Opinión • Huáscar Salazar Lohman • 3 de noviembre, 2023 • Read in English

Ya quedó claro que el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, no responderá a los mandatos de su antiguo jefe, el expresidente Evo Morales. Los enfrentamientos entre ambos caudillos están derivando en una ch’ampa guerra.

En la historia boliviana, gran parte de las denominadas ch’ampa guerras no han sido otra cosa que disputas caudillescas que suelen escalar hasta enfrentar a distintos segmentos de la población civil, la mayoría de las veces de manera violenta.

El enfrentamiento por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) y por la candidatura presidencial en 2025 se da por sobre un país arreciado por incendios, sequías y una inminente crisis económica.

Desde hace dos años que los enfrentamientos se tornaron violentos, llegando a peleas campales, sillazos e, incluso, algún apuñalamiento

Aumentaron los señalamientos de uno y otro lado, acusándose mutuamente por encubrir actividades relacionadas con el narcotráfico. Incluso, los partidarios de Arce vienen culpando a Morales por generar las condiciones que llevaron a su propia renuncia en 2019 para victimizarse e instalar el relato del “golpe de Estado”.

Por su parte, Morales ha acusado de corrupción al hijo de Arce, quien se estaría beneficiando de la negociación del litio. Asimismo, la bancada evista, con el apoyo de la oposición de derecha, censuró al ministro más influyente del actual gobierno, Eduardo del Castillo. Acto seguido, Arce volvió a posesionarlo en el mismo cargo, desconociendo la decisión del legislativo.

Morales todavía cuenta con un fuerte respaldo de las seis federaciones cocaleras del Chapare, pero ha venido perdiendo el apoyo de varias organizaciones sociales en diversas regiones del país. Para contrarrestar esta tendencia y en la búsqueda de sostener el control sobre el partido, en las últimas semanas se organizó un congreso del MAS en el trópico de Cochabamba, sin la participación del ala arcista.

En este evento, cuya seguridad y gestión recayó en las federaciones cocaleras, Morales fue nombrado candidato presidencial para 2025. También expulsaron del partido a Luis Arce, a su vicepresidente David Choquehuanca y a todos los “renovadores”, como se autodenominan aquellos que apoyan al actual presidente.

En respuesta a este congreso, la facción de Luis Arce organizó un cabildo masivo en la ciudad de El Alto para demostrar su músculo político. Este evento contó con el apoyo de las máximas organizaciones rurales del país, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la organización de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa; también participó la Central Obrera Boliviana.

Las cúpulas dirigenciales de estas organizaciones responden, desde hace varios años atrás, a lógicas clientelares en su relación con el gobierno. 

Para frenar este cabildo, sectores afines a Morales atacaron en el Chapare a los buses en los que viajaban simpatizantes de Arce hacia la ciudad de El Alto. La confrontación derivó en más de 20 heridos. Esta disputa está en pleno proceso, y ambos bandos utilizan cada contexto posible para tratar de lastimar al contrincante.

Evo Morales es todavía el “propietario” de la sigla del Movimiento Al Socialismo, además de que cuenta con apoyo de sectores con un importante poder de movilización y recursos económicos, como los cocaleros. Pero Arce tiene el control del aparato estatal, que no es cosa menor.

En los últimos días el Tribunal Supremo Electoral anuló el congreso que había sido organizado por Evo Morales, lo que sigue aumentando el clima de tensión. Lo cierto es que este conflicto tiene todavía mucha tela que cortar y dará de qué hablar en los siguientes meses.

Si hace unos años mirábamos con curiosidad cómo la cara de Morales era sistemáticamente reemplazada por la de Arce en las vallas y carteles de propaganda gubernamental, hoy nos damos cuenta de que la violencia que deriva de esta ch’ampa guerra está apenas empezando.

La sucesión después del dedazo

Luego de la crisis política que derivó en la caída de Morales en 2019, el MAS tuvo que buscar un nuevo candidato para las elecciones que se llevaron a cabo en octubre de 2020. Morales no era una opción, no solo por una restricción constitucional, sino también porque se encontraba en el exilio.

Pese a que una facción importante de las bases del MAS se decantó por el excanciller Choquehuanca, Morales y la cúpula que controla legalmente el partido optó por el “dedazo” y designó a Arce como candidato oficial del MAS. Arce era el único ministro que acompañó fielmente y sin chistar todos los años del gobierno de Morales (2006-2019). Parecía la opción más apetecible para mantener el control absoluto sobre el partido.

Choquehuanca, en cambio, había dado muestras de insubordinación en los años en los que fue canciller (2006-2017), haciendo eco de malestares instalados en el partido y evidenciando aspiraciones que inquietaban a la dirigencia del MAS. Por ese motivo, en 2017 acabó desterrado en Caracas, como Secretario General de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Pese a ello y por su propio peso político, en 2020 logró la candidatura como segundo de Arce. 

Frente a la administración “transitoria” de Jeanine Añez —explícitamente represiva y de derecha— terminó siendo Arce quien ganó las elecciones del 18 de octubre de 2020, con un 55.1 por ciento de los votos. 

Si bien en un inicio se esperaba que éste también fuese un gobierno de transición que abriera la puerta para que Morales volviera a la presidencia, los planes de la vieja guardia del MAS no salieron como ellos esperaban. Arce quería —y quiere— ser presidente nuevamente en 2025.

El alejamiento entre Arce y Morales no surge de diferencias políticas de fondo o ideológicas, sino que ocurre sobre la base de la continuidad de una forma de gestión del poder estatal. La disputa es por los personajes, sus egos, por el control del partido y por quién será el próximo candidato presidencial. Es una disputa por el caudillo y no por el proyecto político.

El devenir del MAS

No se debe perder de vista que el Movimiento Al Socialismo emerge como una fuerza política relevante en el marco del conjunto de luchas sociales que se desplegaron en Bolivia entre 2000 y 2005 contra el embate neoliberal. Estas luchas surgieron desde las juntas barriales, las comunidades campesinas e indígenas y distintas formas comunitarias y autónomas de organizar la vida. El MAS logró aprovechar la fuerza de ese despliegue social y capitalizar una deriva de las estrategias de lucha: la electoral.

En sus inicios el MAS se configuró sobre una amplia base popular de articulación de organizaciones sociales que tuvieron la capacidad de incidir en la agenda de este partido y en la designación de candidatos, en especial para puestos locales y subnacionales. La estructura del partido, principalmente controlada por el sector cocalero, siempre fue vertical y centrada en la cúpula dirigencial dirigida por Morales.

Cuando el MAS llegó al gobierno en enero de 2006, estuvo fuertemente presionado por organizaciones sociales que contaban con reivindicaciones propias de transformación para el estado. Medidas como la convocatoria a una Asamblea Constituyente o la promulgación de la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria fueron implementadas por el gobierno debido a la presión popular, ya que en algunos casos el MAS se mostró reticente e, incluso, llegó a limitar el alcance de ellas.

Desde el 2010 la estructura partidaria del MAS se estableció cómodamente en el poder. 

Más allá de la narrativa de izquierda revolucionaria, estableció alianzas con las nuevas y viejas clases dominantes del país y con los capitales transnacionales, dando continuidad a un modelo económico centrado en el extractivismo. A través de distintos mecanismos, subordinó y cooptó a las dirigencias de las principales organizaciones sociales del país. A la par de ello aumentaría la deriva autoritaria del partido, que cada vez se fue aferrando más al poder.

El desconocimiento del referéndum de 2016, donde la sociedad boliviana votó en contra de la reelección indefinida de Morales, colocó al país en una situación de impasse y dio lugar a un escenario político altamente polarizado. Por un lado, estaba el resurgir de una rancia derecha que se organizó en torno a un discurso utilitario de “democracia”; por el otro, el MAS, dispuesto a hacer cualquier cosa para quedarse en el poder.

La crisis política y la ola de violencia que se desató luego de las fallidas elecciones presidenciales en octubre del 2019 fue resultado de este proceso de deterioro político.

La premisa: llevarse todo entre las patas

Si se mira en perspectiva, la disputa de los caudillos del MAS debería ser, en realidad, poco relevante en el escenario público boliviano. No solo porque Arce y Morales representan la continuidad de un mismo régimen político y económico sostenido en el extractivismo; sino porque son otras problemáticas, mucho más urgentes, las que deberían estar marcando la agenda pública.

Sin embargo, esta confrontación adquiere una inusitada relevancia porque quienes hacen parte de ella están dispuestos a llevarse por delante todo lo que sea necesario con tal de salir victoriosos. El ala arcista, al tener el control de las instituciones del estado, viene desplegando una variedad de estrategias para obtener el apoyo de organizaciones sociales con una amplia capacidad de movilización, y que en otros tiempos eran leales a Morales.

Un ejemplo ilustrativo es el apoyo que los cooperativistas mineros —principalmente ligados a la explotación aurífera— brindan a Arce. A cambio, el gobierno boliviano viene entregando las áreas protegidas del país para la extracción de oro. Eso conlleva profundas consecuencias ambientales, además de que esta actividad prácticamente está exenta de impuestos, por lo que ni siquiera beneficia económicamente al país.

Otro ejemplo es el que tiene que ver con el paquete de las “leyes incendiarias”, que es la base legal que permite las grandes quemas que, en estos días, han llenado al país de incendios y humo. Si bien estas normativas fueron impulsadas por el gobierno de Morales, en la actualidad el gobierno de Arce las mantiene como moneda de negociación con la agroindustria y también con algunas facciones de los denominados interculturales. Los interculturales son sectores de campesinos colonizadores —tanto cocaleros como de otras regiones del país— cuyas actividades económicas se relacionan con la expansión de la frontera agrícola, en muchos casos en territorios indígenas y áreas protegidas.

Todos estos factores han convertido a Bolivia en el país con mayor pérdida de bosque primario per cápita a nivel mundial.

Además, para ganar legitimidad social, el gobierno de Arce está sosteniendo una ficticia “estabilidad económica” sobre la base de gastar las reservas internacionales del país, que están por acabarse. También está incrementando de manera irresponsable la deuda pública, que ya alcanzó un 80 por ciento del valor del producto interno bruto nacional.

El mes de marzo el país ya tuvo los primeros indicios de esta crisis, aunque el gobierno logró contenerla de manera provisional vendiendo gran parte del oro de las reservas internacionales. Esta situación, sin embargo, tiende a tornarse insostenible y, cuando termine de decantarse, afectará principalmente a sectores populares de la sociedad boliviana.

Con todo, es importante tener en cuenta que la disputa al interior del MAS no responde a ninguna necesidad de la población. No está anclada en las grandes contradicciones de clase, ni tampoco tiende a la resolución de alguna injusticia social. Esta disputa es una vuelta de tuerca más a la estridente dinámica polarizante que viene marcando el ritmo de la política estatal boliviana desde hace algunos años. Otra ch’ampa guerra.

Hoy el problema no es entender quién de estos personajes saldrá victorioso de esta reyerta, sino cómo hacer para que este conflicto y la descomposición general que viene sufriendo el MAS afecten lo menos posible al resto de la población boliviana.