Opinión • Francisca Fernández Droguett • 12 de julio, 2024 • Read in English

Hoy entre las principales demandas de la lucha por la desprivatización de las aguas en Chile está el reconocimiento del agua como derecho humano y la necesidad de su saneamiento para su acceso. Luchamos también por el derecho de la naturaleza, para la defensa y restauración de los diversos ciclos hidrológicos, no sólo para el consumo humano sino para que las aguas sigan fluyendo. 

Es desde esta mirada que articulaciones como el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), que aglutina a un centenar de organizaciones sociales y territoriales en el territorio llamado Chile y del cual formo parte, hemos planteado la necesidad de desprivatizar las aguas y descolonizar lo que entendemos por naturaleza. Se busca asumir una transición ecológica con justicia social, climática e hídrica, desde la defensa de ríos, lagos, lagunas, bofedales, salares, glaciares, y de otros cuerpos de agua.

Entre octubre del 2019 y enero de 2020, el MAT organizó más de 60 cabildos (asambleas) por el agua en diversos territorios del país, para plantear las bases de la gestión comunitaria de las aguas. De ahí se elaboró el Decálogo por los Derechos de las Aguas y su Gestión Comunitaria, en que se reconoce el agua como un bien común inapropiable, como sujeta de derecho. 

El Decálogo versa también sobre la necesidad de protección y restauración de todos los cuerpos de agua, de los ecosistemas y su gestión comunitaria, plurinacional, territorial y sustentable por cuencas y subcuencas, garantizando su uso ancestral. Destaca que el agua es clave en fomentar la soberanía alimentaria, las economías territoriales y la autodeterminación de los pueblos.

Leyes pinochetistas y la privatización del agua

La Constitución Política vigente en Chile desde la década de los ochenta establece que el agua, en cualquiera de sus estados, es considerada un bien nacional de uso público, pero al mismo tiempo consagra su propiedad privada. Esto se realiza a través de la creación, en plena dictadura militar, civil y empresarial, del Código de Aguas de 1981 que permite la conformación de un mercado de las aguas en su condición de bien transable, por lo que se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar este elemento vital. 

La adquisición de la propiedad del agua se estableció mediante derechos de aprovechamiento. Son entregados tales derechos de manera gratuita y a perpetuidad a privados vinculados a actividades extractivistas, como la megaminería, el agronegocio y el modelo forestal. Hoy existen propietarios de tierra sin contar con agua y, a su vez, aguastenientes que acaparan derechos de agua sin poseer tierra. 

Son más de 42 años de privatización y mercantilización del agua, de la educación, la vivienda y la salud en Chile. El despojo territorial e hídrico se ha ido profundizando, debido a la intensificación del extractivismo y de la crisis climática, ante el incentivo de falsas soluciones, en el marco de políticas eco-capitalistas. 

En Chile y más allá, se siguen favoreciendo las ganancias por sobre la sostenibilidad de la vida, para la transición energética del norte global, países con estados con los niveles más altos de ingreso per cápita. Nos referimos a la instalación de complejos eólicos, fotovoltaicos, la explotación de hidrógeno verde y la generación de ‘soluciones’ basadas en la naturaleza en el sur global. Son medidas que hoy agudizan la devastación de los ecosistemas, los territorios y de la naturaleza. 

La gestión comunitaria de las aguas, y su desprivatización, sólo es posible por medio de la derogación del Código de Aguas de 1981, donde se establece su condición de propiedad. Justamente en ello radica la situación actual de escasez y crisis hídrica, por el acaparamiento y la usurpación de las aguas por parte de empresas locales y transnacionales. Es por ello que hablamos de una hidro-política del despojo.

El horizonte constituyente, cerrado

La asamblea constituyente se convirtió en una de las demandas de la revuelta del 2019 en Chile. Se planteó un horizonte transformador que permitiría crear un nuevo cuerpo normativo respecto a la gestión de las aguas. Algunos movimientos socioambientales, entre ellos el MAT, lucharon por una asamblea constituyente con la esperanza de dar término a toda la institucionalidad y legalidad que han privatizado los elementos comunes naturales. 

Si bien no se logró posicionar la figura de una asamblea, se logró una Convención Constitucional, con la participación de representantes territoriales y de movimientos sociales como convencionales por elección popular. Se conformó una bancada ecologista que puso a la palestra las reivindicaciones anteriormente nombradas. 

Entre julio del 2021 y agosto del 2022, período en que funcionó la primera Convención Constitucional, se logró ingresar una iniciativa popular de la norma “Por el Agua, los Derechos de La Naturaleza y los Glaciares”, presentada por el MAT, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares y el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente. De los 388 artículos de la propuesta de norma, 74 se refirieron a la naturaleza, siendo uno de los mayores logros a nivel institucional en materia socioambiental en estas últimas décadas.

La propuesta constitucional fue rechazada en el plebiscito de salida que se llevó a cabo el día 4 de septiembre del 2022. La opción “rechazo” tuvo más del 60 por ciento de los votos, mientras la alternativa “apruebo” alcanzó poco más del 38 por ciento de las preferencias, en un contexto en que se repuso la votación obligatoria.

Posteriormente se conformó la segunda Convención Constitucional, con participación exclusiva de partidos políticos y contando con una fuerte presencia de la derecha y ultraderecha. El texto propuesto por esta segunda instancia también fue rechazado el día 17 de diciembre del 2023. Con ello se mantiene hasta la actualidad la Constitución de 1980, y por ende, el Código de Aguas de 1981.

La disputa vigente

El gobierno de Gabriel Boric se dice progresista, pero al mismo tiempo ha aprobado una serie de proyectos ecocidas como la expansión de la minera Los Bronces Integrado, de propiedad de Anglo American, y del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de AES GENER, de propiedad estadounidense. 

También fueron aprobados dos tratados de libre comercio desde el inicio de la presidencia de Boric. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entró en vigor en febrero del 2023, y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea fue firmado en diciembre del mismo año. El tratado con la UE incentiva una transición energética a costa de la explotación de territorios sobre la base de la producción de litio, hidrógeno verde y el aumento de proyectos hidroeléctricos. 

Frente a esas amenazas, a los territorios y movimientos socioambientales en Chile nos queda el desafío de seguir construyendo y consolidando las alternativas ante el avance neoliberal y eco-capitalista. 

Posicionamos una gestión comunitaria de las aguas, como la siembra y cosecha de agua de lluvia en el subsuelo para poder dar uso posterior, técnica ancestral de diversas comunidades indígenas. Buscamos la gestión por cuenca y subcuenca hidrográfica y la participación colectiva en las sanitarias, instancias a cargo de producir y distribuir agua potable, además de recolectar y tratar las aguas servidas. Esas experiencias son parte del ejercicio de la autodeterminación de los pueblos y como salida a la crisis ecológica y climática, poniendo la vida en el centro.

No es casualidad que quienes defendemos las aguas y los territorios seamos uno de los focos mayores de represión y criminalización en Abya Yala y en el mundo. Nuestras luchas poseen una profunda crítica estructural, y nuestros modos de vida se han convertido en los horizontes posibles para pensarnos más allá del capitalismo.