Opinión • Alexander Hall Lujardo • 9 de agosto, 2024 • Read in English

Las protestas empezaron en aras del anuncio por el presidente del Consejo del triunfo de Nicolás Maduro Moros para el período 2025-2031 en las elecciones del 28 de julio. Según la prensa, hasta el 31 de julio de 2024 sumaban ya decenas de fallecidos y más de mil detenidos por las autoridades por manifestar su descontento.

Además, una parte de la ciudadanía reaccionó con el derribo de estatuas de Hugo Chávez en diferentes zonas del país, lo cual marca el fin del ciclo emancipatorio bolivariano. Dicha gestualidad popular representa la quiebra simbólica de un proyecto antimperialista que empoderó a los sectores humildes del país, llevó a cabo decenas de misiones sociales que dignificaron a las personas de a pie y redujo la pobreza a niveles significativos mediante el establecimiento de un consenso masivo nunca antes visto en la historia republicana de Venezuela. Los actuales dirigentes condujeron el proceso a una deriva oligárquica, militarista y corrupta, sustentada en el tráfico de influencias, el rentismo subdesarrollante y la privatización con ideología socialista.

La convocatoria a elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 en Venezuela se logró luego de varias rondas de conversaciones entre el gobierno y la oposición, cuyos consensos quedaron plasmados en el reconocido Acuerdo de Barbados. El tratado propició una flexibilización de las sanciones coercitivas unilaterales de los Estados Unidos contra Venezuela. 

El ambiente electoral se desarrolló bajo un fuerte marco restrictivo caracterizado por los retrasos en la inscripción actualizada de votantes, sobre todo de aquellos radicados en el exterior que emigraron por razones económicas y políticas. Las autoridades ratificaron la inhabilitación de representantes opositores, como fue el caso de la candidata liberal María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición venezolana con 92.5 por ciento de los votos. 

Asumirse liberal en pleno siglo XXI ante los desafíos de la democracia representativa, el intercambio económico desigual y el desastre del neoliberalismo, implica estar a tono con gran parte del pensamiento conservador hegemónico. Machado también comparte rasgos con el pensamiento conservador de derecha, con posturas alineadas al fundamentalismo cristiano y el apoyo al sionismo israelí.

Corina Yoris, reconocida por su labor académica, depositaria del respaldo capitalizado por Machado y un sector importante de la militancia anti-chavista, también fue inhabilitada como candidata. La bancada opositora optó por la elección del exdiplomático y profesor Edmundo González Urrutia, con las promesas de recuperar la economía, rescatar la institucionalidad democrática y llevar a cabo un masivo plan de privatizaciones.

Algunos sectores críticos a la clase gobernante, aunque de espectro político de izquierda, como el Partido Comunista de Venezuela, denunciaron el secuestro de su tarjeta electoral. El Tribunal Supremo de Justicia, junto a figuras aliadas del Gobierno, bloqueó al liderazgo histórico de la organización, con el propósito de impulsar la candidatura unitaria del presidente Maduro.

El proceso electoral estuvo definido por su opacidad y hermetismo, al revocarse el 29 de mayo de 2024 la misión de observadores de la Unión Europea por decisión del CNE. Además, al restar tan solo cuatro días para la celebración de los comicios, el Tribunal Federal de Brasil suspendió el envío de observadores debido a descalificativos de Maduro sobre los sistemas de participación democráticos en Brasil y Colombia. 

Votar en la oscuridad 

La jornada del 28 de julio transcurrió con relativa calma en la mayor parte del territorio, a pesar de las denuncias en los retrasos de apertura de algunos colegios y las limitaciones en el acceso de testigos a centros de votación. En horas de la tarde-noche se reportaron actos de violencia, amedrentamiento por grupos de motorizados y retrasos en la transmisión de datos. 

Igual de grave resultó el comportamiento unilateral de las autoridades en impedir el acceso de testigos opositores a la sala de totalización del CNE, denunciado por la representante opositora Delsa Solórzano. En un país con más de 7.7 millones de emigrados debido a la crisis económica y el autoritarismo, según fuentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), solamente pudieron actualizar su derecho a votación 6,528 electores fuera del país, de un total de 69 mil venezolanos con derecho al sufragio desde el exterior.

El presidente del CNE Elvis Amoroso anunció en el primer boletín, que el candidato Nicolás Maduro Moros había ganado la elección con el 51.2 por ciento de los votos, seguido por González Urrutia con el 44.2 por ciento, mientras el resto de los contendientes acumularon entre ellos 4.6 por ciento.

La no publicación de las actas por el CNE en el marco de las cuarentaiocho horas como exige la ley de Procesos Electorales constituye una de las irregularidades más flagrantes en el marco de la elección presidencial. Ante esa realidad, organizaciones encargadas de velar por el cumplimiento de las garantías democráticas como el Centro Carter exigieron la publicación disgregada de las actas de escrutinio. El ente sin fines de lucro, que posee experiencia como observador internacional en más de 124 eventos de este tipo en 43 países del mundo, sostuvo que el proceso electoral “no ha alcanzado estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”. 

La indignación de las clases populares se hizo ostensible desde las horas inmediatas de anunciado el resultado oficial, dados los altos indicios que sustentan la posible existencia de irregularidades en el proceso. 

A las peticiones de transparencia se sumaron los gobiernos de todo el espectro político, incluyendo Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Perú, a los que el régimen bolivariano solicitó la salida inmediata de su personal diplomático. Y con idénticos reclamos al órgano rector, se sumaron Estados Unidos, Canadá, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Brasil y Colombia. En cambio, los dirigentes de Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia, Rusia, China, Siria e Irán reconocieron el proclamado triunfo de Maduro. 

La máquina política de Maduro

La dirigencia institucional venezolana reafirmó la reelección de Maduro a través de su fiscal general Tarek William Saab, el ministro de defensa Vladimir Padrino López y el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, entre otros voceros. Sostuvieron la narrativa de “intentona golpista” con apoyo imperial extranjero, en cuyo sustento esgrimen poseer decenas de pruebas, incluidas las declaraciones de los capturados. Persisten las amenazas contra Machado y González Urrutia, al responsabilizarlos de gestar un supuesto ataque cibernético desde Macedonia del Norte como pretendida causa del retrasado anuncio de los resultados electorales.

La compleja situación poselectoral marcada por la violencia interna y una crisis diplomática, signada incluso por la crítica asertiva de aliados históricos al proyecto bolivariano entre la izquierda progresista de América Latina como Cristina Fernández, Luiz Inácio Lula de Silva y Gustavo Petro, denota el perfil autoritario, represivo y enajenante del poschavismo.

Las insuficiencias estructurales de la izquierda reformista resultan endebles durante etapas de crisis, dada la persistencia exportadora de materias primas y la incapacidad de lograr una integración regional sólida que permita enfrentar las prácticas depredatorias en materia económica, comercial y financiera.

El descontento social se hace cada vez más presente ante dicha realidad, y las propias dinámicas de la democracia representativa no avistan otra salida que la represión policial, la criminalización de las protestas y la judicialización de las disidencias políticas. En dicha lógica represiva se encuentra el discurso de Maduro al acusar de terroristas, drogadictos, criminales y delincuentes a quienes se manifestaron en las calles. La soberanía popular permanece asediada por la militarización, las concesiones al empresariado privado y los acuerdos con trasnacionales extranjeras, sobre todo aquellas de origen ruso y chino.

La permanente inestabilidad política y económica encabezada por el autoritarismo del Partido Socialista Unido de Venezuela constituye una terrible noticia para la democracia, la integración latinoamericana y las izquierdas consagradas a la instauración de un proyecto social.

Las muestras represivas del régimen de Maduro echan por tierra el legado democrático, participativo y popular con que Chávez gobernó durante años, al obtener excelentes calificaciones en los procesos electorales. Hoy las elecciones en Venezuela resultan condenadas por los propios organismos que antes manifestaron su aprobación. Semejante realidad reaviva incluso los anhelos intervencionistas de los Estados Unidos, al reeditar sus viejos deseos usurpadores sobre los recursos naturales con que cuenta el territorio.