circulación. Así, Cochabamba está aislada de los departamentos vecinos y, por su situación geográfica en la mitad del país, corta la comunicación entre la región occidental y la oriental. Eso agrava la grave escasez de combustibles ya que 90 porciento de ellos, tras ser importados, se distribuyen por tierra a lo largo del país. 

Si bien el bloqueo de caminos es contundente en Cochabamba, a diez días de instalado, en varias localidades del Chapare se están produciendo fuertes críticas al motivo por el cual se convoca a la acción. Diversos dirigentes cuya voz se escucha en la amplia red de radios bolivianas insisten en que se deben bloquear caminos “por reivindicaciones sociales” y no por “motivos personales”. Así es como ahora se entiende la exigencia de que Morales quede exento de los procesos que tiene abiertos.

Por lo demás, se han comenzado a escuchar cada vez con más frecuencia las palabras y críticas de diversas mujeres dirigentas de las distintas federaciones. Se empieza a quebrar el mandato de silencio en relación a los abusos y desmanes de un líder que “gusta” de las jovencitas, que aprovecha de su lugar de poder y de los recursos públicos para entrar en relaciones de índole sexual con menores de edad.

Su comportamiento que era un secreto a voces ahora está dando paso a un coro de rumores y palabras, sin alcanzar a volverse un debate público en serio sobre la violencia patriarcal y política dentro del MAS. La discusión pública está enrarecida pues se trenza con todas las capas de conflicto descrito arriba. 

Aun así, la desobediencia al mandato de silencio es un primer paso hacia la posible producción de justicia, más allá de lo que ocurra en tribunales.