Opinión • Andrea Salazar Navia y Claudia Hernández Aliaga • 13 de junio, 2024 • Read in English

La escarcha cubrió a Santiago de Chile en uno de los días de otoño más fríos en 70 años. De madrugada ese día, el 16 de mayo, cientos de policías ingresaron por sorpresa a la Toma (ocupación de terreno) “17 de mayo”, un día antes de su quinto aniversario. Se expulsó con bombas lacrimógenas y retroexcavadoras a las casi doscientas familias que habitaban el fundo La Engordita en el municipio de Cerro Navia en Santiago, dejándolas a la intemperie en medio de temperaturas bajo cero. 

El desalojo en Cerro Navia fue resultado de que en octubre de 2023 la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por la dueña del terreno, argumentando que si bien las tomas son “un fenómeno social de gran envergadura”, se afecta directamente el derecho de propiedad de esta. Así, se ordenó el desalojo de los ocupantes en un plazo máximo de seis meses, solicitando la disposición de albergues provisionales u otras medidas de apoyo que el municipio no cumplió.

Desde marzo de este año comenzó a concretarse una ola de desalojos contra las ocupaciones irregulares o ilegales de terrenos en Chile, más conocidas como “tomas” y “campamentos”, por sus reivindicaciones en torno a la lucha por la vivienda y la vida digna. Estos desalojos tienen su origen, primero, en el cambio de criterio de la Corte Suprema que en el 2022 señaló que no son los privados quienes deben solucionar ni hacerse cargo del problema social que existe detrás de las tomas y, segundo, en la Ley Anti-tomas que entró en vigencia en diciembre del año pasado. 

Cerca de cincuenta desalojos se encuentran pendientes a nivel nacional. En marzo la Corte Suprema confirmó la orden de desalojo contra el campamento Centenario en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, una de las tomas más grandes de Chile que alberga a más de 20 mil personas que se niegan a abandonar sus casas. 

En abril las órdenes de expulsión llegaron a campamentos de la Región de Antofagasta, al norte de Chile. El 24 de abril se manifestaron masivamente contra la medida a las afueras del Servicio de Vivienda y Urbanismo regional. 

A principios de junio, en la Región metropolitana desalojaron el campamento Maurcio Fredes en la comuna de Quilicura. Vecinos y vecinas del campamento Nueva Cordillera en la comuna de Puente Alto han realizado bloqueos del transporte público para evitar su eventual desalojo. 

Ante la masiva crisis habitacional que atraviesa todo el pais, el Presidente Gabriel Boric —que se dice a sí mismo de izquierda institucional y feminista—, el Congreso de la República y el Poder Judicial han respondido con parches, desalojos, represión y criminalización. 

Mujeres y organización comunitaria en las tomas

Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024 del Ministerio de Vivienda, en Chile existen 1,432 tomas de terrenos. Es un récord histórico que representa un incremento de un 56 por ciento en comparación a las cifras oficiales del año 2019. 

Los campamentos y las tomas de terreno son una respuesta a la crisis económica y la precarización de la vida que se lleva a cabo a través de estrategias colectivas y populares que buscan dar solución inmediata a la urgencia habitacional, en un contexto de desprotección del derecho social a la vivienda digna.

De acuerdo con el informe de la Fundación Techo del año 2023, un 77 por ciento de los campamentos a nivel nacional declaran tener una organización comunitaria interna. Eso significa que cuentan con directivas activas tanto para las negociaciones con autoridades como para la búsqueda de soluciones que beneficien a los y las pobladoras. Es común observar en distintas experiencias de las tomas de terrenos la existencia de asambleas activas que funcionan en las sedes autoconstruidas, cooperativas de trabajo como panaderías y de oficios comunes, jardines infantiles autoorganizados, escuelas libres y de acompañamiento escolar, talleres, huertos y espacios recreativos como canchas de fútbol.

Además, en el 66 por ciento de las tomas esa organización es liderada por mujeres. Estos datos confirman no sólo el protagonismo de las mujeres en la lucha por la vivienda digna, sino que sus capacidades políticas organizativas están produciendo tejido comunitario que sostiene la vida en los campamentos y tomas de terrenos.

Las mujeres cumplen un rol fundamental en la cohesión social al interior de las tomas, necesario para la producción de ayuda mutua y de construcción de soluciones comunes frente a la precarización de las condiciones de vida. De esta manera, se van resolviendo tanto cuestiones de infraestructura mínima, como acceso a luz, agua potable y red de alcantarillado, aunque sea en la informalidad.

En aquellas experiencias de macrocampamentos, que sobrepasan las mil quinientas familias, existen unidades de organización más pequeñas que eligen a sus representantes de sedes vecinales internas. Es el caso del macrocampamento Los Arenales en Antofagasta, que reúne a un conjunto de 30 dirigentas vecinales internas y en donde sólo dos de ellos son varones.  

Como señala Elizabeth Andrade, dirigenta del macrocampamento Los Arenales, la organización comunitaria ha sido una respuesta a la violencia que han vivido las mujeres en sus hogares. A su vez, es una forma de sostenerse ante la precarización. “Es increible como en San Antonio, por ejemplo, lxs pobladores se tomaron un fundo en el que no se produce hace años y construyeron ahí en cosa de días un barrio con calles, canchas, huertos, sus casas”, cuenta Margarita Peña de la Comisión de Vivienda de la Coordinadora Feminista 8M. “Por eso ellas dicen que las tomas son la solución y no el problema”. 

La Ley anti-tomas y la agenda securitista 

Antes de esta ola de desalojos, las autoridades construyeron un ambiente de estigmatización a los campamentos y tomas de terrenos que fue replicado por parte de los medios de comunicación. El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo —exmilitante del Partido Comunista— señaló en el mismo momento del violento desalojo de la Toma 17 de mayo que “si bien es cierto que la gran mayoría son vecinos trabajadores, también había gente ligada al narcotráfico”. 

Siguiendo las estrategias aplicadas en México, Colombia y Ecuador, en Chile las autoridades han intentado instalar en el centro de la agenda política la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Para estos países la militarización y el discurso de combatir enemigos internos (“narcos”) ha provocado un aumento de la violencia y la ocupación militar y paramilitar de territorios donde existían bienes y recursos públicos en disputa. 

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, declaró el entonces Presidente Sebastián Piñera en medio de las protestas del 2019. Los pueblos respondieron a esta provocación con protesta, mientras desde el Congreso se lograba instalar esta narrativa bajo el paraguas de la “Agenda de Seguridad”, que impulsó diversos dispositivos legales para criminalizar la protesta social y también las tomas de terrenos.

El primer proyecto aprobado fue la ley “antibarricadas” y “antisaqueos”, proyecto que se votó en el gobierno de Piñera y contó con los votos de la derecha y gran parte del Frente Amplio. Fue parte —junto con el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución— de lo que les permitió clausurar la revuelta. 

Después de este proyecto le siguieron otros 50, todos aprobados bajo el gobierno del progresismo y la izquierda institucional de Boric. En abril del 2023, paradójicamente en el año en que se conmemoraron 50 años del golpe de estado, se aprobó la ley “gatillo fácil”, que establece la “legítima defensa privilegiada” para las policías. En la misma línea, modificaron y ampliaron la ley “antiterrorista” y declararon el Estado de Excepción en el Wallmapu (territorio Mapuche) que lleva más de dos años de vigencia hasta hoy.

En agosto de 2023 se aprobó por mayoría parlamentaria la controvertida Ley Anti-tomas en el Congreso, propuesta por la derecha. Si bien, a través de la presión y movilización del movimiento de pobladores, el gobierno de Boric se vio obligado a introducir un veto presidencial que modificó algunas disposiciones del proyecto, esta siguió conteniendo normas que la permiten catalogar como una de las leyes más represivas contra tomas y campamentos en el mundo. La normativa establece penas de cárcel a quienes ocupan terrenos, permite a la policía ingresar a los terrenos sin orden judicial y permite, además, que dentro de las primeras 12 horas del inicio de la toma cualquier persona pueda detener a los y las ocupantes, legalizando así a los vigilantes.

Lo que se viene en la lucha por un suelo para vivir

Recientemente el ministro de vivienda Carlos Montes señaló que el estado chileno ha construido 114,607 viviendas, lo que equivale a un 44 por ciento de avance del plan de emergencia habitacional (2022-2025). Si bien es una cifra alta considerando las políticas de las décadas anteriores en materia de vivienda, no alcanzarán en su periodo a contrarrestar ni la mitad del déficit de vivienda. Eso significa que la respuesta del estado para grupos familiares sin casa será la represión cuando intenten ocupar un pedazo de suelo para vivir.

Una de las medidas provisorias que el gobierno ha dado a las familias sin casa hasta ahora es un subsidio temporal de arriendo por 170 dólares como máximo. Esta no es solución real porque las personas deben contar con un contrato de arriendo y la mayoría trabaja de forma informal y no cuenta con ingresos suficientes para ello. Además propicia que las y los pobladores resuelvan de manera individual, transformando un problema colectivo y común en un problema de cada persona o familia. 

El objetivo de este conjunto de políticas represivas y medidas parche expresa de manera concreta la intención de romper con la organización comunitaria producida en los campamentos y tomas de terreno. Buscan atacar directamente las capacidades organizativas de las mujeres pobladoras que han liderado estos procesos y desarticular así la lucha por la vivienda digna.

Mientras va empezando el intenso invierno chileno, las autoridades y funcionarios del gobierno hacen el llamado a denunciar las ocupaciones ilegales. Y mientras las mujeres pobladoras, voceras de las tomas y campamentos en resistencia, cuidan a sus familias y organizan todas las necesidades básicas para vivir en comunidad, nos convocan a estar alertas, solidarizarnos con su lucha y a defender las posibilidades de producir comunidad, vivienda y dignidad.