Opinión • Claudia Hernández Aliaga • 6 de septiembre, 2024 • Read in English

“Pasar agosto”, como se dice popularmente en Chile, ha sido particularmente difícil este año. No tan sólo porque es de los meses más fríos del duro invierno, sino porque durante los primeros días de agosto un inédito sistema frontal de lluvias y fuertes vientos afectó la zona centro y sur del país.

Voladuras de techos, caídas de árboles, de postes de luz y de tendidos eléctricos han marcado las imágenes de aquellos días. Sólo en la región metropolitana de Santiago se cayeron más de 2,000 árboles, 800 postes de luz y 12 kilómetros de red de media tensión de ENEL Chile, la empresa eléctrica más importante del país.

De acuerdo al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), a nivel nacional cuatro personas fallecieron, 2,500 personas resultaron damnificadas, casi 5,000 viviendas tuvieron algún grado de daño y 78 viviendas resultaron destruidas.

A todo ello se sumó una grave crisis en el sistema de energía eléctrica: tres millones de personas se quedaron sin luz. El apagón llegó a extenderse hasta por más de diecisiete días en miles de hogares que tuvieron que esperar la reposición del servicio. “La magnitud de los cortes de suministro eléctrico no se observaba desde el terremoto del año 2010”, según el ministro de energía, Diego Pardow.

La gente salió a protestar desde el primer día de los apagones. En distintos puntos de las ciudades y comunas afectadas, se registraron concentraciones, barricadas y cortes de ruta, tanto para exigir la reposición del servicio, como para dar cuenta de la negligencia de las empresas distribuidoras eléctricas que se negaron a recibir los reclamos. 

La inoperancia, la falta de información y de respuesta por parte de las empresas distribuidoras del servicio eléctrico dejó al descubierto que éstas no contaban con planes preventivos ni tampoco con inversiones en infraestructura ante emergencias climáticas. Develó con crudeza cómo el Estado chileno garantiza la acumulación de capital en el sector eléctrico.

Privatización y ganancia

La energía eléctrica es una necesidad básica indispensable para la vida cotidiana. Sin embargo, la normativa chilena no garantiza a las personas el derecho al acceso a ella. Más bien, garantiza y regula la inversión privada en el mercado eléctrico, viendo cómo las empresas que participan en él obtendrán utilidades a través de la entrega de un servicio público.

Esto es así desde la dictadura cívico militar de Agusto Pinochet (1973-1989). En la década de los ochenta, privatizó el cien por ciento de las empresas eléctricas, estatizadas por el gobierno de Salvador Allende (1970-1973). A partir de entonces la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica quedó en manos de inversionistas, en su mayoría capitales transnacionales, que compiten en un mercado abierto en la generación y en mercados regulados en la transmisión y distribución.

Las empresas transnacionales más importantes que operan en estos mercados son ENEL Chile, de capitales italianos y del Estado italiano, y CGE, de capitales del Estado chino. Ambas corresponden a los mayores holdings del sector, es decir, empresas gestoras y controladoras de otras empresas de generación, distribución y otros negocios vinculados a los mercados eléctricos.

En cuanto a la generación de energía eléctrica en Chile, las principales fuentes generadoras son hidroeléctricas y termoeléctricas. Las empresas que dominan el mercado son el holding ENEL Chile y Colbún quienes obtuvieron, al cierre del año 2023, utilidades de más de $678 millones, en el primer caso; y de más de cuatrocientos $400 millones, en el segundo. 

En cuanto a la transmisión de electricidad, es decir, el transporte de energía desde las plantas generadoras hasta las redes de distribución, las empresas que destacan son el holding CGE y Transelec. Las utilidades de ambas, al cierre del año 2023, fueron de 13 millones de dólares para CGE, y de más de 197 millones de dólares para Transelec.

Por último, la distribución eléctrica funciona a través de monopolios naturales, en que se entrega a una sola empresa la concesión de determinadas zonas geográficas. Los holdings ENEL y CGE, a través de sus empresas distribuidoras, abastecen a más de 5.3 millones de usuarios en la zona centro y sur del país. Ambas empresas, sólo por distribución, han mantenido utilidades millonarias desde el año 2018 en adelante.

El estado se encarga de fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. También establece el rango tarifario que pueden cobrar las distribuidoras a los usuarios finales —los hogares y pequeñas empresas— a través de la Comisión Nacional de Energía. El rango tarifario se fija de la misma información que entregan estas empresas. 

La jugada para las empresas eléctricas está en que el cien por ciento del servicio lo pagan los usuarios finales. Como explica Javier Piedra Fierro, director de la Fundación Energía para Todos, la tarifa final del servicio se calcula cada cuatro años usando una fórmula de un modelo económico. “Se calculan los costos de una empresa hipotética, ciento por ciento eficiente, con una tarifa final que busca remunerar los costos que son eficientes y no necesariamente los costos que las empresas incurren en la realidad”, escribió Piedra Fierro en una nota para Ciper Chile. 

Bajo este modelo en el sector eléctrico, nada que no aparezca en la normativa vigente puede obligar a las empresas eléctricas. Esto ha salido a la palestra con los apagones y la demora en la reposición del servicio eléctrico. La normativa no regula que las empresas deban realizar inversiones necesarias en la infraestructura ante emergencias climáticas ni tampoco exige planes preventivos que el mismo Estado pueda fiscalizar.

Desde el año 2010 el Ministerio del Medio Ambiente de Chile cuenta con una agenda de políticas públicas, planes de acción y programas en materia de cambio climático desde donde impulsa medidas de adaptación y mitigación que permitan enfrentar el cambio de las condiciones climáticas a las que estamos expuestos. 

A pesar de eso, en el sector eléctrico no existe regulación en la materia y, por lo tanto, obligatoriedad para las empresas eléctricas de invertir en la infraestructura necesaria para redes más resilientes, que permitan ante eventuales cortes de luz, la reposición de la energía eléctrica en el menor plazo posible.

Tampoco es justificable que las empresas eléctricas, principalmente las distribuidoras, no prevengan estos fenómenos y realicen las inversiones requeridas de manera voluntaria con las utilidades obtenidas. El día 9 de agosto, mientras cincuenta mil usuarios seguían sin luz, el mismo gerente general de CGE declaró que están en conocimiento de que “la infraestructura en Chile no está a la altura de lo que esperan nuestros clientes y familias”.

Alzas en la tarifa eléctrica y descontento social

En junio, el ministro de Energía informó del alza de un 60 por ciento en la tarifa eléctrica que experimentarán los hogares chilenos. Tal aumento se hará efectivo de manera gradual en las cuentas del mes de agosto, octubre y enero próximo. 

La medida se debe a la implementación de la ley de “estabilización tarifaria” que descongela el precio de la luz vigente desde el Estallido Social que empezó en octubre de 2019.  La nueva ley reconoce una enorme deuda acumulada de más de seis mil millones de dólares con las empresas eléctricas por tal congelamiento, la cual será pagada por los hogares a través del alza tarifaria. 

Esto significa que si un hogar promedio en Chile antes pagaba $50 dólares al mes por el consumo de luz, en enero del 2025 llegará a pagar $85 dólares por el mismo consumo.

El gobierno de Gabriel Boric —como los gobiernos anteriores— continuó con la lógica de subsidiar las ganancias de las empresas eléctricas en lugar de plantear reestructuraciones profundas al modelo heredado de Pinochet, como la nacionalización del sector o incluso una regulación más estricta.

Frente a esta alza en el costo de la vida, los sectores más empobrecidos que estén en el Registro Social de Hogares, podrán recibir un monto de dinero mensual hasta el año 2026. La cantidad dependerá del número de integrantes del hogar y de no presentar deudas en la cuenta de electricidad. 

Las protestas sociales surgidas por los cortes de luz también reclamaban el encarecimiento del servicio eléctrico, en un contexto en que, durante todo el periodo de congelamiento de precios (2019-2024), casi todas las empresas distribuidoras de energía presentaron crecimientos significativos en sus ganancias. Como ejemplo, ENEL llegó a aumentar en un 99 por ciento sus utilidades reales entre 2019 y 2023.

Como respuesta a las protestas, el gobierno de Boric optó por la presión política a las empresas eléctricas, a través de la aplicación de sanciones, multas y de la apertura del proceso de cancelación de la concesión de distribución en el caso de ENEL. Además, Boric ha exigido a las empresas distribuidoras someterse a procedimientos de pago de compensaciones a los hogares afectados por los prolongados cortes de luz. 

El ministro de energía declaró el día 22 de agosto que esas compensaciones serán “un mecanismo para amortiguar” el alza tarifaria. Parece que el gobierno de Boric nada más puede hacer que ceñirse a las reglas de juego impuestas en la dictadura. 

Es probable que la sumatoria total de las multas y compensaciones que deberán pagar las empresas distribuidoras en ningún caso se acercarán a las cifras de las utilidades acumuladas por las mismas. Porque, en definitiva, el modelo privatizado del sector eléctrico en Chile se rige bajo el principio básico de que la crisis la paguen los hogares y nunca el capital.